En la última década se ha producido un fuerte aumento del activismo de los accionistas, en parte debido al creciente reconocimiento de la influencia que pueden tener en el gobierno corporativo. Este empoderamiento de los accionistas puede manifestarse de diferentes maneras, utilizando todas las herramientas a su disposición: retención de votos, organización de bloques de votación y forzamiento de cambios mediante la expulsión de determinados miembros del consejo de administración y otros medios.

Esta mayor involucración les está dando mayor poder para votar en contra de determinados acuerdos propuestos por los consejos. La remuneración de los administradores es una preocupación creciente, como se evidencia en el informe “El gobierno corporativo y los inversores institucionales”, elaborado anualmente por las firmas Georgeson y Cuatrecasas.

Esta mayor involucración les está dando mayor poder para votar en contra de determinados acuerdos propuestos por los consejos. 

En la temporada de juntas de 2023, en el Ibex-35, el tema que ha suscitado mayor nivel de disidencia entre los grandes inversores institucionales y los principales proxy advisors ha sido el relativo a la retribución del consejo, en línea con el año anterior (un 46% de ellas han recibido más del 10% de voto en contra en 2023, frente a un 39% en 2022). Destacando entre las principales penalizaciones las siguientes: una retribución variable anual no alineada con las expectativas del mercado en cuanto a tipo de métricas, pesos de estas métricas y condiciones de pago, la falta de inclusión de métricas ESG o la falta de respuesta por parte del consejo ante elevados niveles de disidencia en materia retributiva en ejercicios anteriores (accountability).

La Ley 5/2021 refuerza el derecho de los accionistas a pronunciarse sobre las remuneraciones de los consejeros y lo están ejerciendo activamente. Es necesario un adecuado diseño de los sistemas de retribución de los gestores de las sociedades, de forma que no estimulen los resultados en el corto plazo ni resulten inconsistentes con la gestión prudente de la entidad. Aunque en este área la regulación ha avanzado mucho en los últimos años, especialmente en las sociedades cotizadas y en el sector financiero, aún hay camino por recorrer.

El papel de los accionistas es clave para seguir avanzando. Las compañías deberían mantener un diálogo fluido con sus inversores y los principales proxy advisors a lo largo de todo el año. La puesta en marcha de la involucración accionarial dotará de mayor eficacia y legitimidad al gobierno corporativo de las sociedades y transmitirá un mensaje muy positivo a stakeholders y a la sociedad en general.

***Virginia González Pérez es profesora de Afi Escuela.