El paripé de Ayuso y el miedo de Vox al efecto Olona: todo para el PP a cambio de la Ley Trans
Pese a que se ha aprobado la toma en consideración de la derogación de la norma regional, los tiempos no 'dan' y seguirá vigente en elecciones.
3 marzo, 2023 02:16Una joven canaria de 20 años, Lucía, se ha convertido este jueves, 2 de marzo, en la primera persona en cambiar de sexo en el Registro Civil de Madrid gracias a la Ley Trans de Irene Montero.
Mientras que Lucía tardaba "menos de cinco minutos" en hacer el trámite, al otro lado de la capital, en la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Comunidad, Isabel Ayuso cedía ante Vox y aprobaba la toma en consideración de la derogación de la Ley Trans regional aprobada, precisamente, en el mandato de su compañera de partido Cristina Cifuentes.
La decisión parecía escandalosa, y más después de que Ayuso había asegurado ante la portavoz de Vox que ella no cambiaba "derechos por presupuestos". Pero, en verdad, no era más que un paripé.
Y es que, tal y como han confirmado fuentes populares de la Comunidad de Madrid, dar el "ok" en la Asamblea a la toma en consideración no se va a traducir en nada firme. Cuando lleguen las elecciones la ley autonómica seguirá vigente y nada habrá cambiado aunque Ayuso lo asume, según explicaron desde su grupo, como una promesa electoral.
La trama se explica así: Ayuso y los suyos han cedido en la Asamblea para tramitar la toma en consideración de la derogación de la Ley Trans regional (aprobada por el PSOE, Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP) y, aunque sea por procedimiento de urgencia, el plazo para presentar enmiendas (parciales y totales) acaba el 23 de marzo. Ese es, precisamente, el último pleno de esta legislatura.
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Es decir, que el acuerdo decaerá con la disolución de la Asamblea Regional y la campaña electoral se celebrará con la Ley Trans de Cristina Cifuentes en activo conviviendo con la de Irene Montero.
Ahora bien, el paripé no ha quedado en nada. Con este movimiento y el "sí" de Ayuso, Rocío Monasterio consigue una victoria 'moral' ante sus votantes en un momento en el que el partido está visibilizando cierto "nerviosismo", según el resto de partidos políticos, no muy seguros de sus encuestas.
Efecto Olona
Todo parece indicar que en Vox Madrid hay un miedo real a que el conocido como efecto Olona (Vox se desinfló en Andalucía cuando ningún sondeo lo pronosticaba) se repita en aquí tanto en la región como en el Ayuntamiento de la capital.
Es por eso por lo que tanto Rocío Monasterio como Ortega Smith, en el Consistorio, están empezando a cambiar su "no" a todo y empezando a pactar algunas medidas con el Partido Popular que les permita visibilizarse más en la toma de decisiones de ambos gobierno en minoría.
Un ejemplo de paripé parecido al de la Ley Trans, que finalmente quedará en nada, también se ha dado en el Ayuntamiento. En este caso ha sido con las nuevas normas urbanísticas que tienen paralizados en Madrid los pisos turísticos o las llamadas cocinas fantasmas, entre otros desarrollos.
El Gobierno del PP-C's ha estado intentando negociarlas con Vox durante meses, pero no han conseguido ni sentarse para hablar sobre ello.
Sin embargo, esta semana, cuando finalmente lo han hecho, se ha convertido en un espectáculo televisado. Era el primer encuentro entre Smith y Almeida en 14 meses y lo primero que hizo el portavoz de Vox fue negarse a sentarse con el encargado de Urbanismo del Consistorio por ser de Ciudadanos. Paripé para acabar insinuando que hay mejor sintonía con el alcalde, que están condenados a entenderse, sobre todo si en las próximas elecciones Almeida no saca mayoría.
El movimiento de Ortega ha servido, al menos en lo mediático, para poner las cartas sobre la mesa al alcalde y ponerle contra la espada y la pared. O lo que es lo mismo: "Con Vox o gana la izquierda".
