Periódicamente, el concepto de "guerra del agua" vuelve a la actualidad política nacional relacionada, en la mayoría de los casos, con el trasvase Tajo-Segura. Una de las obras hidráulicas de ingeniería civil más importantes de España.
Castilla-La Mancha y Murcia suelen interpretar los papeles principales en este enfrentamiento al que, en esta ocasión, se le ha unido la Comunidad de Madrid.
Y es que, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que llevará al Tribunal Supremo el Plan Hidrológico del Tajo 2023-2027 por considerar que "boicotea el sistema de abastecimiento de agua".
El recurso de la Comunidad de Madrid se suma a los presentados por la Región de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, ayuntamientos, y comunidades de regantes; por lo que se prevé como gran desafío para el Supremo.
Como ya adelantó la presidenta regional, el grueso de la demanda que ahora van a interponer ante el Tribunal Supremo se basa en los problemas de abastecimiento que puede ocasionar que el Canal Isabel II tenga que pedir autorizaciones para realizar determinados trasvases entre embalses.
Según ha concretado este mismo martes el consejero de Medio Ambiente y presidente del Canal, Carlos Novillo, la Comunidad no pide echar para atrás todo el texto, sino la nulidad de los apartados relacionados con los caudales ecológicos, la realización de movilizaciones de agua entre embalses y los vertidos de aguas residuales.
Sus argumentos han sido rechazados de lleno tanto por la directora de la cátedra del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha como por diferentes asociaciones ecologistas que acusan a Ayuso de querer gestionar un área en el que no tiene competencias como es el agua.
Razones de Madrid
Madrid argumenta la necesidad de seguir controlando sus caudales y trasvases entre cuencas con el pretexto de la irregularidad climática de la región. Aseguran que para poder garantizar la disponibilidad de agua siempre (para más de 6,5 millones de personas en 8.000 kilómetros cuadrados) en los 13 embalses de Canal, se unen captaciones y trasvases desde las cuencas del Alberche, Sorbe y Tajo.
Y es precisamente ahí, en el sistema Alberche, donde están los grandes problemas. A través de un trasvase del Alberche el Canal de Isabel II puede aportar a su sistema hasta 220 hectómetros cúbicos anuales de agua, lo que supone casi un 34,34% de la demanda anual en la región.
¿Cuál es el problema? Que el nuevo Plan Hidrológico del Tajo establece una autorización previa para realizar este trasvase sometida a unos requisitos y condiciones "que la propia norma no aclara". Y es ahí donde el equipo de Ayuso habla de la arbitrariedad del Gobierno nacional y de la posibilidad de querer dejar morir "de sed" a Madrid.
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El Plan Hidrográfico del Tajo ha estado muy influido por la Agenda 2030 y una de sus grandes apuestas es reforzar los llamados caudales ecológicos. Pero, según Madrid, estos argumentos no están bien definidos y no entienden del carácter estacional de los mismos.
Y es que, en el Plan del Gobierno de Sánchez se exige unos desembalses obligatorios permanentes de caudales ecológicos, modulados por trimestres. Esto, a su parecer, puede afectar a los caudales en situaciones de sequía.
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En este mismo objetivo de mejorar las condiciones medioambientales del Tajo, el Plan cambia los objetivos medioambientales de masas de agua para mejorar la calidad del agua. Madrid dice no poder adaptarse tan rápidamente a los nuevos requisitos que, además, son más difíciles de cumplir para la región por no contar con grandes ríos receptores de aguas depuradas.
Aunque en Europa se adaptan los requisitos a las singularidades de regiones como la madrileña, el Plan del Tajo no da pie a estas opciones y equipara los requisitos ambientales para los pequeños caudales de Madrid a los de cualquier otro de la cuenca.
Castilla-La Mancha
Las intenciones del Ejecutivo de Ayuso han encontrado simpatizantes en el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha. Estos se han mostrado de acuerdo pese a que esta postura podría 'perjudicar' a un gobierno del PP, el de Murcia.
