La Fiscalía Provincial de Madrid solicita que la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, sea inhabilitada durante 12 años para cualquier cargo público por el llamado caso ITV.
Así figura en el escrito de acusación que el Ministerio Público envió a finales del pasado febrero al Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad madrileña y al que ha tenido acceso este periódico.
Tal y como recuerda el documento, en 2011, la sociedad mercantil ITV Móstoles SL, que da nombre al caso, fue adjudicataria de un contrato, por una duración de 30 años, para realizar las inspecciones técnicas de vehículos.
El canon inicial que debía pagar era de 133.000 euros anuales. "Dicha sociedad sólo hizo efectivos los cánones de los años 2011 y 2012; y abonó parcialmente el del año 2013 por vía ejecutiva", recuerda la Fiscalía.
La Dirección General de Gestión Tributaria y Recaudación llegó, incluso, a pedirle un listado de sus bienes para embargados y saldar la deuda de 548.749,42 euros que llegó a acumular por los cánones no pagados.
Ahora bien, la Junta de Gobierno Local, presidido por la socialista Noelia Posse, decidió —a pesar de contar con un informe del secretario y otro del interventor que lo desaconsejaban— anular una parte de la deuda y fraccionar el resto de pagos.
El Ministerio Público relata que la deuda fue reducida en 615.000 euros y el canon bajó hasta sólo 60.000 euros anuales, menos de la mitad de la cifra inicial.
La alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, junto al antiguo interventor del Ayuntamiento.
Por ello, Posse y la mayor parte de miembros de su Ejecutiva acabaron investigados por una juez por los supuestos delitos de malversación y prevaricación. Finalmente, sólo se sentarán en el banquillo por este último.
La Fiscalía también acusa al los siguientes miembros del Gobierno de Posse: David Muñoz (que fue teniente de alcalde y sigue como secretario de Organización del PSOE mostoleño), Rebeca Prieto (antigua concejala de Empleo, del PSOE), Alejandro Martín (actualmente, secretario general del PSOE de Móstoles y fue concejal de Cultura y Seguridad Ciudadana), María Luisa Ruiz (exedil de Urbanismo, PSOE), María Dolores Triviño (antigua concejala de Igualdad, PSOE), Beatriz Benavides (exconcejala de Urbanismo e Igualdad; ya jubilada) y Natividad Gómez (concejala de Educación por Podemos cuando se firmó el contrato).
Se sentará, a su vez, en el banquillo de los acusados la administradora de ITV Móstoles SL. La empresa —relata la Fiscalía— "no sólo se benefició del acuerdo adoptado, habiendo determinado, con su petición al Ayuntamiento de esa misma propuesta, a sabiendas de su ilegalidad, la adopción del mismo".
Asimismo, el escrito de la Fiscalía también se dirige contra el funcionario Francisco Javier Torner, "quien emitió un informe jurídico favorable [a la quita de deuda] cuando carecía de facultades para hacerlo".
La juez instructora encargada del caso ITV llegó a archivarlo al descartar cualquier delito. No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid le obligó a reabrirlo y a mandar a los investigados a juicio, como así ha ocurrido.
Esta causa judicial se inició con una querella presentada por dos exconcejales de Más Madrid-Ganar Móstoles —formación que, entre junio y octubre de 2019, sostuvo el Gobierno local de PSOE y Podemos—, que acusaba a Posse y su equipo de aprobar una quita de deuda de forma "fraudulenta", con el consiguiente "perjuicio para las arcas públicas".
Cese del interventor
Los dos concejales de Ganar Móstoles-Más Madrid también acusaron al Gobierno de Noelia Posse de haber obviado, de forma deliberada, los informes del interventor del ayuntamiento, el encargado de supervisar sus finanzas, quien se opuso de forma contundente a la condonación de la deuda.
Tal fue su oposición que este funcionario acabó remitiendo un informe al Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador que también ha abierto un procedimiento. En él, alertaba de las posibles "responsabilidades en que se pudiera incurrir, tanto de naturaleza administrativa como contable e incluso penal".
[Anulado el cese del interventor de Móstoles que denunció un supuesto caso de corrupción]
El interventor, tras dos décadas en el cargo, fue cesado por el Ayuntamiento el 5 de mayo de 2021 —un día después de las elecciones autonómicas en Madrid; las del 4-M de aquel año— alegando "pérdida de confianza" por su supuesta mala gestión de las cuentas de una empresa pública.
La oposición municipal tachó su destitución de represión por haber denunciado este presunto caso de corrupción. No obstante, la Justicia anuló su destitución.
Según el Código Ético del PSOE, la apertura de juicio oral, a la que aboca este escrito, supondría la expulsión de Posse y los demás miembros del partido. A lo largo de esta investigación, la exalcaldesa manifestó que la querella de Más Madrid era "política", buscaba desgastar su gestión y defendió la quita de deuda para "salvar empleos".