Lo que es cierto es que, según parece, al final los de Santiago Abascal tendrán que pactar las normas urbanísticas sin apenas cambios porque el procedimiento obliga, ya que cualquier modificación sustancial obligaría a volver a dos años de información pública, alegaciones, vuelta a la información pública... como recordaba el propio delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes.
"Pueden salir adelante", afirmaban esta semana fuentes de ambos partidos dejando caer que el acuerdo es más cuestión de imagen que de letra. La estrategia, en este caso, se repite: presión mediática y al final, ceder y votar que sí a las leyes tanto de Ayuso como de Almeida.
Bien es cierto que en una jornada como la de este jueves en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio tenía difícil decir que no a las leyes propuestas por Ayuso. Uno de los puntos que exigían eran las ayudas a la maternidad, deducciones fiscales y propuestas para incentivar los nacimientos a los que Vox, por "coherencia" política, como le ha recordado la presidenta, no puede negarse.
¿Cómo va a cambiar?
El paripé de este jueves en la Asamblea aprobando una derogación que no va a llegar a tramitarse no es tampoco un éxito para el colectivo Trans. Puesto que Isabel Díaz Ayuso sí ha reconocido que está bien "abrir el debate".
"Siempre he defendido que esta ley se tiene que reformar y que, desde luego, en cuanto se aprobara una ley nacional deberíamos estudiar cómo paliar los efectos negativos de la misma", ha asegurado la dirigente madrileña durante su intervención.
Así, ha confirmado que el PP modificará o eliminará la ley por una más "sensata" en la siguiente legislatura, pero sin comprometerse en el cómo. "También le digo que las leyes las sostienen los parlamentos, no los gobiernos, por tanto, no sé qué ha hecho durante todo este tiempo", ha apuntado.
¿Esto qué quiere decir? Todo parece indicar que Ayuso usará una estrategia similar a la que ha llevado a cabo con la Ley Celaá y la que prepara para la de vivienda. Aunque aplicará las normativas estatales (tienen más poder que las regionales) buscará los resquicios legales para imponer su ideología.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha insistido muchas veces en sus peticiones para la ley Trans (derogarla completamente) pero se tendrá que conformar sólo con los cambios que no choquen con la norma de Irene Montero.
En este sentido, Vox reitera que el hecho de que los populares apoyen la tramitación de esta normativa sirve para entender "dónde está el PP" y conocer si "son coherentes con respecto a lo que dicen en el Congreso".
"Esto sirve para decir que nos importan los niños, los menores, que nos importa que se les adoctrine y se les hormone, la corrupción moral con nuestros niños. Para eso sirve derogarla y el PP tiene que decidir de qué lado está, si del de Pedro Sánchez (presidente del Gobierno) e Irene Montero (ministra de Igualdad) o del de los niños", ha zanjado la portavoz de Vox.
Recorte de derechos
Quede el acto en una promesa vacía (o no), lo que la izquierda tiene claro es que el gesto de iniciar la derogación es un paso atrás en los derechos del colectivo "por primera vez en la historia de la democracia".
Eduardo Rubiño, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, lamenta que el PP se ha "entregado" a competir con Vox "traficando con los derechos de las personas LGTBI por el camino".
Al diputado le consta que existe un malestar en un sector del PP madrileño porque no están a favor de atentar contra las libertades del colectivo LGTBI. "No pueden estar cómodos con que se realice el primer recorte en derechos LGTBI de la historia de la democracia en España".
La ley autonómica Trans es complementaria a la estatal, regulan cosas completamente diferentes, asegurando que los derechos de las personas Trans estén protegidos tanto estatalmente como en la Comunidad.
Para clarificar las diferencias entre la ley estatal y la regional, el diputado de Más Madrid pone algunos ejemplos. Mientras que la estatal regula cuestiones como el DNI; la regional lo hace con temas como "la documentación del sistema sanitario, las universidades...".
Uno de esos puntos polémicos con los que ataca Monasterio a Ayuso y son competencia de la ley autonómica es la hormonación. En la actualidad, y amparados por la ley madrileña, las personas que voluntariamente quieran someterse a un proceso hormonal pueden hacerlo en la sanidad pública. "La ley Trans nacional sólo deja de exigir la hormonación como una necesidad para el cambio del DNI", recuerda.