Entre sus nuevos dogmas sobre reindustrialización subyace un nuevo proyecto intervencionista en la economía, incapaces de entender las reglas del mercado o comprender la necesidad de que las empresas sean rentables.

Un vistazo a los clásicos les haría recodar, tal y como señalaba Adam Smith, que “no es por la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que esperamos nuestra cena, sino por la consideración de sus propios intereses. Nos dirigimos, no a su humanidad sino a su amor propio, y nunca les hablamos de nuestras propias necesidades sino de sus ventajas".

La industria española acumula un lustro de incertidumbre e inseguridad jurídica sin precedentes

La intervención en el sector industrial o la utilización de fondos públicos para entrar en el capital de las empresas no es la solución a los problemas estructurales de la industria española, ni a la coyuntura económica actual. Al contrario, la regulación asfixiante es sólo un ejemplo de los factores que han minado la competitividad del sector y desincentivado a las empresas a incrementar su tamaño o elevar las plantillas por encima de los 50 trabajadores.

La industria española necesita ser más productiva y competitiva por su dependencia de los mercados internacionales, así como incrementar su rentabilidad para poder financiar la auténtica palanca que puede incrementar nuestro potencial de crecimiento a largo plazo: la inversión.

La regulación asfixiante es sólo un ejemplo de los factores que han minado la competitividad

La caída en la cifra de negocios de la industria durante seis meses consecutivos no es un evento asilado, sino el síntoma de un problema más profundo. La caída interanual del 5,7% registrada en septiembre es un paso más en el deterioro de la salud financiera del sector.

El impacto negativo en la cifra de negocios de ramas de actividad fundamentales para la economía española, no sólo por su capacidad exportadora y de arrastre en las cadenas de valor, sino por su contribución a la innovación y al empleo, es alarmante. Sectores como la metalurgia (-20,4%), papel (-19,8%), la industria del cuero y el calzado (-16,2%), y la industria química (-13,3%) han experimentado reducciones significativas.

La disminución de la cifra de negocios no es baladí, tiene consecuencias de largo alcance sobre el empleo y repercusión en las cadenas de suministro, afectando a pequeñas y medianas empresas que dependen de las industrias de mayor tamaño.
Esta situación se visualiza claramente con el Índice de los Gestores de Compras (PMI) del sector manufacturero, indicador clave de la salud económica del sector industrial.

Un PMI por debajo de 50 puntos indica una contracción en la industria, y esa es precisamente la situación que viene señalando este indicador desde hace meses. La industria española está en recesión, en parte, por la reducción de la demanda, tanto nacional como internacional, exacerbada por la incertidumbre política y la inseguridad jurídica actual.

El PMI de noviembre dejó el índice en 46,3, la octava caída mensual dentro de una tendencia marcada por la disminución de pedidos y de la actividad de compras. Que las industrias tengan que racionalizar sus operaciones implica pérdidas de empleo y reducción de stocks para ajustarse a la debilidad de la demanda.

En noviembre, se produjo la caída más pronunciada en cuatro años de los inventarios de productos terminados y una reducción de los precios de venta (efecto positivo sobre la inflación) para estimular la salida de productos y generar ingresos.

La inseguridad jurídica es una de las mayores preocupaciones del sector industrial

La encuesta de clima industrial, otro termómetro del sentimiento del sector, revela un pesimismo preocupante sobre la situación actual y futura del sector. La responsabilidad del Gobierno es evidente en la prolongada percepción negativa de los empresarios sobre la situación económica y el crecimiento del sector, materializándose en un Indicador de Clima Industrial que lleva en terreno negativo 17 meses consecutivos, desde julio de 2022.

En noviembre, el indicador cayó hasta -9,6 puntos, niveles que no se veían desde verano de 2020, con un saldo negativo en la cartera de pedidos que evidencia una preocupante disminución de la demanda.

A pesar de haber alcanzado máximos históricos en I+D en 2022 (1,44% del PIB), por más que se empeñe la ministra de Ciencia e Innovación, seguimos muy rezagados frente EEUU, Francia o Alemania, con tasas superiores al 2% del PIB y con un gap estructural en I+D que no se reduce, sino que aumenta año tras año.

Además, la asignación de recursos es más ineficiente en nuestro país, con mayor gasto público en innovación que en otras economías desarrolladas donde la inversión privada empresarial tiene más peso impulsando la efectividad en el desarrollo de innovación y tecnologías punteras.

La inseguridad jurídica es una de las mayores preocupaciones del sector industrial. ¿Quién va a invertir en I+D o acometer inversiones en transición energética cuando se está expuesto a cambios regulatorios imprevistos y a la imposición de impuestos arbitrarios?

Para que las empresas comprometan recursos en inversiones significativas, especialmente en sectores estratégicos como la energía, donde las decisiones tienen implicaciones a largo plazo, tanto para las empresas como para el conjunto de la economía, es obligatorio un marco jurídico predecible y estable.

Los fondos europeos siguen sin canalizarse de manera eficiente a través de los PERTE industriales

Por último, el desajuste entre la capacitación de la fuerza laboral y las necesidades del sector industrial impide a las empresas contar con el personal cualificado en áreas y puestos clave, lo que frena su productividad y su capacidad de crecimiento.

Si la respuesta ante todos los desafíos que tiene la industria española consiste en más barreras para la inversión y el desarrollo, en forma de cargas fiscales o inseguridad jurídica, mantendremos las dinámicas actuales que no sólo ponen en peligro la competitividad de las empresas españolas a nivel global, sino que comprometen la inversión en áreas cruciales para el futuro de la industria como la transición energética o la digitalización.

Nuestra industria necesita un cambio radical en la política económica

Los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, siguen sin canalizarse de manera eficiente a través de los PERTE industriales. Hasta la fecha se ha gastado solo una pequeña fracción de estos fondos. Esta infrautilización, que podría impulsar la I+D y la mejora del capital humano, evidencia notables ineficiencias en la gestión y la ejecución.

Estas carencias se reflejan en términos de contabilidad nacional, con unos niveles de inversión que aún son inferiores a los registrados en el cuarto trimestre de 2019.

Nuestra industria necesita un cambio radical en la política económica, alejándose de intervencionismos y enfocándose en fomentar un entorno que promueva la inversión, la innovación y la competitividad. Hemos perdido cinco años, no perdamos más.

***Santiago Sánchez López es economista.