El Gobierno dice que la Ley de Amnistía es un paso esencial para garantizar la convivencia. Curiosamente, hasta que necesitó siete votos de Junts x Cat ese paso esencial no solo no era necesario, sino que era inconstitucional. El ministro Bolaños afirma que “sentarte con quien piensa diferente es valiente”. No. Plegarse a la amnistía y reducción de penas por malversación exigidas por el prófugo que piensa diferente y todo por mantenerte en el poder no es valiente, es corrupción.

Blanquear la corrupción es reducir las penas por malversación, amnistiar la malversación de dinero público o destituir al director del departamento de Inspección Financiera y Tributaria que remite a la Audiencia Nacional un informe sobre una trama corrupta.

La representante de Sumar en el Congreso afirmó con inusitada vehemencia que con la Ley de Amnistía “pierden los jueces”, algo que debería aterrar a cualquier ciudadano. Se está demoliendo el estado de derecho para someterlo a la aleatoriedad política. 

Un estado democrático y liberal tiene instituciones independientes para limitar las veleidades totalitarias del poder político. La independencia de reguladores y del poder judicial son esenciales para garantizar la democracia. Democracia no es pactar lo que sea en el parlamento, y menos cuando es lo opuesto a lo que se les ha prometido a los votantes antes de las elecciones. Eso es corrupción usando aritmética parlamentaria.

La independencia de reguladores y del poder judicial son esenciales para garantizar la democracia

Si el Gobierno está tan convencido de que la Ley de Amnistía es fundamental y buena, que la explique y la someta a un referéndum. Una ley de enorme calado que, además cambia radicalmente el ordenamiento jurídico, no puede ser sometida solo a los intereses de la aritmética parlamentaria especialmente cuando la hemeroteca de decenas de miembros del PSOE y el Gobierno nos muestra sus tajantes afirmaciones en contra de la amnistía.

Inseguridad jurídica es que la ministra de Hacienda filtre información fiscal sobre un ciudadano privado horas antes de que se publique la investigación en la prensa.

Inseguridad jurídica es que se apruebe una ley que reduce a anecdóticas las penas por malversación de fondos públicos y amnistíe a unos delincuentes a la carta y dictado por los acusados.

Todo esto se nos vende con la idea de que no afecta a los ciudadanos. ¿A usted qué le importa la amnistía si gracias a ella vamos a tener presupuestos y los independentistas van a abandonar sus intenciones separatistas? Oh, sorpresa, ni tiene presupuestos ni abandonan sus intenciones de autodeterminación.

Todo esto no es irrelevante para el ciudadano español. La destrucción del Estado de Derecho, la aleatoriedad política y el uso de instituciones para señalar a ciudadanos privados redunda en menor atractivo inversor y empobrecimiento a medio plazo.

La hemeroteca de decenas de miembros del PSOE y el Gobierno nos muestra sus tajantes afirmaciones en contra de la amnistía

No basta que España sea el peor país de la UE-27 en gestión económica 2019-2023, como mostramos en esta columna con los datos de Eurostat. No basta que el Banco de España certifique la enorme debilidad de la inversión, ni los datos de aumento de la pobreza extrema a máximos de más de una década. No basta que España continúe perdiendo puestos en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo con respecto a la media de la UE y que la deuda total de las administraciones públicas llegue a los dos billones de euros, aumentando en 93.000 millones en los últimos doce meses. A todo ello se añade un asalto a las instituciones para perpetuar el poder político que es simplemente brutal.

Todo esto ocurre, además, en un mes en el que el sindicato USO refleja que los parados apuntados al SEPE alcanzan en febrero de 2024 la cifra de 4.051.365 personas. Esto significa que el paro real no ha bajado casi nada desde la contrarreforma laboral. Es peor, el paro efectivo como lo mide FEDEA ha aumentado en este periodo en casi 100.000 personas.

En febrero 2024 hay 725.324 fijos discontinuos inactivos y vemos que es esta partida crece en términos interanuales al compararla con 2021 en un 97%. La duración media de los contratos no deja de disminuir, quedándose en 48,5 días, un 16,2% menos que en 2021 donde fue de 58 días. En términos absolutos, la duración media de los contratos en febrero de 2024 ha sido nueve días menos que la realizada en 2021. No solo se trabajan menos horas semanales de promedio, sino que además es una jornada muy por debajo de la que correspondería a una jornada completa de trabajo.

Esta inseguridad jurídica y blanqueamiento de la corrupción se unen a una situación económica muy preocupante, reflejada en la carta abierta firmada por 102 economistas, empresarios y académicos. Los españoles soportan actualmente la mayor presión tributaria de la historia, fruto de las decenas de subidas y creaciones de impuestos de Sánchez y el lucro por la inflación.

Mientras tanto, la totalidad de los intereses de la deuda pública se pagará con nueva deuda y el coste de intereses se dispara a 35.000 millones de euros en 2024, con una senda que llevaría en 2027 a más de 42.000 millones, aunque se bajen los tipos.

La inseguridad jurídica, blanqueamiento de la corrupción, irresponsabilidad fiscal y mala gestión económica siempre afectan a los ciudadanos. Somos más pobres y nos llevan a la ruina con la peor política posible, la de “como no nos hemos matado todavía, acelera”.