1. Incrementar la inversión pública para sanidad, para poder incluir, expresamente dentro de la cobertura, los gastos derivados de las necesidades sanitarias que acompañan o son causas de las situaciones de dependencia o las asociadas a los problemas sociales, la salud mental o la odontología.

Está claro que hay que gastarse el dinero de una forma más eficiente, pero sea como fuere la media del gasto sanitario público en nuestro país está muy por debajo de la media de los países de nuestro entorno: entre 2 y 3 puntos del PIB.

Además, esta inversión debe de ir dirigida a donde se produzca el gasto priorizando el mismo desde la Atención Primaria a la hospitalaria. De abajo arriba, porque, dado que no hay suficiente dinero -no nos engañemos- para garantizar toda la demanda sanitaria de la población, lo más importante y lo más justo es que podamos garantizar las necesidades sanitarias básicas y la prevención. Y eso, en nuestro modelo, se hace desde la Atención Primaria.

2. Elevar la financiación finalista para medidas estructurales. Me refiero a partidas de dinero específicas en función de las posibilidades presupuestarias de cada momento para cuestiones relacionadas con la digitalización, la ciberseguridad, la formación, etcétera.

Deben de ser distribuidas de forma homogénea entre todas las comunidades autónomas. Su gestión o coordinación debería ser asumida o controlada totalmente por el Ministerio de Sanidad. Estas partidas son las que tienen que garantizar que existe una igualdad de condiciones logísticas para atender la demanda sanitaria de la población.

Se deberían implementar sistemas de control de gastos y contabilidad analítica en todos los centros sanitarios 

3. Disminuir costes del sistema sanitario. La demanda es ilimitada y los recursos son escasos. Se hace necesario definir el nivel de cobertura de servicios y prestaciones esenciales o básicas de la población que nos podemos permitir.

Sobre la cartera suplementaria o accesoria, se tienen que aplicar copagos en función del nivel de renta. Hay que dejar a un lado expresiones vacías. De nada sirve proclamar a los cuatro vientos que nuestro sistema sanitario no hace diferencias entre ciudadanos si luego el acceso a residencias para pacientes crónicos solamente está al alcance de quien se lo pueda permitir pagar.

Hay que hacer una política racional y controlada de los recursos humanos, una gestión basada en criterios empresariales que miren por la buena gobernanza en términos de eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, etcétera.

Se deberían implementar sistemas de control de gastos y contabilidad analítica en todos los centros sanitarios y no trabajar en función de estimaciones. En función de estos datos, habría que homogeneizar a nivel nacional los precios por la asistencia en los centros públicos, según las reglas que tenga el mercado.

Hay que favorecer, a través de desgravaciones fiscales para rentas menores de 60.000 euros, que la población que quiera de forma voluntaria se haga un seguro de salud. Porque el problema no es que crezca el sector privado -el 85% de la población con un seguro de salud combina la sanidad privada con la pública con normalidad – sino que los profesionales no quieran trabajar en el sector público. El sistema se empobrece cuando se deja de invertir en él o cuando los profesionales por sus condiciones laborales no quieren trabajar para él.

El hecho de que crezca el sistema sanitario privado no tiene ninguna relación con el deterioro del sistema sanitario público. Lo que enriquece a nuestro modelo sanitario, precisamente, es esa combinación entre lo público y lo privado. Lo privado le aporta al sistema público competitividad y eficiencia. Y lo público al privado mete presión para que no sólo piense en resultados económicos, sino que priorice la calidad asistencial.

Además, se debería dar viabilidad económica al modelo del mutualismo administrativo porque el Sistema Nacional de Salud (SNS) no tiene recursos propios para incorporar más población en la actualidad.

Deben sacarse del cuadro de coberturas aquellas prestaciones y servicios que ya no sean costo-efectivas

Al igual que se debe de incorporar a la cartera de prestaciones y servicios la innovación tecnológica y farmacéutica, a través del análisis por medio de las agencias creadas ad hoc deben sacarse del cuadro de coberturas aquellas prestaciones y servicios que ya no sean costo-efectivas por haber nuevas innovaciones que lo son más.

4. Solucionar los problemas concretos que tienen los pacientes. Hay que hacer un plan de choque para reducir drásticamente las listas de espera en forma de Ley de garantía y libertad de elección del usuario.

