Lo peor de ese rifirrafe es el hecho, según parece aceptado por la izquierda y por la derecha patrias, de que las pensiones han de indexarse al IPC. En el caso del PP, ello supone revalidar la derogación de las reformas realizadas en 2013 por ese partido que introdujeron dos mecanismos correctores, el Índice de Revaloización (IR) y el Factor de Sostenibilidad (FC), cuya finalidad era frenar el crecimiento exponencial del gasto de ese programa del Estado del Bienestar para evitar su insostenibilidad financiera en el horizonte del largo plazo. Esas medidas eran adecuadas y necesarias.

Por otra parte como han señalado el Banco de España, la Airef o la Comisión Europea, ligar la evolución de las pensiones a la del IPC se traducirá en un progresivo aumento del gasto público en ese capítulo hasta alcanzar como porcentaje de entre 3,2 y 3,5 puntos del PIB en 2050. Esto es un verdadero ejercicio de irresponsabilidad o de frivolidad que unido al resto de los cambios introducidos por la coalición gubernamental conduce a generar un déficit en el sistema de entre el 4,5% y el 5% del PIB dentro de diecisiete años. Esta es la realidad y no puede ser soslayada porque eso sí es mentir a los ciudadanos.

Ese agujero se producirá a pesar de la subida de las cotizaciones sociales ya realizadas y de las previstas o encubiertas por el Gobierno no sólo porque no se ven acompañadas de otras actuaciones que compensen la subida del gasto, sino también, porque supondrán un aumento de los costes laborales (la parte de la cuota social sufragada por los empresarios es ya muy superior a la existente en la media de la UE), que se traducirá en una caída de la demanda de mano de obra y en la pérdida de aproximadamente 240.000 puestos de trabajo a los tres años de su puesta en marcha conforme a los cálculos realizados por la Airef.

Esto no es nada nuevo sino la expresión tradicional de la política social-comunista: un incremento de los desembolsos del Estado más un aumento de los impuestos incapaz de financiarle lo que genera un déficit y produce además efectos negativos sobre la actividad económica.

Ese agujero se producirá a pesar de la subida de las cotizaciones sociales ya realizadas y de las previstas o encubiertas por el Gobierno. 

La incapacidad de los políticos españoles de abordar una reforma integral del sistema español de pensiones se asienta sobre dos supuestos falsos. Por un lado, existe la idea generalizada de considerar las prestaciones por jubilación existentes en España insuficientes o muy bajas en relación a las aportaciones realizadas cuando a lo largo de las últimas décadas aquellas se han incrementado por encima de lo que lo han hecho las cuotas a la Seguridad Social y el PIB; esto es, el coste de las pensiones supera el de los elementos que garantizarían su sostenibilidad.

Por otro se ha hecho creer que el modelo de cobertura del retiro es viable con ligeros retoques su estructura actual y es posible trasladar el coste de su financiación a las rentas más altas. Estas suponen aproximadamente un 10% de los trabajadores. En consecuencia, su capacidad real de contribuir a la financiación del resto, esto es, del 90% de las pensiones totales es ridícula. Otra vez, el Gobierno incurre en el error de sobre estimar la capacidad contributiva de los “ricos”, categoría cada vez mas extensiva por un Gobierno incapaz de generar los recursos para financiar un sistema de pensiones insostenible conforme a cualquier parámetro actuarial o de puro sentido común.

Es incomprensible que el PP haya caído en la trampa de indexar las pensiones al IPC. Esto es un disparate y asumir de facto una de las peores propuestas del PSOE-UP. El sistema actual de cobertura de retiro es insostenible y esto no admite duda alguna para ningún experto sobre la cuestión. Nadie con un conocimiento mínimo del sistema extrae una conclusión diferente. Desde esta óptica resulta incomprensible que el PP haya sancionado algo que no sólo es contrario a lo sostenido con anterioridad, sino que avale una reforma contraria a una de las pocas cosas positivas que hizo en ese terreno durante el mandato de Rajoy.

El problema de fondo que muestra la posición del PP en materia de pensiones es la sensación de transmitir una imagen similar a la expresada en El Gatopardo del Príncipe de Lampedusa: “Es necesario que todo cambie para que todo siga igual”. Edito: es lo que hizo Rajoy durante sus mandatos, esa oportunidad perdida para modernizar España, que se limitó a ser el taller de reparaciones de la socialdemocracia y cuyos resultados fueron la pérdida del Gobierno y la división del centro derecha en tres partidos: PP, Cs y Vox. Esto es un potente aviso para navegantes e ignorarlo es un error.