Ya decía Ortega y Gasset que España siempre ha estado más preocupada por analizar las consecuencias de nuestros problemas que por determinar sus causas. Para comprender mejor el origen de muchos de los casos de corrupción es interesante la lectura del reciente libro del periodista Carlos Sánchez “Capitalismo de Amiguetes. Cómo las élites han manipulado el poder político”. Analiza cómo en España, desde la restauración, pasando por la dictadura de Primo de Rivera y la dictadura franquista, se instauró un sistema clientelar donde las élites y los círculos endogámicos han tenido secuestrado el poder en favor de intereses particulares.

Desde entonces hasta la actualidad el panorama ha cambiado algo. Algo hemos avanzado, gracias a que nos hemos dotado de instituciones democráticas y de contra poderes. Sin embargo, los casos más recientes evidencian que aún subsiste corrupción política y amiguismo, que, a la postre, impiden una correcta asignación de los recursos y a la vez, favorecen el enriquecimiento ilícito de los corruptos y los corruptores. 

La corrupción, además de corroer los fundamentos de nuestro sistema política, es un lastre para la economía, ya que merma el crecimiento económico al socavar los beneficios potenciales de una asignación eficiente de los recursos. Un análisis histórico muestra que uno de los principales factores del retraso relativo que tiene España respecto de los países de nuestro entorno, fundamentalmente en productividad y renta per cápita, se explica por la histórica captura de rentas de unos pocos en detrimento del interés general.

Y es que la economía solo puede prosperar de manera sostenida si se asienta en una asignación eficaz de los recursos, es decir destinándolos a las iniciativas más útiles y no en función de la proximidad con el poder de turno. La corrupción aumenta el coste de hacer negocios, según Foro Económico Mundial hasta un 10% de media. La Comisión Europea calcula que la corrupción cuesta a la economía de la UE 120.000 millones de euros al año, algo menos que el presupuesto anual de la Unión Europea.

La economía solo puede prosperar de manera sostenida si se asienta en una asignación eficaz de los recursos

El coste de la corrupción se refleja, además, en las inversiones, afectando al crecimiento económico y al desarrollo. Los inversores desconfían de los países con sistemas corruptos porque no pueden evaluar el riesgo o el rendimiento de su inversión. Estudios de la OCDE han demostrado que la inversión en los países corruptos es casi un 5% menor que en los países relativamente libres de corrupción.

Frenar la corrupción puede reportar igualmente importantes beneficios fiscales. Según el FMI, los países percibidos como menos corruptos recaudan un 4% del PIB más en impuestos que los que se encuentran en el mismo nivel de desarrollo económico con los mayores niveles de corrupción.

Solemos poner el foco en los políticos corruptos, porque nos preocupa el buen uso de los ingresos públicos. Sin embargo, descuidamos el importante papel de los corruptores, sin los cuales no sería posible llevar a cabo ninguna malversación de esos ingresos. Las sanciones y el rechazo público a “empresarios” corruptores deben, por tanto, ocupar un papel central en el debate público.

Es cierto que, durante la pandemia, con la contratación de emergencia para material sanitario se relajaron los controles internos que existen en la Administración para garantizar la integridad y la eficacia de los procesos de contratación pública. No se aplicaron los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia leal, que garantizan un uso eficiente de los recursos públicos. 

Sin embargo, tras la pandemia, es oportuno un control externo que vaya más allá de la fiscalización de la regularidad de la contratación. Así como, introducir reformas para mejorar la prevención de la corrupción. A este respecto, la tecnología puede ser una herramienta poderosa para prevenir la corrupción, al facilitar la implementación de la contratación pública electrónica y el seguimiento en línea de los fondos públicos.

La tecnología puede ser una herramienta poderosa para prevenir la corrupción

Y de manera general, cuanto más fuertes sean el Estado y sus instituciones menor es el margen para comportamientos clientelares y delictivos. La judicatura, la fiscalía y los organismos de control, internos y externos, entre otros, son piezas fundamentales, siempre que se configuren como instituciones independientes y estén bien equipados para investigar y sancionar los posibles casos de corrupción.

Respecto a los Órganos de Control Externo, para salvaguardar su independencia y autonomía es importante garantizar su mayor pluralidad representativa. Sólo así se puede desarrollar una verdadera labor de fiscalización de la actuación de los Gobiernos. Estos Órganos, en el marco de los procedimientos de fiscalización, pueden desempeñar una función de prevención de la corrupción, identificando puntos débiles en la cadena de toma decisión y formulando las propuestas oportunas sobre mecanismos o instrumentos normativos que reduzcan las oportunidades de fraude.

Evitar el tráfico de influencias y el clientelismo que está en el origen de muchos casos de corrupción es más complicado. Una regulación de los lobbies en España permitiría, al menos, mayor transparencia y conocimiento de sus actividades, para tratar de evitar la captura del regulador y sus efectos negativos para el interés general.

Mayores transparencia, controles, supervisiones y competencia contribuyen a prevenir la corrupción. Sin embargo, ello no garantiza que existan individuos que busquen aprovecharse del sistema para obtener ganancias personales de manera deshonesta o injusta, perjudicando el bienestar general. El sistema educativo, social y cultural puede fortalecer la mayor concienciación sobre la importancia de la prevención para el buen funcionamiento de la economía. Cualquier desvío tiene un coste de oportunidad colosal.

*** Mónica Melle Hernández es consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Profesora de Economía de la UCM.