El Manifiesto hecho público esta semana por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y el discurso de su presidente, Gerardo Cuerva, ante su Asamblea General constituyen el mayor aldabonazo en defensa de la libertad pronunciado en España desde hace mucho tiempo.
Ambas manifestaciones trascienden la coyuntura y se convierten en una denuncia moral de la acción de un gobierno cuya política está dinamitando los dos pilares institucionales sobre los que se sustenta una sociedad abierta: la democracia liberal y el capitalismo de libre empresa.
Cepyme ha puesto de relieve con un coraje admirable algo evidente: el desarrollo por el Gabinete social comunista de un proyecto cuyo fin es someter la economía española a un control creciente por parte del Estado.
Cepyme ha puesto de relieve con coraje que el Gobierno quiere someter a la economía a un control creciente por parte del Estado
Para ello, ya no hace falta nacionalizar los medios de producción al estilo del viejo colectivismo carnívoro. Basta emplear los métodos del vegetariano: intervenir y regular cada vez más los mercados, asfixiar a las compañías y a los individuos con una burocracia creciente y una fiscalidad voraz, sustituir la libertad de negociación entre las partes por ucases gubernamentales, vaciar de contenido los derechos de propiedad.
Este proceso de gradualismo colectivista permite conseguir el objetivo deseado: reducir a la nada la libertad económica, sin despertar la resistencia frontal que generaría una actuación social-comunista tradicional.
Para alcanzar esa meta, es básico diabolizar la figura del empresario y criminalizarla. Para ello es básico quebrar su “presunción de inocencia” con el fin de situar a los empresarios a la defensiva y obligarles a aceptar como mal menor cualquier iniciativa gubernamental con un mensaje subliminal: es la única manera de sobrevivir. Este ha sido, es y será el discurso y la táctica gubernamentales.
A eso, a lo que Cuerva y Cepyme han dicho con un admirable coraje cívico:¡Basta ya! Se acabó ceder ante el chantaje planteado por el Gabinete social-comunista cuya intención es atemorizar a las empresas y a sus propietarios con la intención de convertirlos en auxiliares de su experimento colectivista.
Y, por cierto, este se parece mucho más al del fascismo y el nazismo que al del comunismo. Se mantiene formalmente la propiedad privada de los medios de producción pero se la pone al servicio de los intereses y planes del Gobierno.
La Asamblea de Cepyme, la organización representativa de la inmensa mayoría del tejido empresarial español, ha mostrado la negativa de las pymes españolas a aceptar impasibles su aniquilación o, para usar un término agradable para algunos miembros del Gabinete, su proletarización.
No son los sospechosos habituales y favoritos de la propaganda gubernamental, el gran capital, quienes han levantado su voz, sino los millones de pequeños empresarios; lease, el principal motor y fuente de creación de riqueza y empleo en España. Los hijos menores de Atlas se han rebelado frente a quienes no sólo les esquilman sino además se permiten el lujo de insultarles; esto es, la actual élite extractiva sentada en el banco azul del Congreso.
Ellos son los explotadores y no el autónomo, el tendero de la esquina, el panadero etc. Las personas que cada día, asumiendo riesgos, con esfuerzo e inteligencia hacen funcionar España y satisfacer las demandas y necesidades de sus habitantes.
Los hijos menores de Atlas se han rebelado frente a quienes no sólo les esquilman sino además se permiten el lujo de insultarles
Estos son los héroes que hacen aún posible la prosperidad en esta vieja Piel de Toro a pesar de la hostilidad ideológica, plasmada en la retórica y en la práctica, de un Gobierno para el que la aversión a la libertad de empresa es sólo una expresión más de su alergia a la libertad individual. Ambas son la cara y la cruz de una misma moneda y, sin su conjunción, una sociedad libre no tiene futuro.
El proyecto de eutanasia empresarial controlada puesto en marcha por este Gobierno tiene una lógica no sólo de control de la actividad económica, sino social. Los millones de pequeños empresarios y autónomos existentes en España son el último y más fuerte reducto de la sociedad civil; es decir, de la independencia del individuo frente al poder invasor del Gobierno y del Estado.
De ahí, la imperiosa necesidad de debilitarlos y convertirlos en entes de facto para-gubernamentales porque, aunque sean muchos, aislados y solos son débiles. Por eso, el Gabinete social comunista ha reaccionado con extraordinaria virulencia contra el Manifiesto de Cepyme y el potente discurso de Cuerva. Y, también por eso, ha promovido y promueve la aparición de organizaciones fantasmas para erosionar a Cepyme.
En los anales de la historia reciente de España, el Manifiesto de Cepyme y el discurso de su presidente sí constituyen un ejemplo de “responsabilidad social” y no el significado colectivista asignado por muchos a ese término.
El Manifiesto de Cepyme constituye un ejemplo de "responsabilidad social"
Los empresarios han hecho llegar a la sociedad española los riesgos que se ciernen sobre la libertad en España. Han reivindicado sin complejo alguno, ya era hora, el capitalismo de libre empresa frente a un Gobierno depredador. Han prestado así un servicio impagable en esta hora incierta y peligrosa para la preservación de una sociedad abierta en este país.
Este semana, Cepyme no sólo ha defendido la libertad de los empresarios sino la de todos.