Ayuso cede ante Vox y elimina los informes de impacto de género en los planes urbanísticos

La crisis que distanció al Partido Popular de Madrid y a Vox por la gestión de las residencias de ancianos ha durado poco. Este mismo viernes, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el grupo parlamentario capitaneado por Rocío Monasterio han llegado a un acuerdo para sacar adelante la ley Ómnibus. 

Monasterio ha presumido este viernes de que ha conseguido que Ayuso ceda y elimine la exigencia de informes de género y LGTBI en la tramitación de instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico.

Según Vox, esto permitirá agilizar la tramitación de la calificación urbanística de los suelos. Pero además, implica una marcha atrás de Ayuso en su ley LGTBI, cuyas implicaciones afectaban a todos los contratos ejecutados desde la Puerta del Sol, como son los urbanísticos, argumenta el partido de Abascal. 

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La ley Ómnibus es uno de los proyectos más ambiciosos que han pactado Vox y el PP durante esta legislatura junto con los Presupuestos Generales de la región que, si todo se desarrolla según lo previsto, se aprobarán en Consejo de Gobierno el próximo miércoles.

Según ha informado la agrupación de Rocío Monasterio, durante la negociación de la futura ley, Vox "ha logrado la agilización de las tramitaciones con las nuevas atribuciones de los Planes Especiales, agilización de los avances de planeamiento urbanístico, la agilización de la modificación de los PGOU (Planes Generales de Ordenación Urbanística) y las transferencias de aprovechamiento en suelo urbano".

La ley Ómnibus

La ley Ómnibus es una ambiciosa reforma legal del Ejecutivo autonómico que actúa sobre 50 textos normativos, entre ellos 31 leyes, tres decretos legislativos, seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos. En este cómputo se incluye la derogación total o parcial sobre cuatro leyes y otros cuatro decretos.

Los objetivos de las reformas de la Ley Ómnibus son impulsar la actividad económica en la región, adaptar el cuerpo normativo actual a las nuevas realidades sociales y económicas, eliminar cargas innecesarias y modernizar la organización administrativa. Para su tramitación, se ha optado por la vía de urgencia, con el fin de dar una respuesta inmediata a las necesidades de la sociedad y de la economía madrileña.