El respeto y cuidado higiénico de los principios constitucionales, abandonando los intereses partidistas y personales de los gestores políticos, es fundamental para que, cuando hay un ataque, o una perturbación en la vida democrática, los pesos y contrapesos que van asociados a la Constitución se mantengan firmes y nos protejan a todos los ciudadanos, sin importar si son monárquicos, republicanos, con o sin antecedentes, el color de su piel, sus creencias respecto a la libertad propia y ajena, etc.

Por desgracia, desde hace décadas, todos los partidos políticos que han gobernado este país han toqueteado de un modo u otro la Constitución, cada uno de ellos llegando un milímetro más lejos que el anterior. Pedro Sánchez, tan audaz como obsceno, directamente ha pisoteado la Constitución que ayer celebraba.

¿Cómo es posible? En parte se debe a la ambigüedad del texto constitucional. Por ejemplo, tomemos el caso de la deuda pública.

De acuerdo con el estudio realizado por el Instituto Juan de Mariana, el pasado 30 de noviembre fue el Día de la Deuda. Este día representa el momento a partir del cual los gastos del Estado ya no son cubiertos por ingresos del Estado, sino que engrosan la deuda.

En septiembre de este año, la deuda pública representaba un 112% del PIB, que quiere decir que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Es un tema muy grave por varios motivos. Primero, porque crea la falsa sensación de que estamos mejor de lo que en realidad estamos. Segundo, porque es una injusticia intergeneracional flagrante. Y tercero, porque supone un lastre para el crecimiento de
nuestra economía.

De acuerdo con el citado informe, si cumpliéramos las normas de la Unión Europea, que de momento están suspendidas por las circunstancias que se han sucedido desde el 2020 y que sitúan el límite de deuda pública en el 60% del PIB, nuestro PIB se vería incrementado en 4,6 puntos. Ese es el lastre.

La deuda pública por español asciende a 29.500 euros por habitante o 74.500 euros por hogar

Pero hay otra manera de visualizarlo. Si atendemos a cuánto tocamos por persona, la deuda pública por español asciende a 29.500 euros por habitante o 74.500 euros por hogar.

De la Constitución emana la Ley de Estabilidad que, en su artículo 13.1 se adscribe a lo dictado por la Unión Europea: "El volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el Protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de Administraciones Públicas no podrá superar el 60% del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea. Este límite se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes, expresados en términos nominales del Producto Interior Bruto nacional: 44% para la Administración central, 13% para el conjunto de Comunidades Autónomas y 3% para el conjunto de Corporaciones Locales. (…) La Administración Pública que supere su límite de deuda pública no podrá realizar operaciones de endeudamiento neto”. Está claro.

No obstante, hay excepciones a esta regla máxima. Están muy claramente expuestas en el artículo 11.3: "Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo".

Es cierto que, si bien las catástrofes naturales y la recesión económica son difíciles de falsear, las situaciones de "emergencia extraordinaria" son menos claras y se introduce un peligroso elemento de arbitrariedad. Es tranquilizador que deban ser apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso. Es importante que la desviación deba estar acompañada de un plan de vuelta al equilibrio. Pero aún mejor es la clara advertencia de que, en ningún caso, se puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

Cuando se promete o se jura cumplir la Constitución, también se están acatando como reglas máximas, no cuestionables, los límites presupuestarios

La situación actual es dramática porque sí está en riesgo la sostenibilidad fiscal a medio plazo, por lo que la senda de gasto creciente del gobierno de Sánchez ya está fuera de la Constitución.

Cierto que la pandemia permitió dejar de lado estos artículos, pero ya han pasado tres años y la emergencia pandémica ha desaparecido hace tiempo. De hecho, la Unión Europea debería anunciar en breve la vuelta a la normalidad y el retorno de la exigencia de ajuste presupuestario de los países miembros.

¿Qué va a hacer el Gobierno, entonces, cuando nos apliquen un Procedimiento de Déficit Excesivo? ¿Con qué cara miran nuestros representantes a los demás socios con la tendencia de nuestra deuda pública? Ya se lo digo yo: señalan a los demás países con mal comportamiento. Porque el argumento de "el otro también" es el único que les queda.

Pero, no nos quedemos en la mirada de Europa. Volvamos al miércoles y recordemos que cuando se promete o se jura cumplir la Constitución española, también se están acatando como reglas máximas, no cuestionables, estos límites presupuestarios.

¿Se atreverá alguna asociación o partido político a denunciar la inconstitucionalidad de mantener floja la rienda de la deuda y el gasto más allá? ¿Algún miembro del Parlamento sacará la Constitución para defender la sostenibilidad fiscal a medio plazo asegurada en el debate sobre los Presupuestos del año que viene? Ojalá.