La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está empeñada en reducir la jornada laboral española, manteniendo el salario.
Parece un avance social; no lo es. Es otra de las demagogias de la realidad a los que el Gobierno Sánchez recurre para vender “progresismo”. Similar a ocultar el número real de parados bajo el epígrafe de contratos fijos discontinuos “inactivos”.
Su propuesta, junto a los sindicatos, es reducir las 40 horas semanales de jornada a 38,5 horas este año y a 37,5 el próximo.
La realidad es que el cómputo medio de la jornada laboral pactada por los convenios en 2023 es de 1.751,56 horas anuales. Las 38,5 horas representan 1.758,16; 7,4 horas más.
Es decir, este año, en términos medios, no habría reducción real de horas trabajadas. Sólo tendría efecto en aquellos convenios en los que el cómputo anual actual es superior a esas 1.758,16 horas. 2 millones de trabajadores aproximadamente, los menos especializados.
En consecuencia, como esa reducción laboral manteniendo el salario supone un aumento del coste del trabajo, se corre el riesgo de que las empresas automaticen servicios eliminando empleos de baja capacitación (repetitivos y simples). Cuando aumenta el coste del trabajo, se sustituye por capital. Ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial, aún más. O sea que, al intentar ayudar a los más desfavorecidos, se les agrava la situación, al desaparecer empleos a los que pueden acceder.
En el resto de los trabajadores esa reducción podría tener efecto en 2025. Sin embargo, también es posible que los convenios sectoriales y de empresa pactados este año vayan ya reduciendo jornadas, aunque no hubiera decisión del Gobierno. Es decir, que el efecto sería más “propagandístico” que real (demagogia).
¿Todos los sectores y/o empresas reducirán este año la jornada respecto al año pasado? No, serán los que empresarios y sindicatos vean que la productividad puede sustituir a la reducción de la jornada manteniendo su capacidad competitiva.
España crece, entre otras cosas por la exportación (bienes y servicios turísticos y no turísticos). Si los convenios reducen la jornada y no la compensan con aumento de productividad, perderán clientes.
Por tanto, debería dejarse esa decisión sobre la jornada a la autonomía de la negociación entre sindicatos y directivos, tanto en sectores como en empresas. Son los que mejor conocen el efecto de esta medida en sus respectivos ámbitos.
Además, se quiere ligar esa reducción de jornada a un mayor rigor del control del cumplimiento de los horarios y las horas extras.
Como esa reducción laboral manteniendo el salario supone un aumento del coste del trabajo, se corre el riesgo de que las empresas automaticen servicios eliminando empleos de baja capacitación
Pero en la economía moderna, en las empresas de valor añadido, el concepto de “ocupación de silla” se ha cambiado por el de “cumplimiento de objetivos” (los famosos KPI). No importan las horas en el lugar de trabajo, sino la efectividad del esfuerzo del empleado. Hablar de jornada laboral en esos trabajos es un concepto decimonónico del trabajo.
Un ejemplo: un profesor universitario a su inicio cobra poco y su carrera depende de su capacidad investigadora. No importa el número de horas frente al ordenador, importa si publica, o no, y en qué tipo de journals. ¿Qué va a medir la inspección de trabajo, sus horas de silla en la universidad o en casa?
Lo que debería perseguir el Ministerio es la creación de empleos de valor añadido, con mucha productividad. Esos sí permiten que los empleadores paguen adecuadamente.
España está en un buen momento macroeconómico. El crecimiento del PIB en 2024 superará el 2,5%. Lo vengo anunciando hace meses. Sin embargo, la microeconomía de los jóvenes profesionales sufre. Sus salarios no crecen al nivel del incremento de precios; pierden capacidad adquisitiva.
Jubilados, baby boom o generación X tienen rentas de sus pensiones, ahorros o salarios mucho más altas que los millennians o Z’s. Esa es la verdadera diferencia social en España.
El Ministerio de Trabajo haría mejor estudiando y encontrando soluciones a este fenómeno, que afecta a muchos profesionales jóvenes. En contra, se dedica a la demagogia que puede quedar muy bien en la propaganda. Pero que ni siquiera tiene rédito electoral. ¿Se ha preguntado Yolanda por los resultados de “Sumar” en las últimas elecciones? Sí y dimitió. Pero no del cargo oficial (del que cobra).