Los datos son tremendamente duros, pero la realidad no se puede ni se debe obviar. Más del 60% de la población menor de 34 años vive con sus padres, debido principalmente a unos ingresos insuficientes y la inestabilidad laboral. La tasa de desempleo de los menores de 25 años es del 27%, una de las más altas de la OCDE. Y cerca del 40% de los jóvenes entre 15 y 34 años dicen que su nivel de estudios más altos alcanzado no les ayuda en su empleo actual, una de las tasas más altas de la Unión Europea. 

Que España no es un país para jóvenes lo corrobora también el Consejo de la Juventud en España en sus últimos informes. Uno de cada cinco menores de 30 años con un puesto de trabajo se encontraba en pobreza o riesgo de exclusión social al cierre de 2022. La edad media de emancipación en España se sitúa en los 30,3 años, la más alta de los últimos 20 años. Dos de cada tres jóvenes viven todavía en casa de sus padres porque hacer frente a los 912 euros al mes que se pagaba de media en España por vivir de alquiler en 2022 equivaldría al 83,7% de su salario neto. 

Desde Eurostat llega la puntilla. La tasa de desempleo de los menores de 25 años en España ronda el 28%, la más alta de toda Europa, seguida por Grecia, y casi el 40% ve improbable encontrar un empleo en el corto plazo. 

Esta es la radiografía de la España del siglo XXI que debería sonrojarnos como sociedad avanzada porque no hay bono cultural ni descuento en el Interrail capaz de modificar la perniciosa dinámica en la que nos encontramos. Una dinámica que supone ahondar en la cada vez más ancha y profunda distancia existente entre las condiciones de vida de los jóvenes y los mayores de nuestro país: la brecha intergeneracional. 

La tasa de desempleo de los menores de 25 años en España ronda el 28%, la más alta de toda Europa

Con su origen en las tendencias demográficas invertidas desde hace décadas, la brecha intergeneracional va, desgraciadamente, más allá de las diferencias en los niveles de renta de los jóvenes y de los mayores (y ya es decir) para extenderse, como mancha de aceite, a las expectativas personales y el proyecto vital de los jóvenes llegando a incidir directamente en las políticas públicas. Aquí, en el diseño de las políticas, es donde podría brotar la solución, pero resulta imposible dado el contexto actual ya que la poca relevancia que tienen la juventud en términos electorales les dificulta poder imponer sus demandas en la agenda pública.

Lo que se conoce como demografía política es un concepto que hace referencia al porcentaje de jóvenes en edad de votar que es en España cada vez menor y que provoca que sean los mayores los que tengan toda la relevancia en unas elecciones. No hablamos de injusticias en este caso sino de cuestiones aritméticas y es suficiente entender cómo funciona la lógica electoral que siguen los partidos para asegurar que la demografía política actual va en contra de los jóvenes porque no son rentables hablando en término de votos. 

Los jóvenes de nuestro país se enfrentan a un futuro de gran incertidumbre que puede dejarlos sin un lugar en nuestra sociedad. En el año 2050 España será uno de los países más envejecidos del mundo y la peligrosa combinación de bajas tasas de natalidad y una alta longevidad hará que sean los mayores, gracias a su peso electoral, quienes determinen la agenda política de nuestro país y el destino del gasto público.

Y no, no debemos caer en la trampa de pensar que los problemas de los hogares jóvenes se irán arreglando con el tiempo, conforme este sector de la población avance en su ciclo vital porque, según la OCDE, alrededor de dos terceras partes de la desigualdad de ingresos que se acumula a lo largo de la vida se transmite a los ingresos recibidos a través de las pensiones en la vejez. Es decir, que la precariedad de ingresos en la juventud probablemente conducirá a una mayor desigualdad de ingresos entre los futuros jubilados.

España ha dejado de invertir en las políticas que favorecen el crecimiento de largo plazo como la educación, la I+D, el acceso a la vivienda o pobreza infantil. El gasto en pensiones y en educación evoluciona en sentidos opuestos: crece en pensiones y disminuye en educación y formación. Esto es desalentador y debemos denunciarlo.

El gasto en pensiones y en educación evoluciona en sentidos opuestos: crece en pensiones y disminuye en educación 

Desde hace años, todo incremento del gasto se destina a las personas mayores y apenas hay espacio para políticas que beneficien a los jóvenes. En los últimos Presupuestos Generales del Estado las pensiones, con un 13,6% del PIB, absorbían más del 60% de todo el gasto social del país. Hay que preguntarse seriamente si es "social" que la cifra destinada a la partida de las pensiones suponga más del doble de lo que suman conjuntamente las partidas de Educación, Ciencia, Sanidad, Transporte, Investigación, Justicia y Cultura en la política de un Estado. 

Esta denuncia no va de preferencias ideológicas ni de colores políticos ya que, por desgracia, todos los partidos que hoy conviven en nuestro ecosistema parlamentario viven del corto plazo -pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones-, y absolutamente todos son conscientes de que la demografía política les impide tocar cualquier partida que afecte a los mayores en detrimento de los jóvenes.

Mi denuncia a modo de tribuna va de sentido común, de poner luces largas y de solidaridad intergeneracional porque cuando uno de cada dos euros del presupuesto nacional se destina al pago de deuda pública y al gasto en pensiones no cabe otra afirmación: no hay nada menos progresista ni menos liberal que dejar que nuestra realidad comprometa el futuro de nuestra sociedad.