La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert.
Madrid prevé recaudar 500 millones con el impuesto de Patrimonio que le obligó a restaurar Sánchez
El año pasado, Madrid aportó la mayoría de los declarantes: 10.302, con 555 millones de euros abonados. Es decir, nueve de cada diez.
4 abril, 2024 02:20La Campaña de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2023, ha comenzado este miércoles 3 de abril con novedades para los contribuyentes madrileños. Sobre todo para las grandes fortunas que, hasta hace dos años, se habían beneficiado de la bonificación del Impuesto de Patrimonio que existía en la región.
El año pasado, por una decisión unilateral del Gobierno de España, tuvieron que tributar sus fortunas en el llamado Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas (también conocido como impuesto a los 'ricos') cuya recaudación fue directamente a las arcas del Estado.
Ahora, y tras el varapalo judicial recibido por la Comunidad de Madrid al rechazar el Tribunal Constitucional su recurso, la recaudación del mismo se 'quedará' en Madrid, pues esta será la primera campaña de declaración de la Renta en la que la Comunidad cobrará dicho gravamen.
La Comunidad de Madrid ya ha hecho sus cuentas y, basándose en los datos presentados por el Gobierno de España el año pasado, esperan que la recaudación por este impuesto sea de unos 500 millones de euros. Unos cincuenta millones menos que el año anterior.
El equipo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso siempre ha sido contrario a este impuesto. De hecho, Madrid se ha mantenido durante muchos años siendo la única que bonificaba al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio.
Ahora, la consejera de Economía, Rocío Albert, alerta del error y asegura que esperan que la recaudación sea menor, puesto que muchas grandes fortunas habrán tenido tiempo de sacar su patrimonio. Cosa que no habían podido hacer en el anterior ejercicio fiscal.
En declaraciones a los medios, Albert ha añadido que no es sólo la recaudación que se ha perdido respecto a otros años (por el capital que se ha "ido"), sino todos aquellos "capitales que iban a venir y nunca han llegado".
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el Senado. EFE
"Es difícil estimar cuántas personas se van a ver afectadas y cuánto vamos a recaudar porque estamos convencidos de que la gente, los capitales y las empresas han tomado las medias correspondientes para poder decidir donde está su capital", ha añadido.
Lío judicial y pacto PSOE-PP
Para explicar por qué la Comunidad de Madrid está cobrando un tributo que no quiere cobrar hay que retrotraerse unos años atrás cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la creación del impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas.
El gravamen, diseñado por el Ministerio de Hacienda, anulaba las bonificaciones y descuentos de varias comunidades autónomas, como la madrileña, en el impuesto sobre el patrimonio. Para Madrid la decisión era unilateral e invadía competencias autonómicas en materia fiscal, por lo que recurrieron el mismo al Tribunal Constitucional.
El problema fue que, en noviembre de 2023, Tribunal Constitucional rechazaba el recurso planteado por la Comunidad de Madrid contra el Impuesto a las Grandes Fortunas del Gobierno central.
La región se quedaba sin recursos y sólo tenía dos opciones: aceptar la derrota y dejar que el Gobierno recaudara este nuevo impuesto o anular la bonificación del 100% el impuesto sobre el Patrimonio y que lo recaudado se lo quedaran las arcas regionales.
La respuesta no se hizo esperar. Un día después del varapalo judicial, Isabel Díaz Ayuso anunció que la región tramitaba de urgencia una nueva ley que le permitiera recaudar el también conocido como impuesto a los 'ricos'.
¿Cómo? Eliminando de forma parcial la bonificación que aplica Madrid al Impuesto sobre el Patrimonio, de manera que lo que ingresa el Gobierno central por Grandes Fortunas se quede las arcas públicas madrileñas.
"La medida anunciada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se va a articular a través de una modificación de la bonificación actual aplicable al Impuesto sobre el Patrimonio", explicaban fuentes del Gobierno de Madrid.
El secretario general del PSOE-Madrid, Juan Lobato, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid.
Concretamente, se va a "establecer una bonificación variable para que los contribuyentes madrileños afectados por el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas lo satisfagan en el Impuesto sobre el Patrimonio", que sí cobra la Comunidad de Madrid.
La medida fue aceptada, incluso, por la oposición en la Asamblea de Madrid. El grupo parlamentario socialista de la región se unió a Ayuso para que lo recaudado por el citado impuesto se quedará en la región. Un hecho que ahora parece imposible, puesto que no han llegado a un acuerdo ni para quitar la palabra "discapacitado" del Estatuto regional.
Nueve de cada 10
En definitiva, Madrid va a cobrar ese tributo del que está en contra en esta declaración de la renta porque no quiere dar más recaudación al Gobierno central. Hay que recordar que, de los 623 millones de euros por Grandes Fortunas que recaudó el Ministerio de Hacienda este año, 555 millones proceden de 10.302 contribuyentes madrileños.
Madrid es la región que aporta una mayoría absoluta de declarantes: 10.302, con 555 millones de euros abonados. Es decir, nueve de cada diez. Le siguen Andalucía (865 declarantes), con 29,7 millones, y Galicia, con una cuota a pagar de 9,8 millones de euros.
María Jesús Montero y el Estado han perdido esa recaudación, pero también han logrado parte de su objetivo: homogeneizar el Impuesto sobre el Patrimonio, haciendo que las autonomías rebeldes del Partido Popular resuciten este tributo, aunque sea de manera parcial.
