El discurso de los manifestantes se condensa en dos cuestiones: por un lado, decir que "no aguantan más" tras años de aprobación de nuevas normas a nivel europeo en materia fitosanitaria, medioambiental, laboral o fiscal que inciden negativamente en la supervivencia de sus explotaciones, habiendo multiplicado los costes y sin una correspondencia en los precios en origen.

Y, por otro lado, denunciar que en la UE están entrando productos de terceros países que no cumplen con la misma normativa que los europeos y, por tanto, ejercen competencia desleal.

Antes de analizar el contenido de las reivindicaciones y su estrategia, una primera cuestión es el timing: ¿por qué ahora y no antes, si llevamos más de cuatro años de implementación de las políticas climáticas? Obviamente, es una cuestión puramente política porque estamos a menos de cinco meses de las elecciones al Parlamento Europeo.

Más concretamente, se trata de un mecanismo de presión al Partido Popular Europeo (EPP), que, tal como señalan todas las encuestas, obtendrá la mayoría de los escaños, mientras que el Partido Socialista Europeo (S&D) sufrirá un castigo importante.

Lo que denominan "política climática" está siendo muy negativo para la economía agroalimentaria europea

Ambos partidos rompieron su alianza implícita entre los meses de mayo y junio del año pasado en plena tramitación de la Ley de Restauración de la Naturaleza, el proyecto más emblemático y, para algunos, la “gota que ha colmado el vaso” de la situación de la agricultura en Europa.

Una vez que está claro el "cuándo", ahora es el momento del "qué", del contenido de la reivindicación. Las dos principales razones señaladas al principio son las dos caras de la misma moneda, pero con un trasfondo muy distinto que conviene separar.

Empezando por el cambio de paradigma de la política agraria europea, es cierto que lo que denominan “política climática” está siendo muy negativo para la economía agroalimentaria europea, la cual está incrementando los costes.

Sin embargo, tanto el incremento de los costes como la respuesta no simétrica por el lado de los ingresos (incluso a pesar de un fortísimo proceso inflacionista desde el verano de 2021) son posibles por un modelo económico equivocado de principio a fin, muy defendido por las organizaciones agrarias y los técnicos de los ministerios y comisarías de Europa: una combinación de fuertes ayudas directas (que suponen un descuento en el precio en origen de los productos), una defensa de la "agricultura familiar" o de "kilómetro cero" criminalizando a la agricultura en escala (lo que lleva a reducciones en la producción y predictibilidad de las cosechas), poner palos en las ruedas de la diversificación en otras actividades productivas (por ejemplo, la definición de “agricultor activo”) y la prohibición de determinados químicos y fertilizantes vitales para el control de las enfermedades, así como de la reducción a toda costa de lo que consideran un “uso del agua excesivo”, entre otros.

No se le puede achacar todos los males a la política de los últimos cinco años

Por tanto, no se le puede achacar todos los males a la política de los últimos cinco años, muchos de ellos vienen de muy atrás. No se ha construido un modelo sólido de integración de los mercados para generar certidumbre en el suministro, colocar a cualquier agricultor a la altura de los mercados internacionales para valorizar su producto, construir "bolsas" digitalizadas que funcionen de la misma forma o similar que en los mercados financieros para evitar que no haya casación de oferta y demanda… En aquellos productos donde sí funciona el mercado, los problemas son infinitamente menores: porcino, hortaliza, aceite de oliva…

Y, dado que esa integración de mercados no existe y que el diferencial de competitividad se amplía por el incremento de costes domésticos, es necesario incrementar las importaciones de productos de países no comunitarios.

A pesar de los esfuerzos que se han hecho para lograr acuerdos comerciales donde haya reciprocidad e, incluso, con mecanismos que, aunque sean una mala idea económica, como el “arancel de carbono en frontera” pueden mitigar el efecto, la realidad es que por el lado de los pactos comerciales se tardarán muchos años y con mucho esfuerzo para lograr una cierta convergencia en los estándares medioambientales, laborales y sanitarios de los productos europeos frente a los de terceros países.

Esta es la cruda realidad a la que se enfrenta el sector. Siendo muy negativa la PAC que entró plenamente en vigor en 2023 por su indefinición en aspectos clave y los malos incentivos en cuanto a los denominados "ecoesquemas", del mismo modo con las Estrategias del Campo a la Mesa, de Biodiversidad, Forestal y la Ley de Restauración de la Naturaleza, el campo de juego es mucho más amplio y no es abordable ni con una vuelta al modelo de pagos directos que lleva rigiendo en Europa desde hace más de 50 años y menos aún pidiendo protección comercial.