La Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha pedido al Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM) no hacer ningún pago por la liquidación económica del contrato a la filial de OHL -Cemonasa- encargada de la construcción del tren de Cercanías Móstoles-Navalcarnero hasta que se dirima si su adjudicación fue "legal o no" y se resuelva si se pagaron sobornos al expresidente Ignacio González. La causa está siendo investigada por la Audiencia Nacional en la pieza 3 del caso Lezo.

Así lo ha explicado el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de Madrid, Ángel Garrido, en los pasillos de la Asamblea de Madrid, tal y como adelantó El Mundo. En este sentido, entiende que esta acción busca "defender el patrimonio de todos los madrileños" y paralizar todos los pagos hasta que se resuelva ese caso. "Si fue una adjudicación ilegal no deberíamos pagar los madrileños las culpas de un proceso en el que se partió de algo ilegal", ha recalcado.

355 millones de euros

La Comunidad y OHL mantienen un contencioso por la paralización de los trabajos de construcción en 2010, que, actualmente solo tiene pendiente la petición de OHL de la liquidación económica del contrato por el que pide 353 millones de euros.

La petición ante el TSJM está en consonancia con la que la Abogacía ya ha realizado en el procedimiento penal por este asunto donde ha solicitado la confiscación de las cantidades que la Administración tuviera que abonar a OHL por el tren de Navalcarnero, al entender que se basa en un contrato previamente delictivo. "Con estas nuevas decisiones, la Consejería busca defender de la manera más plena posible los intereses de la Comunidad de Madrid como víctima de los presuntos cometidos por la trama Lezo", han indicado desde Transportes.