Sin embargo, la actividad pierde fuelle. En primer término, ante la pérdida de poder adquisitivo de las familias, se aprecian síntomas de caída del consumo. Y a la vez, un descenso de la inversión productiva que considerando el aumento de los beneficios empresariales es, en parte, inexplicable, pero sobre todo ineficiente en aras a lograr el necesario aumento de nuestra productividad.

A esta caída de la demanda interna se une, en segundo lugar, el retroceso de las exportaciones, perjudicadas tanto por la mala evolución de los países a quienes exportamos como por una productividad a la baja. Porque, si bien la productividad del trabajo en España creció entre 2014 y 2022 un 0,3%, la brecha en el nivel de productividad español y el de la eurozona y las principales economías europeas ha aumentado, porque en ese mismo periodo el crecimiento de la productividad en la UE fue del 0,9%, según datos de Eurostat.

Para combatir la inflación, la política monetaria del BCE se ha centrado en diez subidas consecutivas de tipos de interés, para pasar en poco más de un año de tipos negativos al 4,5%, y que desde septiembre de este año se mantienen en ese techo. El efecto ha sido una moderación gradual de la inflación, que aún se sitúa lejos del objetivo del 2%: este año en la zona euro llegará al 5,6% -frente a una media del 3% en España-; para bajar al 3,2% en 2024 y al 2,2 en 2025. Los tipos de interés aún se mantendrán altos durante cierto tiempo, para comenzar su paulatina desescalada previsiblemente en la primavera de 2024.

La drástica subida de tipos en tan poco tiempo ha provocado el enfriamiento de las economías, como resultado directo de un encarecimiento del crédito a las familias y empresas. A lo largo de 2024, podría producirse también cierto retroceso de la creación del empleo.

La drástica subida de tipos en tan poco tiempo ha provocado el enfriamiento de las economías

Ante este panorama, la clave para la economía española en el nuevo año está fundamentalmente en tres retos. El primero ser capaces de contener el déficit, actualmente del 4,1% y que debe seguir una senda creíble de ajuste al 3%. El techo de gasto aprobado por el Gobierno, sin incluir los fondos europeos, alcanza un nuevo máximo histórico al situarse en 189.215 millones de euros, un 9,3% más que el de 2023.

Son muchos los compromisos de gasto adquiridos. Con las Comunidades Autónomas, a la espera de la posible reforma de la financiación autonómica, de momento, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se ha aprobado que en 2024 recibirán 154.467 millones de euros en materia de financiación, esto es un aumento del 14,9% respecto a 2023.

Asimismo, la prórroga de algunas medidas para hacer frente a la crisis inflacionaria, especialmente los colectivos vulnerables, implican mayor gasto público. Asimismo, el gasto financiero por el servicio de la deuda pública también sufrirá un aumento, derivado del encarecimiento de la nueva financiación por la subida de los tipos. Para cumplir con el objetivo de déficit, el Gobierno prevé un incremento de ingresos tributarios cercano al 9%: todo un desafío en plena desaceleración de la economía.

La prórroga de algunas medidas para hacer frente a la crisis inflacionaria, especialmente los colectivos vulnerables, implican mayor gasto público

En segundo lugar, España tiene por delante el reto de mejorar la productividad. Solo así lograremos más y mejores empleos, y también mayores ingresos públicos. De momento, se empieza a percibir una reducción de la temporalidad y una elevada nueva ocupación en sectores de alto valor añadido relacionados con la sociedad del conocimiento, la tecnología y la investigación.

Pero queda mucho camino por recorrer, mejorando la calidad del capital humano, pero también reduciendo el déficit de inversión productiva en tecnología y en activos intangibles, como son, por ejemplo, los modelos de gestión y de eficiencia organizacional, el marketing, el valor de la marca, las bases de datos, la formación específica desarrollada internamente y el software. En el crecimiento de la productividad resulta fundamental la inversión, pública y privada, en investigación y desarrollo en la economía. En ese sentido, el porcentaje del PIB asignado a investigación y desarrollo es en España del 1,3% del PIB, frente al 2% en la eurozona.

El nivel de productividad viene también condicionado por el tamaño de las empresas, porque normalmente las grandes empresas tienen mayor capacidad para invertir en activos intangibles, aumentando así su productividad. En España, casi el 40% del tejido empresarial son microempresas, mientras que el peso de las empresas de tamaño mediano o grandes es mucho menor que en otros países. De hecho, en Alemania las empresas de más de 50 trabajadores son responsables del 66% del total del empleo, mientras que en España no alcanza el 35%.

Finalmente, 2024 es clave para consolidar el despliegue de los fondos Next Generation UE y aprovechar la oportunidad que supone para España la inversión productiva en los intangibles, vinculados con las transiciones digital y energética, que permitirán también mejorar nuestra productividad. Un crecimiento sobre esa base es el único camino para poder sostener y fortalecer, en el medio y largo plazo, nuestro Estado del Bienestar. 

*** Mónica Melle Hernández es consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Profesora de Economía de la UCM.