Obviamente, ni una cantidad ni la otra son aceptables para el buen funcionamiento de las finanzas públicas, pero forma parte del juego de siempre de dejar que los independentistas exageren para, después mediante negociación, bajar sus pretensiones hasta llegar a un resultado más “razonable”.

La manera de abordar esta medida de “perdón parcial” de la deuda de Cataluña es muy clara desde el punto de vista económico: la irresponsabilidad en la gestión del dinero público no recibe ningún castigo. Los independentistas catalanes son los únicos gestores públicos en España que operan sin ningún tipo de restricción presupuestaria, ya que saben que todo lo que se endeudan hoy, mañana e incluso la deuda pasada termina de una forma u otra siendo asumida o toda o parte por el conjunto de los españoles. Dicho en palabras típicas de economistas, la Generalitat de Catalunya opera bajo una situación de “riesgo moral”.

Sin embargo, no sólo es una cuestión de “riesgo moral”. Va mucho más allá. Con este acuerdo, España está creando la forma de Estado más extraña del mundo contemporáneo ya que, por un lado, lleva hasta el extremo la descentralización del gasto público incluso troceando la propiedad y gestión de infraestructuras críticas como es el caso de la red ferroviaria de cercanías. Pero, por otro lado, el Estado central absorbe prácticamente toda la autonomía financiera de las regiones hasta el extremo de que su financiación casi al completo depende del Gobierno central. Y al mismo tiempo, con un trato diferenciado según qué regiones, dejando a un lado los regímenes forales que son reconocidos por la Constitución.

Un país como España que tiene un diseño federal en la práctica está haciendo una transición gradual hacia una fórmula confederal, pero controlada financieramente por el Estado central. Algo digno de estudio en los manuales del Derecho Administrativo y la Economía del Sector Público no sólo por la disfuncionalidad tan evidente que crea, sino más aún con la asimetría en el reparto del poder entre las autonomías y el Gobierno central. En realidad, el independentismo está consiguiendo lo que ha sido una reivindicación histórica: que el resto de España financie una confederación donde uno de sus territorios (Cataluña) tendría un estatus privilegiado.

Un país como España que tiene un diseño federal en la práctica está haciendo una transición gradual hacia una fórmula confederal

En términos prácticos, las élites políticas independentistas contarán con el mayor volumen de recursos de toda su historia para continuar con sus objetivos, habiendo eliminado por el camino varios frenos vitales como la confianza de las instituciones europeas que no entienden cómo es posible que un Gobierno negocie y se sustente parlamentariamente en aquellos que intentaron romper la unidad de la Nación en octubre de 2017. Difuminar la diferencia entre demócratas y separatistas tiene un coste político, pero también económico, muy elevado.

Mientras tanto, estas mismas élites políticas mantendrán en los próximos años bajo este acuerdo PSOE-ERC un statu quo económico abiertamente hostil a la actividad empresarial. Los contribuyentes catalanes son los que más impuestos pagan de toda España en relación a su renta bruta disponible (hasta un 20% más que la media nacional), mientras que las empresas soportan la mayor cuantía del territorio nacional de tributos propios (hasta 18 diferentes frente a 5 en la media nacional) y cargas burocráticas que distorsionan los mercados, desvían inversiones hacia territorios limítrofes más “amigables” como Aragón o la Comunidad Valenciana e impiden afrontar “bombas de relojería” a medio plazo como la seguridad del suministro energético dado el calendario de cierre de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, frenando a corto plazo los proyectos de energías renovables más importantes que cubrirían el hueco que las nucleares dejarían.

La suma de los recursos corrientes en el marco de la autonomía fiscal catalana creció un 48% entre 2014 y 2018, mientras que el PIB catalán sólo se incrementó un 17%, según cálculos de Foment del Treball. Esto lleva a que el índice de competitividad fiscal que publica el Instituto de Estudios Económicos (IEE) correspondiente a Cataluña esté 23,8 puntos por encima de la media nacional, mientras que Madrid se sitúa por debajo de la media.

En definitiva, conseguir la investidura va a comportar un coste muy elevado para el conjunto de los españoles en un contexto que debería ya ser de prudencia presupuestaria al empezar a regir de nuevo en la Eurozona el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en un contexto de aumento de los costes de financiación en los mercados de capitales.

La frase que en el texto se contempla de “facilitar su vuelta a la financiación en los mercados de deuda” es contraria al objetivo de fondo del acuerdo. Los mercados mayoristas no sólo seguirán cerrados para Cataluña, sino que, para emitir deuda, los inversores exigirán un aval explícito del Estado y con una prima de riesgo y otra de liquidez conforme en los próximos años se siga condonando deuda no sólo con el Estado sino también con terceros, tal como contempla el texto del acuerdo. 

***Javier Santacruz es economista e investigador del Instituto Español de Analistas.