El calificativo de “rico” abarca cada vez a más gente no porque lo sea, sino por  la voracidad recaudatoria del Gobierno que ha hecho de la flexibilidad un arma demagógico para justificar el expolio de una parte de la población,  alimentando el resentimiento social de los ciudadanos con menores ingresos y fomentando la envidia igualitaria  para captar votos.

Para tener una visión clara de la realidad es interesante conocer algunos datos básicos. Si se considera muy ricos a los españoles que ganan más de 600.000 euros al año, éstos suponen alrededor del 0,06 por ciento de las declaraciones por IRPF, algo más de 12.000 personas que aportan a las arcas públicas un 7,8 por 100 de lo recaudado por ese tributo.

El calificativo de "rico" abarca cada vez más gente por la voracidad recaudatoria que ha hecho de la flexibilidad un arma demagógica

Si se baja el listón y se sitúa a quienes ingresan por rentas del trabajo una cantidad superior a los 150.000 euros/año, éstos son en números redondos unas 112.000 personas, el 0,6 por 100 de los declarantes, que suponen el 9,9 por 100 de todo lo ingresado por IRPF. Esto es, un número muy reducido de contribuyentes proporcionan a la Hacienda Pública alrededor del 18 por 100 de su recaudación por IRPF.

Ante este panorama, hablar de la escasa progresividad de ese tributo resulta una broma pesada, pero ahí no termina la historia.

Para tener una idea más clara de la situación, el 90 por 100 de las rentas obtenidas por esos “privilegiados” proceden del trabajo; es decir, del rendimiento obtenido por esos individuos de su esfuerzo y de su talento.

No se trata de rentistas, individuos por otra parte admirables, que viven de los rendimientos de su capital colocado en inversiones que generan de riqueza y empleo; una especie, por desgracia, en proceso de extinción en España ante un físco vampírico y depredador.  

El 90% de las rentas obtenidas por los "privilegiados" proceden del trabajo

Con la finalidad de arrebatar a los “ricos” un porcentaje aún mayor de su renta-riqueza, la coalición social-comunista introdujo la pasada Legislatura el denominado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSSG). Ahora quiere mantenerlo en nombre de la justicia social, término espurio para legitimar cualquier acción del Gobierno.

Por añadidura, esa figura se inserta en el marco de una tributación patrimonial que era ya, antes de su creación, una de las mayores del mundo desarrollado. Por añadidura, su extensión a todo el territorio nacional, salvo a los de régimen foral, intenta también eliminar la escasa competencia fiscal existente dentro de España y privar a las comunidades autónomas de su ya limitada capacidad para organizar su propia fiscalidad. Se trata de impedir a las autonomías el ejercicio de sus competencias en materia de tributación patrimonial como un instrumento para dinamizar la actividad productiva. 

Si bien es sabido que el Impuesto sobre el Patrimonio no existe en ningún Estado de la UE por sus nocivas y reconocidas consecuencias adversas sobre el ahorro, la inversión y el crecimiento económico, su impacto redistributivo es inexistente, por no decir ridículo.

Para decirlo con claridad, ese tributo no sirve para mejorar en nada  las condiciones de vida de las personas ubicadas en los quintiles inferiores de la distribución de la renta. Es, otra vez, una expresión de pura demagogia. 

La extensión a nivel nacional del impuesto a los 'ricos' busca privar a las CCAA de su ya limitada capacidad para organizar su fiscalidad  

En 2023, el número de personas gravadas por él ascendió a 12.010, con un patrimonio neto superior a los 3 millones de euros, el 0,1 por 100 de los contribuyentes. A través de ese tributo, aportaron a las arcas públicas 623 millones de euros frente a los 1.500 millonrd previstos por el Ejecutivo. Para hacerse una idea del carácter puramente ideológico del impuesto basta hacer un sencillo ejercicio. 

En España hay conforme a los últimos datos publicados por el INE un 26 por 100 de la población en Riesgo de Pobreza y Exclusión Social (RPES) 12.365.243 personas y un 7,7 por 100 en una situación de Carencia Material Severa (CMS), 3.662.800 personas. Si toda la recaudación obtenida a través del ITSSGF en 2023 se distribuyese entre los individuos en RPES, cada uno recibiría 50 euros al año o 4 euros al mes; si se hiciese lo mismo con las personas en CMS, estás verían incrementados sus ingresos anuales en 170 euros o sus mensuales en 14 euros. Es decir, no proporciona beneficio significativo alguno a la población considerada vulnerable.

Es obvio que este enfoque goza de escasa popularidad y es contrario a la sabiduría convencional, pero los datos y los hechos son los que son. España es un país con un porcentaje de “ricos”, arbitrariamente definidos por el Gobierno, que no guarda parangón con los criterios establecidos en la inmensa mayoría de los Estados occidentales para catalogar como tales a sus ciudadanos.

Esto es inevitable e irá in crescendo ante la dificultad gubernamental de obtener ingresos para financiar su insaciable propensión a incrementar el gasto. 

España es un país con un porcentaje de"ricos" definido arbitrariamente por el Gobierno 

¿Cuál será el resultado? Las rentas más altas con una elevada movilidad tenderán a situarse fuera de las fronteras patrias, lo que se traducirá en una pérdida de capital humano y financiero para España y quienes no puedan hacer eso tenderán a trabajar, ahorrar e invertir menos.

Esta es la inevitable consecuencia de una política fiscal que desconoce lo que crea riqueza en un país y que sólo tendrá un camino para financiar su despilfarro: empobrecer más a las clases medias.