La autorización por parte del Consejo de Ministros a la SEPI para comprar un 10% de Telefónica en el mercado, no por menos esperada, no deja de ser un hecho de la máxima trascendencia para la economía española en su conjunto y, más aún, en su posición ante el mercado europeo.

A falta de unas explicaciones más extensas que el comunicado enviado a la CNMV al cierre de mercado de ayer, parece evidente que el Gobierno Sánchez-Díaz está dispuesto a igualar la apuesta saudí para sincerar ante la opinión pública y el mercado lo que realmente es: una negociación entre Estados.

El interés saudí en comprar un 9,9% del capital de la principal operadora de telecomunicaciones con sede en España está sólidamente fundamentado en las circunstancias económicas, financieras, tecnológicas y regulatorias que condicionan el rendimiento de Telefónica.

El interés saudí por entrar en el capital de Telefónica está sólidamente fundamentado en la economía y las condiciones tecnológicas y regulatorias

Sin embargo, también está sobradamente acreditado el mapa de riesgos existentes. Uno de los más importantes es la cercanía (llegado al extremo, la intromisión) de un Estado extranjero no europeo a activos e infraestructuras críticas para España. Y será un riesgo por muchos frenos que se quieran poner en términos de derechos de voto, acceso a determinada información o, incluso, la segregación de negocios que sean especialmente delicados para la seguridad y la defensa del país.

Ante esta situación se plantea dar un paso más en la regulación del control previo a determinadas inversiones extranjeras que nació en marzo de 2020, fortalecida en sucesivos decretos posteriores. Por primera vez se baraja la posibilidad de que el Estado entre directamente como accionista en la compañía, considerando que la mejor forma de defender la “españolidad” de Telefónica es que tenga una participación pública.

Lo que hace unos meses era una opción, acaba de convertirse en una realidad, provocando un giro de guion con respecto a la política del Gobierno con las grandes compañías de los últimos 30 años.

Durante estos casi cuatro años, España ha oscilado de un extremo a otro del péndulo en lo que a tratamiento de inversiones directas exteriores se refiere. De tener un Gobierno impasible (cuando no colaborador necesario) ante operaciones corporativas que han sido gravemente perjudiciales para la economía española (por ejemplo, que el Estado italiano sea un actor fundamental en la política energética española) a un Gobierno que decide directamente entrar como accionista en empresas que considera de referencia, sentando un precedente peligroso por la imprevisibilidad que introduce en los movimientos de capitales.

España ha oscilado de un extremo a otro del péndulo en lo que a tratamiento de inversiones directas exteriores se refiere

Entre un extremo y otro del péndulo hay un punto intermedio. Por eso, es muy probable que el Gobierno se haya pasado de frenada en la defensa de Telefónica con una entrada tan significativa en su accionariado.

El proceso de privatización y liberalización de la economía española desde los años 90 es una historia de éxito que ha permitido colocar a España en una posición destacada en el mercado de capitales internacional, además de ser uno de los principales emisores netos de inversión directa exterior y atrayendo al cierre de 2022 otros 34.200 millones de euros de capital extranjero con vocación de permanencia (compras de más del 10% del capital de una empresa).

Sin embargo, esta situación de puertas abiertas fue aprovechada como una oportunidad de oro para compañías de titularidad estatal o con participación estatal significativa tanto de origen europeo como extracomunitario que pusieron su foco en España, no siempre con consecuencias positivas. La presencia de una empresa participada por un Estado extranjero en otro país nunca puede obviarse escudándose en que “así son las reglas del mercado”.

No hay nada más contrario al mercado que un Gobierno dueño de una empresa, de la cual termina siendo juez y parte. No hay más que ver lo que sucede con las SOEs (en su terminología inglesa) chinas, para quién trabajan y qué intereses tienen. Y por no hablar de cómo Francia, Alemania o Italia imponen tesis de los “campeones europeos”.

Hablamos de empresas participadas ampliamente por sus Estados que adulteran la competencia con hechos como la destrucción en la práctica del prestigio y la autoridad del mecanismo de autorización de ayudas de Estado por parte de la dirección general de competencia de la UE (DG COMP).

Por ello, la pandemia ofreció la circunstancia propicia para poner coto a operaciones hostiles de terceros países o inversores con largos historiales de destrucción de empresas. Era el momento de generar la confianza en la aplicación del blindaje definido en el último decreto. Pero el Gobierno de coalición ha decidido sobrepasar esta línea con una entrada directa en el accionariado, en un momento en que a nivel europeo e internacional no goza ni del prestigio ni de la confianza necesaria como para estar tranquilos de que no se cometerá ninguna arbitrariedad.

*** Javier Santacruz es economista.