En segundo lugar, porque el crecimiento se está frenando: este año es probable que lleguemos al 2,5%, pero en 2024 previsiblemente estará por debajo del 2%. Es cierto que el mercado laboral resiste, y no sólo por los 20,8 millones de personas trabajando, también por la reducción de la temporalidad y por la elevada nueva ocupación en sectores de alto valor añadido relacionados con la sociedad del conocimiento, la tecnología y la investigación.

En tercer término, todo apunta a que los tipos de interés van a permanecer elevados durante un período más largo de lo deseado para la economía española. Tras diez subidas consecutivas de tipos por el BCE desde julio de 2022, para pasar del 0% al 4,5%, puede que hayan tocado techo, pero hasta acercarse al objetivo del 2% en la eurozona no iniciarán su descenso.

Los mercados descuentan que el BCE empiece a bajarlos en primavera, pero los efectos de la persistencia de tipos de interés elevados seguirán afectando a la economía española hasta 2025, con ralentización del consumo y la inversión. Se añade, además, el aumento del coste de la deuda. La deuda privada ha dejado de ser un problema: la de las empresas llegó a representar casi el 120% del PIB en 2009 y el 85% en el caso de los hogares, y actualmente no llegan al 65% y al 45%, respectivamente-.

Sin embargo, la deuda pública ronda el 110%; y la subida de los tipos aumentará el gasto financiero del servicio de la deuda entre 4.000 y 5.000 millones de euros (al pasar de los 36.000 millones de este año a entre 40.000 y 41.000 millones en 2024)

La deuda pública ronda el 110%; y la subida de los tipos aumentará el gasto financiero del servicio de la deuda entre 4.000 y 5.000 millones 

Todo ello se suma a un último factor que hace el entorno más complejo: la reactivación de las reglas fiscales en la UE. El déficit público este año, del 3,9% del PIB según diversas estimaciones, debe ir ajustándose al objetivo del 3% gradualmente. La reducción del déficit acorde con lo pactado con Bruselas, el mayor gasto financiero y la menor recaudación por el freno de la actividad, reducen el margen fiscal del Gobierno para poder desarrollar las políticas de gasto social necesarias.

Indudablemente, éstas han de ser más quirúrgicas y atender a los colectivos vulnerables ante la crisis de inflación. Así, las reducciones de IRPF para las rentas más bajas, las bonificaciones al transporte público que además contribuyen a fomentar la movilidad sostenible, el ingreso mínimo vital o incluso establecer un IRPF negativo son medidas que además de avanzar hacia mayor justicia social contribuyen a mantener el consumo y la actividad. Mientras que reducciones generalizadas de impuestos a la electricidad o del IVA merman la recaudación y no redundan en mayor progresividad impositiva ni en reducir las desigualdades.

Pero no bastará con medidas quirúrgicas. También hace falta replantear el sistema fiscal para avanzar en la justicia social sin agravar los desequilibrios presupuestarios. En el actual contexto, una fiscalidad justa que conlleve mayor imposición para beneficios de grandes corporaciones, y en especial para las eléctricas y las financieras que están reportando enormes beneficios; así como mayor tributación de las grandes fortunas, que van aumentando año a año abundando en mayores desigualdades. Según la Lista “Forbes”, la suma de las 100 principales fortunas de España en 2023 es de 196.130 millones de euros, un 37% más que en 2022.

La gobalización de la economía y la libre circulación de capitales dificulta implementar una fiscalidad justa. Según el reciente Global Tax Evasion Report 2024, del Observatorio Fiscal UE, en los últimos 10 años, los gobiernos han implementado diversas iniciativas para reducir la evasión fiscal internacional, como el intercambio automático y multilateral de información bancaria aplicado por más de 100 países en 2023 y el establecimiento del impuesto mínimo global del 15% sobre las multinacionales.

Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer. La evasión fiscal se produce cada vez más a escala doméstica, porque los milmillonarios de todo el mundo tienen unos tipos impositivos efectivos que fluctúan entre el 0% y el 0,5% de su riqueza, debido al frecuente uso de sociedades patrimoniales personales para eludir el impuesto sobre la renta.

La gobalización de la economía y la libre circulación de capitales dificulta implementar una fiscalidad justa

Al igual que se aprobó a nivel global aplicar un tipo efectivo del 15% para el Impuesto de Sociedades, algo que en cierta medida ha permitido aumentar la recaudación por ese impuesto; se debería implementar un impuesto mínimo global sobre las grandes fortunas, por ejemplo, que representara el 2% de su riqueza al año.

La supresión de paraísos fiscales para impedir la evasión fiscal de sociedades y grandes fortunas, y una mayor armonización fiscal, al menos en la UE, para impedir conductas de dumping fiscal, son medidas que facilitarían mejorar la justicia fiscal.

Como también lo es, en el ámbito de nuestro Estado de las Autonomías, mejorar la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas. Tienen ya capacidad normativa propia para poder ejercerla, no únicamente en la dirección de bajar impuestos, sino también para subirlos, y no tener que reclamar permanentemente al Gobierno Central más transferencias o condonación de deudas.

Son grandes los retos para avanzar en la reforma fiscal, pero ese es ya el único instrumento que nos queda para colmatar los déficits sociales. Y al tiempo contener un agujero presupuestario que condiciona la sostenibilidad de nuestra economía.

*** Mónica Melle Hernández es consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Profesora de Economía de la UCM.