El pasado 21 de marzo el Gobierno publicó el dato de cierre provisional de déficit de las AAPP para el conjunto del año 2023: un 3,66% del PIB. La cifra desbordó a la baja todas las previsiones, incluso las del propio gobierno. Pero, tal y como comentamos en un artículo en estas mismas páginas (véase Déficit público de 2023: no es oro todo lo que reluce) el excelente dato quedó deslucido por la decepcionante cifra de las Corporaciones Locales, de la Seguridad Social y, sobre todo, de las CCAA.
Es decir, todo el esfuerzo de contención del déficit público consolidado recayó en el Estado (en la Administración Central, para ser más precisos). En la Tabla 1 recuerdo el saldo presupuestario de las diferentes administraciones en 2022 y 2023 y el objetivo previsto de cada una de ellas para el ejercicio 2023, recogido en el Programa de Estabilidad (PE) remitido a Bruselas.
El déficit final fue más de 2 décimas inferior al objetivo (que casi nadie creía que se iba a alcanzar), pero se consiguió gracias a que la Administración Central sobrecumplió su propio objetivo en más de 9 décimas. Las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones) incumplieron en algo menos de una décima y la Seguridad Social en 6 centésimas. Pero las CCAA se desviaron en más de 6 décimas (61 centésimas, para ser más exactos). Una pena porque, de haber cumplido cada una con su objetivo, el déficit del conjunto de las AAPP habría sido el 2,91% del PIB.
Haber bajado del 3% ya en 2023 hubiera supuesto la mejor tarjeta de visita de nuestro país de cara tanto a las autoridades europeas como a los mercados financieros y las agencias de rating. Además, habría permitido una reducción adicional de otro punto en la ratio de Deuda Pública sobre el PIB, y haber llegado a una caída de 5 puntos en dicho ratio.
Aunque en su conjunto hayan sido las Comunidades Autónomas (CCAA) las responsables de un mal dato de déficit regional, que habría tenido graves consecuencias si el Estado no lo hubiera compensado, sería muy injusto poner en el mismo saco a todas ellas. Lo que pretendo a continuación es tratar de delimitar cuáles han sido las regiones que lo han hecho mejor y peor, tanto en lo que se refiere al flujo de déficit como a los cambios en el stock de deuda.
En la Tabla 2 presento los datos de déficit (en negativo) o superávit (en positivo) de las CCAA en 2022 y 2023, tanto en millones de euros como en porcentaje de su propio PIB regional. Asimismo, en las dos últimas columnas calculo la variación del saldo presupuestario en ambas magnitudes, para cada una de ellas.
En 2022 el déficit del conjunto de las CCAA fue de 15.119 millones de euros, un 1,12% del PIB español en ese año (1.346.777 millones de euros). Pero no todas tuvieron un déficit semejante al del promedio nacional. Hubo dos CCAA que tuvieron superávit, es decir, que gastaron menos de lo que ingresaron: Baleares y Navarra. Esta última comunidad foral tuvo un superávit del 1,26% de su PIB, una cifra más propia de los países nórdicos que lo que se suele ver por estos lares mediterráneos. Alguien puede decir que esta comunidad goza de un régimen fiscal privilegiado. Cierto. Pero su región vecina, País Vasco, también lo tiene y no alcanzó un superávit, sino que cerró con un déficit, aunque fuera testimonial (19 millones, un 0,02% de su PIB).
En el otro extremo se situaron las CCAA con un desajuste mayor, como fueron la Comunidad Valenciana y la región de Murcia, ambas con un déficit en torno al 3% de su PIB, y Castilla-La Mancha, con un déficit en torno al 2%. El resto de las regiones tuvieron un déficit cercano a la media nacional (un 1,1% del PIB).
En el ejercicio 2023, aunque el esfuerzo medido en su conjunto fue insuficiente (apenas un 0,21% del PIB nacional) hubo bastante variedad en su esfuerzo fiscal. Esto se refleja en las dos últimas columnas de la Tabla 2, donde se recoge el cambio en el saldo presupuestario en 2023, tanto en millones de euros como en % de su PIB respectivo. Y es aquí donde saltan las sorpresas.
Ha habido regiones que han cumplido el objetivo de reducción de déficit en las 6 décimas de PIB que se exigía para todas las CCAA en su conjunto, tal y como habíamos recordado en la Tabla 1. Las comunidades más cumplidoras en 2023 han sido Canarias (+1,7 de su PIB), Asturias y Castilla-La Mancha (en torno a +0,8), Cantabria, Comunidad Valenciana y Región de Murcia (todas ellas cerca de +0,6). Curiosamente, de las 6 comunidades cumplidoras, 5 han estado gobernadas por los socialistas, en solitario o en coalición, y sólo una por el Partido Popular.
Si no hubiera sido por Andalucía y Madrid, el déficit público español en su conjunto habría cerrado en torno al 3,5% del PIB
Ello contradice la idea generalizada de que la izquierda es más laxa con las cuentas públicas y que la derecha siempre tiene que acudir a “arreglar los desaguisados fiscales de la izquierda”. Sin embargo, más allá de esta curiosidad, lo más llamativo de la Tabla 2 es que ha habido 3 comunidades autónomas que no sólo no han mejorado sus cuentas públicas en 2023, como tenían previsto, sino que las han empeorado. Estas han sido el País Vasco, Andalucía y Madrid.
