Nuevo capítulo de la guerra entre Sánchez y Ayuso ahora por los menores tutelados: invade sus competencias

La Comunidad de Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez abren, cada día que pasa, un nuevo capítulo en su guerra entre administraciones. La última ha sido la anunciada este mismo martes por el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, al concluir el Consejo de Gobierno.

Este nuevo capítulo está focalizado en la infancia pues, como ha explicado Viciana, se va a presentar un requerimiento contra el Gobierno central por invadir las competencias de menores tutelados que corresponden a la Comunidad de Madrid.

Según ha explicado el consejero, la Abogacía General del Estado les ha trasladado que el contrato de asistencia técnica para el diseño de un servicio estable de captación, sensibilización y formación para familias interesadas en el acogimiento de niños "vulnera la competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid".

Dicho contrato se formalizó en octubre tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y fue adjudicado unas semanas más tardes por la entonces ministra en funciones, Ione Belarra. 

El consejero ha explicado que este proyecto vulnera la competencia de ámbitos como la "protección y tutela de los menores" pese a estar prevista en Estatuto de Autonomía, encuadrado en la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad.

"El 14 de noviembre enviamos una carta al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en la que manifestábamos nuestra oposición a la creación de este servicio por la invasión de competencias y por no haberse convocado una reunión con las comunidades autónomas para determinar el alcance del contrato", ha explicado. 

Así las cosas, se trata de un requerimiento previo para que desistan del contrato y de no ser así, Madrid ya se plantea acudir a la vía judicial a través del Tribunal Constitucional en la Comunidad de Madrid.

El consejero ha recordado que actualmente hay 4.000 menores con alguna medida de protección. "A partir del año 2024, el gobierno regional aumentará en más de un 30%, las ayudas mensuales que reciben las familias acogedoras por niño", ha finalizado.

El objeto del contrato

La memoria justificativa de esta licitación explicaba que los objetivos del contrato eran "aumentar el conocimiento disponible sobre el acogimiento familiar de cara a mejorar las políticas públicas" y "diseñar un servicio búsqueda, captación, sensibilización y fidelización de potenciales familias acogedoras".

Su ámbito de actuación era, exclusivamente, la Comunidad de Madrid, por lo que desde la región se entiende dicha invasión de competencias. 

Del mismo modo, el Ministerio de Derechos Sociales justificaba en octubre la necesidad de realizar una licitación pública porque "los trabajos descritos de investigación previa y diseño, necesarios para la creación del indicado servicio estatal de búsqueda, captación, sensibilización y fidelización de potenciales familias acogedora, recaerían necesariamente en la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia". 

Algo que desde la Comunidad niegan, pues consideran que es su competencia y no la del ministerio. Así, afirman que es necesario formalizar en contrato porque ellos, desde dicha dirección, no cuentan "con los recursos técnicos y humanos necesarios para llevarlas a cabo con la calidad y el cumplimiento de plazos que requieren".

Además, en la Plataforma de contrataciones del Estado queda constancia de que dicho contrato ya ha sido adjudicado por una partida de 69.940,68 Euros.

Sorprendentemente, en la memoria de justificación que el Ministerio de Belarra puso en marcha para adjudicar dicho proyecto, se habla de ayudar a comunidades autónomas, no de invadir sus competencias. 

Se argumenta que "dentro programa del Fondo Social Europeo", en el tramo estatal de la concentración temática de Garantía Infantil, se ha incluido una medida con la que la Administración General del Estado quiere apoyar a las comunidades para acabar de consolidar el acogimiento familiar. 

Y ese programa es, precisamente, el que Ayuso denuncia como invasión de competencias: "un servicio estatal de búsqueda, captación, sensibilización y fidelización de potenciales familias acogedoras que, estando activo el total del periodo del FSE+, sea capaz de derivar familias dispuestas a acoger a los entes de protección de las CCAA".