El acceso a la innovación debe de estar liderado por el principio de celeridad y equidad. Para aquellas prestaciones donde no llegue el SNS, hay que contar con el sector privado y en base al nivel de innovación que podamos permitirnos hay que actualizar, a través de las sociedades científicas, las guías terapéuticas.

Del mismo modo, debemos implementar un cambio de modelo que pase por una desburocratización para acceder rápidamente a las terapias farmacológicas más innovadoras.

Debemos de solucionar el tapón del acceso al sistema que supone el que sólo exista la Atención Primaria o las urgencias, valorando si es necesario dar un papel asistencial a las farmacias comunitarias o contando con los recursos de la sanidad privada si fuera preciso.

Además, hay que establecer sistemas de interoperabilidad en el acceso a la información clínica que garanticen la continuidad asistencial con independencia del operador sanitario y del nivel asistencial, evitando así duplicidades e ineficiencias a los pacientes.

Pero los pacientes, los ciudadanos, también deben ser parte de la solución y hay que conseguir que se comprometan con su salud. Con el uso racional de los recursos, porque la oferta es limitada y la demanda no.

Hay que fomentar la educación sanitaria a todos los niveles e implicar activamente en los planos decisorios a las organizaciones representativas de los pacientes. Se debe amonestar y multar, si es preciso, a aquellos que no usen adecuadamente los servicios en actividades programadas.

5. Afrontar los problemas de los profesionales. Primero hay que modificar y unificar los criterios de acceso a los grados sanitarios a través de fórmulas que vayan más allá de las calificaciones globales y tengan en cuenta criterios que puedan evaluar la predisposición de la persona al puesto teniendo en cuenta factores como la vocación o la empatía.

Hay que completar el registro de profesionales sanitarios pendiente desde hace años 

Hay que completar el registro de profesionales sanitarios pendiente desde hace años y en base a eso debemos realizar una planificación de las necesidades de profesionales a medio y largo plazo, más allá de las previsibles necesidades exclusivamente de la sanidad pública, dado que se requieren facultativos en muchos otros entornos como en la sanidad privada, la industria farmacéutica o la peritación profesional, por poner algunos ejemplos.

La falta de los profesionales por número o por falta de interés para trabajar en el sector sanitario público hace obligatorio reformar el modelo organizativo hacia uno con competencias nuevas, sistemas de retribución diferentes y nuevas posibilidades de desarrollo profesional.

Hay que estimular la competencia entre los profesionales (y las instituciones) haciendo que el dinero vaya hacia la demanda; allá donde más se gaste y no hacia la oferta para lo cual, es imprescindible modificar/suprimir el estatuto marco.

Si tengo que decidir cuál sería la primera reforma a realizar, sin duda alguna sería la flexibilización de las condiciones laborales. El estatuto marco es como una coraza de metal que no permite poder aplicar políticas de personal, que es el principal activo del sistema, impidiendo una gestión eficiente del SNS.

6. Nuevo modelo de gobernanza. A nivel macro, es necesaria una mayor cohesión y vinculación del Consejo Interterritorial y definir una estrategia nacional basada en la medición y publicación de indicadores y resultados sanitarios.

También hay que activar la alta inspección para el control a nivel autonómico de esos indicadores. Y debemos integrar bajo una autoridad única la sanidad, los servicios sociosanitarios y la dependencia.

A nivel meso, hay que ir hacia una gestión asistencial en red incorporando en esas redes todas las estructuras sanitarias necesarias y disponibles incluyendo las del sector privado si son necesarias para cubrir la demanda de la población.

La red debe abarcar desde la Atención Primaria hasta la secundaria (gestión longitudinal) y la residencial, con independencia de su titularidad y todo gestionado por gerentes sin vinculación política. Además, habría que concentrar servicios clínicos en función de indicadores definidos por las sociedades científicas para mejorar los resultados y ganar en eficiencia.

La gestión de los centros públicos tiene que ser realizada a través de entidades públicas con personalidad jurídica independiente en forma de empresas públicas, consorcios, fundaciones públicas, etcétera. Porque si bien el derecho administrativo puede garantizar la imparcialidad y la equidad, hace falta tener medios para poder gestionar para que éstas sean compatibles con la efectividad y la eficiencia

Y debe existir continuidad asistencial entre los diferentes niveles asistenciales con independencia de la titularidad de las instituciones en las que sea asistido el paciente. Es decir, hay que considerar al paciente como uno, como un paciente único.

