Una pandemia, una guerra, crisis energética, alimentaria y de suministros, una inflación galopante y unas hostiles condiciones financieras. Es la foto que ha marcado el tablero de la gobernanza y ha dibujado un entorno difícil y de gran incertidumbre económica en toda Europa. No en vano, en su último debate sobre el estado de la Unión, la presidenta de la Comisión Ursula Von der Leyen dedicó un parte importante de su intervención a abordar la situación económica, la política social y la competitividad en suelo comunitario.

Las incesantes presiones inflacionistas siguen constituyendo el principal quebradero de cabeza de gobiernos e instituciones europeas. Y es que, aunque la nueva previsión de la inflación en la UE para el 2023 mejora hasta situarse en un 6,5% (dos décimas menos de lo vaticinado en mayo), sigue siendo demasiado elevada. Asimismo, de acuerdo con las últimas previsiones del ejecutivo comunitario, el crecimiento pierde fuelle con apenas un tímido 0,8%, con Alemania, principal motor económico de los 27, inmersa en recesión técnica.

La nueva previsión de la inflación en la UE para el 2023 mejora hasta situarse en un 6,5%

Pese a la incertidumbre e inestabilidad política, España mantendrá, por el contario, un crecimiento fuerte del 2,2% en 2023, tres décimas más de lo esperado (sin olvidar que también fue el país de la UE que sufrió el desplome más significativo de su economía tras el shock de la Covid en 2020). Y que los problemas estructurales persisten: nuestro país duplica el paro juvenil europeo (del 27% entre los menores de 25 años frente al 13,8% de la Eurozona), y se mantiene como el cuarto país más endeudado de la UE, sólo por detrás de Grecia, Italia y Portugal.

Es imperativo no cesar, por tanto, en la lucha contra la inflación, y el desempleo, especialmente entre los más jóvenes, que son nuestra mayor garantía de futuro. Asimismo, la aspiración es lograr un reimpulso para Europa que la dote de mayor resiliencia, competitividad y autonomía estratégica para facilitar el empleo, el dinamismo empresarial y la cohesión social. Sin escudo que proteja y acompañe a hogares, empresas e industrias, no hay futuro ni Unión posible.

En este sentido, se pretende facilitar y simplificar enormemente la actividad empresarial, especialmente para Pymes y autónomos, que representan más del 95% del tejido productivo empresarial español y europeo. En este ámbito se enmarcan iniciativas tales como la nueva normativa contra la morosidad y el pago a proveedores, especialmente por parte de las Administraciones Públicas, a fin de limitar el plazo de liquidación de las facturas a un máximo de 30 días con carácter vinculante, en lugar de los 60 actuales.

Conviene recordar que, de acuerdo con la Plataforma Multisectorial de la Morosidad, una de cada cuatro quiebras de Pymes en España responde a la ausencia del flujo de crédito como consecuencia de estos pagos tardíos. Un problema sistémico en Europa que perjudica sobremanera el crecimiento empresarial y la internacionalización de las empresas de menor tamaño.

En este ámbito se enmarcan iniciativas tales como la nueva normativa contra la morosidad y el pago a proveedores

Además, la Comisión ha presentado recientemente el paquete legislativo integral de ayuda a la Pyme que recoge, entre otras medidas, una reducción de la carga burocrática a través de la revisión del marco regulador, un impulso a las inversiones disponibles, incentivos a la formación de los trabajadores y una simplificación de las obligaciones fiscales.

En cuanto a la industria, se pretende acompañar de forma mucho menos traumática la transición hacia la descarbonización y la progresiva reducción de las dependencias estratégicas existentes de países terceros.

El hecho de que la UE solo ostente una cuota del 10% del mercado mundial en la fabricación de microchips, esenciales para la mayoría de productos tecnológicos; o la importación de más de un 70% de los paneles fotovoltaicos de países como China, Corea del Sur y Malasia dibuja una foto del alcance de estas dependencias. A este propósito sirven iniciativas legislativas tales como la ley de materias primas críticas, actualmente en fase de negociaciones, con el objetivo de garantizar el acceso de la UE a suministros seguros, diversificados, asequibles y sostenibles.

Asimismo, urge reforzar el funcionamiento del mercado único a través de un crecimiento de la productividad, la competitividad internacional, la inversión público-privada y la inversión en I+D (apenas un 2,3% en 2020 frente al 3,26% de Japón y el 3,45% de EEUU).

Urge reforzar el funcionamiento del mercado único a través de un crecimiento de la productividad

Por otra parte, Bruselas investigará las ayudas de países como China a ciertos sectores como el automovilístico y la proliferación de vehículos eléctricos a precios artificialmente bajos como consecuencia de los subsidios del gobierno chino. Una serie de prácticas colusorias que constituyen una suerte de estocada letal a la competencia entre empresas y la integridad del mercado único europeo, y aplican una suerte de visión proteccionista que contraviene las reglas básicas del multilateralismo y la Organización Mundial del Comercio.

Decía Winston Churchill que el precio de la grandeza es la responsabilidad. A menos de 300 días para las elecciones al Parlamento Europeo, es hora de defender los logros conquistados y pelear incansablemente las conquistas pendientes. El propósito debe ser firme: más unidad, más integración europea y más democracia.

*** Alberto Cuena es periodista especializado en asuntos económicos y Unión Europea