El inviable e insolidario concierto económico catalán

Como Cataluña supone un 20% del PIB, de la actividad económica de España, esto acabaría afectándonos a todos.

Este acuerdo tiene dos pilares: el primero, que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude todos los impuestos soportados o generados en Cataluña. El segundo, que la Generalitat, con esos recursos, pagaría el coste de los servicios prestados por la Administración del Estado en Cataluña, así como una contribución a la solidaridad, que estaría limitada por el principio de ordinalidad.

Se trata de una propuesta que no es viable jurídica ni económicamente. Quizá en un primer momento no hubiese unas consecuencias económicas inasumibles. Sin embargo, con este planteamiento se le da la "llave de la caja" a una Administración que no se comportó, precisamente, con la máxima lealtad institucional en lo peor del "procés per la Independència".

A medio plazo todos estos cambios supondrían dinamitar el actual sistema de financiación autonómica, que, aunque tenga muchos defectos, supone la garantía financiera básica de los servicios públicos fundamentales de sanidad, educación y servicios sociales en todo el territorio español.

Para que este acuerdo se materialice hacen falta varias cosas. La primera de ellas es modificar la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA (LOFCA), la ley de cesión de tributos a las Comunidades Autónomas y la propia ley de cesión de tributos a Cataluña, que son todas ellas estatales. Esto lo reconoce el propio acuerdo de investidura.

No obstante, también el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña señala que la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los impuestos estatales no cedidos totalmente a la Generalitat corresponde a la Agencia Tributaria del Estado.

Todos los cambios acordados por el PSC y ERC suponen dinamitar el actual sistema de financiación autonómica, que garantiza los servicios públicos fundamentales

Probablemente, hará falta tambien modificar el Estatuto de Autonomía, ya que no se ha querido optar por la vía del consorcio que establecía el propio Estatuto. No sé si hay una mayoría absoluta en las Cortes Generales para acometer la reforma de la LOFCA, pero me parece aún más complicado que haya una mayoría de dos tercios en el Parlament para iniciar la modificación del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Aunque se modificase todo esto hay varios problemas de constitucionalidad. El más evidente es que la potestad originaria tributaria corresponde al Estado de acuerdo con el artículo 134.1 de la Constitución.

Es cierto que las CCAA (y las entidades locales) también pueden establecer y exigir impuestos de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y las Leyes (art. 134.2 de la Constitución). Sin embargo, si el acuerdo se llevase a efecto, el Estado se vería privado de establecer y exigir ningún impuesto en Cataluña. Es decir, en una quinta parte de la economía española.

Además, la coordinación entre la Hacienda Estatal y la autonómica se vería gravemente dificultada. Y por supuesto, la solidaridad, inevitablemente, también. Todos ellos son principios constitucionales, que se pueden excepcionar, como de hecho ocurre con el País Vasco y Navarra, pero mediante una disposición constitucional (en el caso de los territorios forales es la Disposición Adicional 1ª), que ahora simplemente no existiría.

Aquí, además, hay un problema de orden práctico: la Agencia Tributaria de Cataluña no está preparada para gestionar los impuestos estatales. Esto pretende solventarlo el acuerdo de investidura señalando que "la asunción de estas competencias "requerirá el traspaso de los medios humanos, materiales económicos, y tecnológicos". Esto supone la fragmentación de la Agencia Tributaria y la ruptura de la unidad de las bases de datos.

Las implicaciones prácticas de este hecho son peor coordinación, aumento de costes, aumento del fraude fiscal, y mayores cargas formales indirectas para los contribuyentes, además de que determinados servicios se harán más complicados o serán directamente inviables.

Por ejemplo, recibir, como hasta ahora los datos fiscales para elaborar el IRPF será más lento, les supondrá más declaraciones informativas a las empresas (una por cada Administración donde operen) y alguna información llegará más tarde o se perderá.

Todo esto encarece el sistema y mucho. El modelo propuesto por ERC es copiar el modelo alemán, donde los Estados Federados (Lander) recaudan la mayor parte de los tributos, y luego liquidan con la Administración Federal.

El modelo propuesto por ERC es una copia del modelo alemán, donde los Estados Federados recaudan los tributos y luego liquidan a la Administración Federal

Todo eso en un país con menos fraude fiscal y más cumplidor que España no es precisamente barato. Según datos de la OCDE de 2021, el coste de la Agencia Tributaria del Estado en España era de 0,5 euros por cada 100 euros de impuestos recaudados. Según esta misma fuente, el coste en Alemania fue un 260% superior al coste español: 1,3 euros por cada 100 recaudados.

Copiar el sistema alemán es copiar también los costes y el fraude inherente a un sistema fragmentado, impuesto por las potencias ocupantes después de que Alemania perdiese la Segunda Guerra Mundial.

Aunque esto se denomine "concierto económico solidario", esto no se hace para mejorar o intensificar la solidaridad, sino todo lo contrario. Este problema se limita con el principio de ordinalidad, que suena bastante razonable. Es decir, que una Comunidad Autónoma se quede en peor posición por la solidaridad.

En la práctica, si esto se aplicase, algunas CCAA se verían especialmente perjudicadas como, por ejemplo, Asturias, simplemente por tener población envejecida y haber tenido minas en el pasado. Eso significa que su posición en renta per cápita es superior a su posición en actividad económica (PIB) por persona.

Esta mejora se debe, en parte al sistema de financiación, pero sus costes de sanidad, por ejemplo, son más elevados. Pero, con todo, esto podría discutirse. Lo que no es razonable es que sólo se aplique para limitar la solidaridad en Cataluña. Es decir, exclusivamente para que la Generalitat tenga más dinero, y sin que las demás CCAA tengan nada que decir. El hecho de que todo esto se lleve a cabo por un acuerdo de investidura hace que se califique por sí mismo.

Por último, este acuerdo de investidura entre el PSC y ERC tiene un complejísimo encaje jurídico. Además, no es económicamente viable. Ni por el aumento del coste de recaudación y creación de ineficiencias ni porque favorecería el aumento del fraude fiscal.

Pero, sin tener en cuenta todo esto, el sistema de financiación autonómico es un juego de suma cero: más dinero para la Generalitat supondría menos y peores servicios públicos en el resto de los territorios y también, más problemas con el déficit, porque la Generalitat quiere ese dinero para gastárselo.

Todo esto tiene poco de progresista y de solidario. Es tan evidente que no necesita mayores explicaciones. No es un buen comienzo para abordar los problemas sociales, políticos y económicos a los que tendrá que enfrentarse el nuevo gobierno de la Generalitat.

*** Francisco de la Torre Díaz. Inspector de Hacienda, exdiputado de Ciudadanos en el Congreso.