A nivel micro, hay que promocionar la gestión clínica por unidades y trabajar con indicadores para conseguir los mejores resultados posibles. También hay que impulsar la investigación clínica y traslacional y el desarrollo profesional. Así mismo, hay que incorporar las posibilidades que permite la transformación digital para la simplificación de los procesos asistenciales. Hay que mejorar la eficiencia en la gestión basándose en la innovación.

Hace falta una organización asistencial en base a procesos o programas asistenciales, no a especialidades 

7. Nuevo modelo de organización asistencial. Hace falta una organización asistencial en base a procesos o programas asistenciales, no a especialidades. Un modelo asistencial horizontal que tenga al paciente en el centro y sobre el que giren las diferentes especialidades que participen en su proceso asistencial.

Es necesario un nuevo rol de la enfermería favoreciendo su especialización para la conformación de equipos multidisciplinares con los médicos y la creación de nuevos roles profesionales sanitarios que se adapten a las posibilidades/necesidades actuales, tanto personal técnico como de bioingeniería y biomedicina.

El médico de familia es el eje central de la atención a los pacientes, y como tal debe de adaptar su papel para atender al seguimiento de la salud de su comunidad, más que a la resolución de procesos concretos. Su remuneración debería tener que ver, también, con cuidar la salud de su población y no solo por acto, servicio u hora de trabajo.

Hay que pagarle en virtud de los indicadores de salud de su población de referencia. Hay que desburocratizar su trabajo, darle mayor nivel de competencias profesionales y autoridad ante los especialistas para que obtengan información de sus pacientes y puedan ser sus interlocutores válidos en todo el sistema sanitario. Hay que hacerles recuperar la dignidad.

Además, se debe potenciar la media y larga estancia o revaluar los requisitos asistenciales de las residencias para que cumplan con este objetivo.

Finalmente, debemos promover la implantación de modelos de trabajo digital no presencial en sanidad para favorecer la teleconsulta, el seguimiento domiciliario a través de las diferentes posibilidades que existen en la actualidad.

También hay que explotar el big data y desarrollar sistemas de Inteligencia Artificial para poder evolucionar hacia una medicina predictiva preventiva y para innovar en la gestión sanitaria para simplificar los procesos y eliminar la burocracia, etcétera.

8. Hay que normalizar la actividad privada. Hay que promover la interoperabilidad entre las diferentes instituciones sanitarias con independencia de su titularidad y conseguir continuidad asistencial para evitar duplicidades e ineficiencias para el sistema y molestias innecesarias para los pacientes.

Debemos de aceptar, sin complejos, una realidad que, como hemos dicho, es indiscutible e inevitable: nuestro sistema sanitario está conformado por un sistema sanitario público y un sistema sanitario privado cuyo principal cliente (más del 65% de su facturación) son ciudadanos que voluntariamente deciden contratar un seguro de salud.

Hay que promover la interoperabilidad entre las diferentes instituciones sanitarias con independencia de su titularidad 

9. Debemos unificar la salud pública, reforzando el papel de la Agencia Española de Salud Pública la cual debe liderar y coordinar la estrategia del Estado en estas cuestiones para todas las comunidades autónomas.

Deben existir planes de prevención de carácter estatal porque las diferencias entre autonomías son fuente de inequidades y al final lo que no se invierta en prevención lo acabamos pagando todos. En la línea de la educación sanitaria, se debe incrementar la sensibilización de la población para generar cultura de prevención.

Con estas propuestas sobre estos nueve grandes temas creo que se podrían sustentar los cambios como para reconducir nuestro maltrecho sanitario público y que nuestro modelo sanitario reluzca en todo su esplendor nuevamente.

Obviamente no todo el mundo estará de acuerdo en todas y entiendo que el papel lo aguanta todo. 

Es cierto que las cosas no son tan fáciles, pero ya es sólo una cuestión de sentarse y ponerse a hablar para llegar a consensos que nos permitan avanzar todos juntos. Lo más importante y en lo que sí que estamos de acuerdo la gran mayoría de la gente es en el modelo sanitario que tenemos y que queremos mantener.

Y ahora esperamos a ver las conclusiones que se obtengan de los más de 150 ponentes que han participado en el IV Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia. Esperemos que para el V Simposio podamos hablar sobre las medidas que se han ido implantando en este año.

*** Juan Abarca Cidón es presidente de la Fundación IDIS.