El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso dio este miércoles más detalles sobre su paquete de rebajas fiscales a la vivienda. Ya en febrero adelantó una de sus medidas estrella para aplacar la crisis de acceso a la vivienda que sufre la región: convertir edificios de oficinas y locales comerciales en pisos con alquileres asequibles. Ahora, el Ejecutivo autonómico ha profundizado un poco más sobre otra de sus iniciativas: una deducción de 1.000 euros en el IRPF a los propietarios que alquilen sus viviendas sin uso.
El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, dio este miércoles un detalle nuevo: la deducción podría alcanzar a 20.000 ciudadanos. Sólo podrán beneficiarse aquellos dueños cuyos pisos lleven al menos un año sin estar habitados ni arrendados ni en uso. Eso sí, para acceder a esta ventaja no podrán tener más de cinco propiedades inmobiliarias.
Si cumplen estos requisitos, deberán aceptar que sus viviendas se incorporen al mercado del alquiler con contratos de duración superior a tres años. "El ahorro de esta medida sería superior a los 20 millones de euros", destacó el consejero. Hay que tener en cuenta que cada propietario puede tener una o más propiedades en desuso, por lo que se desconoce de cuántos hogares más estamos hablando.
El paquete de medidas en el que reparó el miércoles García se incluye en un anteproyecto de ley que todavía debe superar varios pasos burocráticos. El texto de la norma pasa esta semana a información pública. En las próximas semanas, el Consejo de Gobierno lo aprobará para que después se inicie su tramitación parlamentaria. Una vez con el visto bueno de la Asamblea, entrará en vigor el día posterior a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Dentro de esta batería de rebajas fiscales también se encuentra la bonificación del impuesto de la renta para los propietarios de viviendas con hipoteca de tipo variable que se hayan visto perjudicados por la subida del euríbor. La rebaja será del 25% sobre la diferencia entre el interés actual y el que se habría pagado si se hubiera mantenido el euríbor de diciembre de 2022, con un límite de 300 euros anuales. La Comunidad estima que esta iniciativa beneficiará a unas 450.000 personas y supondrá un "alivio fiscal" de 90 millones de euros.
Otra de las formas con las que Díaz Ayuso quiere aplacar el asunto de la vivienda es atrayendo a jóvenes inquilinos a los municipios de menos de 2.500 vecinos, ya sea para la compra o para el alquiler. Si un menor de 35 años traslada su residencia a uno de estos pueblos, se le deducirán 1.000 euros si se queda al menos tres años. Si compran una casa, se ahorrarán el 10% del precio de adquisición durante 10 años y por un máximo de 1.546 euros al año.