El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este viernes dos proposiciones de ley para modificar las dos leyes de género de la Comunidad de Madrid: la Trans y la LGTBI. Además de dotar de una mayor "seguridad jurídica" a la legislación, el objetivo de Isabel Díaz Ayuso es eliminar la inversión de la carga de la prueba. 

Los populares han registrado en la Asamblea de Madrid una proposición de ley con la que busca modificar quince textos legislativos en la Comunidad, entre ellas la Ley del Suelo, la Ley de Cámara de Cuentas o la de Radio Televisión Madrid, además de los procedimientos de urgencia para modificar las llamadas leyes de género. 

Tal y como adelantó Madrid Total, el Gobierno de Ayuso consideraba que la inversión de la carga de la prueba era el aspecto clave a eliminar al tacharlo de inconstitucional.

Durante la pasada legislatura, Vox presionó al PP para que acabara directamente con las dos normas, pero el Ejecutivo madrileño se negó, a la espera de poder presentar estas modificaciones. Y así lo ha hecho este viernes.

¿Qué es lo que Ayuso denominó la inversión de la carga de la prueba? Consiste en la posibilidad que tiene una persona trans de argumentar que se ha sentido discriminado sin aportar pruebas, teniendo que ser el demandado quien esté obligado a probar que se ha cumplido la ley y que no ha existido tal discriminación.

Esto quiere decir que la víctima no debe probar que ha habido un acto de discriminación. Todo lo contrario, corresponde a la parte demandada (el presunto agente discriminador) demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.

Contra las doctrinas "de género"

Entre otros, según el texto registrado por el Grupo Popular, las modificaciones buscan "corregir algunos aspectos, ya fueran de buena fe o movidos por el afán de imponer ciertas doctrinas conocidas como 'de género', que acababan conculcando derechos como la libertad de expresión y de prensa, y la libertad de cátedra y educativa de los artículos 20 y 27 de la Constitución Española, o la presunción de inocencia del artículo 24".

En detalle, alude a la inversión de la carga de la prueba, así como la discriminación por error, que es una variante de facto de la falta de presunción de inocencia y contraria al espíritu y la letra de nuestras leyes. "Además de la muy dudosa constitucionalidad del concepto de 'autodeterminación de género', ajeno a la ciencia y al Derecho, y cuya introducción va en detrimento de la seguridad jurídica de cada uno de los propios afectados, así como de la sociedad entera", indica el texto sobre la normativa LGTBI.

Los otros cambios

Según informa Europa Press, los otros cambios que quieren introducir los populares afectan a normativas como la Ley de Gobierno y Administración, la Ley de Cámara de Cuentas, la Ley de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, la Ley de supresión del Consejo Consultivo, la Ley de Radio Televisión Madrid, la Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Igualmente, modifica la Ley de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, la Ley de Medidas Urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad, la Ley de Cooperativas, la Ley de creación del sistema integrado de Protección Civil y Emergencias, la Ley del Suelo, la de Protección de los Consumidores, Forestal o de Protección de la Naturaleza, Vías Pecuarias.

Asimismo, se añade una disposición adicional para mantener la cobertura de puestos de libre designación en la Comunidad de Madrid y controlar el traslado de funcionarios hacia otras administraciones. Se exigirá así, al igual que en el Estado, un informe previo favorable del departamento correspondiente para autorizar el destino por libre designación en otra administración.