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Ha sido el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, quien ha asegurado que la postura de Isabel Díaz Ayuso es "razonable" porque defiende el "agua del Tajo para sus habitantes", una posición que comparte el Ejecutivo castellanomanchego.
"Es razonable que Madrid defienda el agua del Tajo para sus habitantes. Nosotros lo compartimos y defendemos; tiene que haber agua del Tajo para la Comunidad de Madrid, por supuesto para Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal", ha señalado Caballero.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en julio de 2022.
"A priori, nos parece bien que se plantee ese recurso", ha reconocido. Añadiendo que el objetivo que persiguen los socialistas de Castilla-La Mancha es que "se aminore el agua que se va por el trasvase Tajo-Segura para Levante".
Andalucía, Murcia y Valencia
Desde la Comunidad de Madrid en ningún momento han querido hablar de hacer un movimiento contra Murcia. De hecho, al Gobierno de López Miras tampoco le gusta el Plan Hidrológico de El Tajo que tiene recurrido, como la Comunidad Valenciana y Andalucía, ante el Supremo por reducir el trasvase Tajo-Segura.
Esos sí, las razones que cada región ha usado para posicionarse en contra del Plan son bien dispares.
Valencianos, murcianos y andaluces recurren el aumento de los caudales ecológicos porque harán prácticamente inviable el trasvase Tajo-Segura.
Madrid, por el contrario, no recurre este incremento de caudales ecológicos, sino la autorización administrativa previa de la Confederación Hidrográfica del Tajo a los trasvases de agua entre embalses de diferentes sistemas de explotación de la demarcación y el relativo a los vertidos de aguas residuales.
¿Se queja del tema de los caudales? Sí, pero no por sus connotaciones en el trasvase, sino por su configuración a nivel medioambiental de flora y fauna. Afirmando lo difícil de conjugar las exigencias con las variaciones climatológicas.
En contra de Madrid
Pero no hay tanta simpatía en todos los frentes. La cátedra del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha y varias asociaciones ecologistas acusan a Ayuso de querer gestionar un área en el que no tiene competencias como es el agua.
En una carta remitida por los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, GRAMA, Liberum Natura y Jarama Vivo, acusa a Ayuso de no tener "ningún fundamento jurídico ni técnico" para presentar este recurso.
Aseguran que el Plan Hidrológico no pone en riesgo el agua de Madrid "ni supone ningún boicoteo al sistema de abastecimiento".
"La demanda urbana de las poblaciones abastecidas por el Canal de Isabel II está situada en 510,3 hm3/año, mientras que las presas gestionadas por del Canal de Isabel II tienen un volumen de embalsamiento de 943,6 hm3/año", cifran.
Del mismo modo, aseguran que el Plan Hidrológico no pone trabas a los trasvases para el abastecimiento. El artículo 20.3 del Real Decreto 35/2023 por el que se aprueba el Plan Hidrológico establece una serie de procedimientos por los cuales los titulares de un trasvase (en este caso el Canal de Isabel II en el caso del trasvase Picadas-Valmayor) tiene que proceder ante el órgano competente de la gestión del Dominio Público Hidráulico (en este caso la Confederación Hidrográfica del Tajo).
"Este trámite administrativo es común a todos los titulares de estos derechos y no únicamente aplicable al Canal de Isabel II. Por otro lado, supone un trámite lógico y normal que un titular de un derecho de aprovechamiento tenga que solicitar autorización al órgano designado por la ley para la gestión del Dominio Público Hidráulico", confirman.
Es en este punto cuando las agrupaciones ecologistas recuerdan a la Comunidad de Madrid que "no tiene ninguna potestad en cuanto a la planificación de las cuencas hidrográficas de su territorio". "Es una atribución que corresponde al Estado según la ley de Aguas", finalizan.
Desde la Cátedra del Tajo siguen esa misma línea y recuerdan que el documento da prioridad "absoluta" al consumo humano, por lo que no está en peligro el agua destinada a los madrileños.