En el primer caso, en 2022 ya casi tenían superávit (un déficit de 19 millones) y su empeoramiento en 2023 ha sido de 54 millones, algo testimonial en el agregado nacional. No se le puede achacar el deterioro de las cuentas públicas en el ejercicio recién terminado. Pero las otras dos, Andalucía y Madrid, no tienen justificación posible. Andalucía, especialmente, ha aumentado su déficit en 863 millones, un 0,38% de su PIB. Y Madrid lo ha incrementado en 349 millones.
La desviación de ambas, 1.200 millones, es tan grande que por sí sola explica casi una décima de todo el déficit de las AA.PP. de 2023. Dicho en otras palabras, si no hubiera sido por Andalucía y Madrid, el déficit público español en su conjunto habría cerrado en torno al 3,5% del PIB.
¿Coincide este aumento del déficit con sus bajadas de impuestos? Es bien sabido que estas dos comunidades han abrazado la teoría de “la curva de Laffer”, que señala que bajando los tipos impositivos, sobre todo a los que tienen más renta, aumenta la recaudación y se reduce el déficit. Se les olvida, o alguien no se lo ha explicado bien, que para que eso ocurra, el punto de partida debe estar a la derecha del máximo de esa curva. Y es evidente que eso no ocurre para ninguna región española ni para ningún país europeo, y no digamos para EEUU. Pero a algunos les da igual, seguirán aplicando el “modelo Laffer” de forma errónea.
Madrid y Andalucía salen muy mal retratadas con el déficit público. Alguien puede decir, con razón, que no sólo importa el déficit, sino también la deuda. Y que en esto también hay una gran disparidad entre las regiones españolas. En la Tabla 3 reporto las ratios de deuda (en relación con su PIB) en 2022 y 2023, recientemente publicadas por el Banco de España, y cuánto han variado en el último año.
La deuda promedio de las CCAA era un 23,6% del PIB en 2022 y en 2023 se ha reducido al 22,2%, es decir, un descenso de 1,4 puntos del PIB. Ha sido una contribución parcial a la reducción de la deuda del conjunto de las Administraciones Públicos, que siguió reduciéndose en 2023 hasta el 107,7 del Producto Interior Bruto, lo que supone una caída de 3,9 puntos sobre el cierre de 2022.
Todas las regiones han reducido su endeudamiento, gracias a la bajada de déficit y al crecimiento del PIB nominal. Pero no todas las regiones lo han reducido igual. En la última columna de la Tabla 3 presento el recorte, en puntos de sus respectivos PIB, de las ratios de deuda pública de cada una de las CCAA.
El caso de Madrid es llamativo porque sale mal tanto en la foto de déficit como en la de deuda
Las que más lo han reducido han sido Baleares (casi 3 puntos), Cantabria, Cataluña y Navarra (más de 2 puntos), lo que es coherente con sus superávits, en el caso de Baleares, Cantabria y Navarra. El caso de Cataluña muchos lo explicarán porque partía de la ratio de deuda más elevado en 2022 (un 33,1% del PIB).
Pero otras regiones tenían una ratio de deuda parecido (Murcia y Castilla-La Mancha) y no han conseguido reducir su endeudamiento como lo ha hecho Cataluña. Las regiones que menos han reducido su ratio de deuda han sido precisamente Murcia, Castilla y León y Madrid. Otra vez Madrid. Ni siquiera han llegado a la mitad de la reducción de la deuda promedio del conjunto de las CC.AA.
El caso de Madrid es llamativo porque sale mal tanto en la foto de déficit como en la de deuda. Uno tendería a pensar que, partiendo de la ratio de deuda más bajo en 2022, junto con Canarias, un 13,3% del PIB, tendría más margen de maniobra para conseguir un buen dato de déficit, por tener una carga de intereses menor. Pero, sorprendentemente, no ha sido así. En la Tabla 4 presento el gasto en intereses (medido en % del PIB), publicado recientemente por la IGAE, y las ratios de deuda en 2023.
Aunque se debería cumplir que las regiones menos endeudadas destinan un porcentaje menor de su presupuesto a su carga de intereses, los datos no reflejan esta hipótesis. La región con peor carga de intereses es Madrid (un 3,3% de su deuda), pese a ser una de las menos endeudadas. Es verdad que Madrid, como Navarra y País Vasco, no quiso acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que ofrecía la posibilidad de endeudarse a tipos más bajos (los del Estado) que a los que se enfrentarían las CCAA en solitario en el mercado.
Pero, además de la arrogancia de no querer acudir al FLA (como si fuera algo “humillante”) debe haber algo más en la gestión de la deuda pública de Madrid que la hace salir también mal en la foto de la carga de intereses.
Salir mal en las 3 fotos; déficit, deuda e intereses debería ser motivo de reflexión para una comunidad autónoma que suele dar lecciones a las demás.
Y ¿qué nos deparará 2024? En teoría, las CCAA deberían alcanzar el déficit cero en 2024. Pero parece un objetivo inalcanzable, dado que parten de un -0,91% del PIB y que muchas regiones se han instalado en un grado de incumplimiento que roza el “desmadre fiscal”.
Y tienen que ser, esta vez, las CCAA las que hagan el esfuerzo que no han hecho en 2023. Algunas dirán, con razón, que sí lo han hecho. Que no todas las CCAA son iguales. Y son estas regiones “cumplidoras”, gobierne quien las gobierne ahora, las que deben exigir a las incumplidoras y al Estado, que haya un reparto más justo en el esfuerzo fiscal requerido en 2024. Veremos si lo hacen o se mantienen en la absurda confrontación “Comunidades Autónomas versus Estado”.