El STC Group, la principal compañía saudí de telecomunicaciones ha adquirido un 9,9 de Telefónica. La operación se ha articulado a través de la compra en el mercado de un 4,9 por 100 de acciones y mediante el uso de instrumentos financieros que pueden materializarse en un 5 por 100 adicional de participaciones en la estructura accionarial del líder español de las telecos. La empresa adquirente es propiedad en un 64 por 100 del Fondo Soberano del Reino saudita, presidido por el príncipe heredero Mohamed Bin Salman; en otras palabras no se está ante una inversión privada salvo que se considere a Arabia Saudí propiedad de la Casa de Sáud, afirmación, por otra parte, bastante ajustada a la realidad.
La transacción ha desencadenado todo tipo de especulaciones que, sean ciertas o no, tienen una escasa trascendencia a la hora de analizar su significado. Por un lado cabe interpretarse como una forma de dar estabilidad a Telefónica con un accionista estable dotado de una visión a largo plazo; por otro, mostraría la apuesta de un inversor exterior por una empresa con un potencial de crecimiento-rentabilidad elevado; por último cabría la posibilidad de considerar la operación como una muestra de la debilidad de las grandes compañías españolas cuya capitalización media es baja y, por tanto, su vulnerabilidad financiera es alta. Dicho esto, es interesante realizar algunos comentarios sobre este interesante asunto.
Durante las últimas décadas, las inversiones exteriores de Arabia Saudí en el mundo occidental eran básicamente financieras. Los saudíes destinaban las regalías obtenidas del petróleo y rentabilizarlas tomando posición en el capital de las compañías sin aspirar a influir en su gestión. Este enfoque ha cambiado de manera significativa en los últimos años y con especial intensidad con el príncipe Bin Salman.
Ya no se trata sólo de obtener dividendos sino de tener una mayor y más activa presencia en la gobernanza y en la estrategia de las empresas participadas. Este cambio se ha visto además potenciado por la política de descarbonización, impulsada por los Estados desarrollados para reducir las emisiones de CO2, lo que se traduce en una pérdida creciente del peso de los hidrocarburos en su mix energética.
La atracción de capital extranjero ha de ser bienvenida y, ceteris paribus, no ha de tener restricciones y, menos, en una economía con una relativa escasez de capital nativo. Pero también es cierto que no todos los inversores son iguales ni tampoco lo son todas las empresas. Esto no significa renegar o poner en cuestión las indudables bondades de la libre circulación de capitales, un motor básico de innovación y de crecimiento, ni ampararse para restringirlas en el recurso indiscriminado a considerar estratégico cualquier sector o compañía. Sin embargo, algunos de ellos sí tienen ese carácter, acentuado en un contexto global como el actual.
También es cierto que no todos los inversores son iguales ni tampoco lo son todas las empresas
Quien escribe estas líneas es un firme partidario y defensor de la entrada de inversión extranjera en España sin ningún tipo de limitación y, en consecuencia, dejar en libertad a los agentes económicos para que estos realicen las transacciones que consideren oportunas y mútuamente beneficiosas. Esta es la lógica fundamental de una economía de mercado.
Sin embargo, esa posición principista ha de ser cuestionada o, para ser precisos, matizada en lo referente a la penetración indiscriminada de empresas o fondos controlados de iure o de facto por Estados cuyo objetivo no es y no suele ser tan sólo la búsqueda del beneficio. Ser liberal no implica ser ingenuo o idiota y no cabe duda alguna de que los incentivos de los inversores privados y los de los estatales no son los mismos ni lo son sus fines.
En el caso de Telefónica esa cautela se agudiza al tratarse de una empresa que tiene contratos con el Ministerio de Defensa y, por tanto, su naturaleza estratégica no se debe a la arbitrariedad y discrecionalidad del poder político. Por tanto, conforme a la legislación vigente en España, la autorización del Gobierno es necesaria para que la inversión saudí en Telefónica se materialice.
Ser liberal no implica ser ingenuo o idiota y no cabe duda alguna de que los incentivos de los inversores privados
Por añadidura, la posición accionarial que tendría STC Group en la teleco española lleva aparejada bien su entrada en el Consejo de Administración bien su derecho de información aunque no forme parte del máximo órgano de gobierno de Telefónica; esto es el acceso a información sensible para la seguridad del Estado.
Por otra parte, la autorización de la operación realizada por STC Group abriría la Caja de Pandora. Una vez concedida puede desembocar y desembocaría en un efecto llamada a inversores similares. Sería absolutamente grotesco y, desde luego, inquietante que el tejido empresarial español se viese colonizado o condicionado por capital propiedad de Estados extranjeros. Se configuraría una especie de INI pero bajo el control de potencias foráneas.
Este es un riesgo evidente a la vista de lo “baratas” que están muchas de las grandes empresas patrias y, también las ubicadas en sectores que sin duda cabe calificar de estratégicos. Y, porqué no decirlo, Arabía Saudí no es un Estado normal y no sólo por la naturaleza de su Régimen, sino por otras cuestiones conocidas por todos.
