Riesgos económicos del conflicto en Oriente Medio
Además de las dramáticas e intolerables consecuencias humanitarias, particularmente en la franja de Gaza, el recrudecimiento del conflicto entre Israel y Palestina puede desestabilizar una economía mundial ya muy debilitada. El riesgo más inmediato es el de un nuevo shock energético, pero la principal amenaza es aún más profunda.
Cuando la inflación empezaba a controlarse, el precio del petróleo inicia una escalada al alza, pudiendo alcanzar en los próximos meses los 100 dólares el barril e incluso superar ese umbral fetiche. Y lo peor, que dicho precio del crudo se mantenga elevado durante un periodo prolongado. Ello supondría, para la economía mundial, más inflación y que los Bancos Centrales mantuvieran los tipos de interés altos durante más tiempo, o incluso que decidieran nuevas subidas de éstos.
Los efectos se reflejarán en menores crecimiento y empleo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) en las últimas previsiones bajó sus proyecciones de crecimiento para la economía española hasta el 1,7% para el 2024. En ese momento, además, no tuvo en cuenta la distorsión en el mercado internacional del petróleo y del resto de la energía que está provocando el conflicto en Oriente Medio.
Los principales socios de la eurozona presentarán peores crecimientos que nuestro país. Parece inevitable la recesión en Alemania, donde espera una contracción de la actividad del 0,6% en 2024, y un fuerte frenazo en Francia. Todo ello podría dar a pensar que una nueva crisis tendría un impacto similar a la que ya hemos conocido tras la invasión de Ucrania, y que la economía española ha podido manejar, con un crecimiento previsto cercano al 2,5% para este año.
Pero eso es sin contar con dos circunstancias agravantes. La primera: el margen de maniobra para amortiguar una perturbación recesiva se ha reducido. Nuestro déficit público supera el 3% y la deuda un año de PIB, en ambos casos por encima de las recomendaciones de Bruselas (o reglas fiscales). Además, ese déficit ha de financiarse a tipos de interés más elevados. Y el BCE no está por la labor de comprar deuda pública, ni de prestar apoyo más allá de lo estrictamente necesario para evitar un desgarro del Euro.
Los principales socios de la eurozona presentarán peores crecimientos que nuestro país
En segundo lugar, el conflicto está ahondando las tensiones geopolíticas entre el bloque de EEUU y el de China. El mundo parece estar inmerso en una nueva guerra fría de dos bloques cada vez más definidos. Tras la guerra de Putin en Ucrania y con el conflicto bélico entre Israel y Palestina; está el bloque de China y Rusia al que se sumaría Irán y el bloque de EEUU posicionado con Israel. Europa debería jugar un papel de búsqueda de entendimiento y estabilidad global tratando de mediar entre ambos bloques. Por tanto, incluso sin shock energético, nos asomamos a un escenario de disrupciones en los intercambios internacionales y de incertidumbre. Un panorama nada halagüeño para la inversión.
Los atentados terroristas islamistas y las amenazas a los mismos están desgraciadamente extendiéndose en Occidente, y con ellos, el miedo a los desplazamientos. Sin duda, todo ello constituye un nuevo riesgo que puede afectar a la movilidad y al sector turístico. La especialización de la economía española en el sector servicios ha permitido que hasta ahora España sufriera mucho menos la desaceleración que sus socios europeos más dependientes del sector manufacturero. Sin embargo, la situación actual de amenazas terroristas puede perjudicar precisamente al sector servicios, y al crecimiento de nuestro país.
La respuesta de política económica debe estar a la altura de estos riesgos. En estos momentos, la UE ha decidido, tras superar la pandemia, regresar a las reglas fiscales de los objetivos de déficit del 3% y del 60% de deuda pública en el próximo año 2024. Pero teniendo en cuenta el alto grado de incumplimiento -2 de cada 3 países tienen más de 60% de deuda y la mitad más de 3% de déficit-, la reactivación de las reglas fiscales ha de hacerse con reforma previa de las mismas. Cómo se haga este proceso de revisión condicionará también nuestro crecimiento futuro.
El mundo parece estar inmerso en una nueva guerra fría de dos bloques cada vez más definidos
La propuesta de la Comisión Europea pasa por corregir los desequilibrios de manera gradual para evitar shocks y evitar el riesgo del sesgo procíclico de las reglas actuales, que en buena medida fueron responsables de las políticas de austeridad a ultranza aplicadas tras la crisis financiera, y que se demostraron contraproducentes para la reactivación económica. Esperemos que los países más ortodoxos, como Alemania u Holanda, entiendan la necesidad de introducir cierta flexibilidad en las reglas para que se adapten a cada economía.
Máxime en la coyuntura actual, es preciso considerar prolongar el fondo Next Generation UE para favorecer las inversiones y transformaciones digital y verde, y contribuir al mantenimiento del crecimiento y del empleo. En España, el Plan de Recuperación está contribuyendo a mejorar el comportamiento de la inversión de las empresas -según las previsiones del FMI, espera que crezca el 3,8% en 2024, tras hacerlo un 2,4% en 2022 y 2023-.
El contexto también exige una acción de nuestra política económica, para reducir la vulnerabilidad de nuestra economía y promover los factores de resiliencia. De ahí, la oportunidad de mantener algunas medidas de choque del Gobierno para aliviar los bolsillos de familias y empresas frente a la inflación, así como las subidas de los salarios. El mecanismo ibérico o tope al gas ha sido crucial para moderar la escalada de los precios energéticos desde mediados de 2021. La rebaja de los impuestos sobre la electricidad y la bajada del IVA de los alimentos básicos ha mejorado algo el poder adquisitivo de las familias, mermado por la inflación. Todo ello ha de ser compatible con una contención de los elevados niveles de déficit y deuda pública. Crucial para protegernos ante los riesgos que se avecinan.
*** Mónica Melle Hernández es consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Profesora de Economía de la UCM.