La propia Unión Europea (UE) ha amenazado con multar a España si se legalizan más riegos. Europa ya alertó en marzo que no se cumplía la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia destinada a evitar la sobreexplotación de los acuíferos y proteger el humedal. La Junta de Andalucía dice que la iniciativa no autoriza ninguna extracción de aguas procedentes de Doñana.

Esa afirmación es probablemente cierta, pero también lo es que el desarrollo de las zonas situadas a las puertas del Parque de Doñana se ha producido sobre la base del cultivo de frutos rojos, como las fresas, que necesitan una gran cantidad de riego. Esa actividad se ha visto acompañada por la apertura de miles de pozos, muchos de ellos ilegales, que se nutren de las aguas subterráneas. Existe un conflicto entre los intereses de los agricultores y la preservación del Coto y este se produce en vísperas de unas elecciones.

La cuestión planteada en Doñana es un caso paradigmático del problema de la gestión del agua existente en España, agravada por la sequía en el país más árido de la UE y con perspectivas de desertización de amplias partes de su territorio en el horizonte del medio-largo plazo. En este contexto, es necesario plantearse cuál es la estrategia más eficaz para adaptarse a ese entorno y ello supone revisar de manera sustancial el modelo de gestión de los recursos hídricos vigente en España.

El agua es un bien económico cuya utilización está determinada por su escasez y sujeta a elección entre usos alternativos. Por añadidura es un bien de consumo y un factor de producción en numerosas actividades. Esto supone plantearse una pregunta: ¿Es el agua diferente a otro tipo de bienes para impedir que el mercado regule su uso? ¿Por qué la planificación puede asignar eficazmente el agua cuando ha fracasado de forma permanente en otros campos?

El agua es un bien económico cuya utilización está determinada por su escasez y sujeta a elección entre usos alternativos

Los análisis sobre el agua adolecen bien de una aproximación ingenieril y planificadora que hace abstracción de una cuestión básica: la necesidad de asignar de manera eficiente un recurso escaso. Con todos los matices que se quiera hay dos modos de abordar esa tarea: el mercado o la planificación, un sistema de propiedad privada y de precios o uno de propiedad pública y precios fijados por los políticos.

En España, la respuesta a ese dilema ha sido y sigue siendo la introducción de medidas de racionamiento burocrático o poner en marcha grandes proyectos de infraestructuras cuyo coste es muy elevado y cuentan con una gran oposición por su potencial impacto negativo sobre el medio ambiente. Por añadidura, la experiencia muestra que esos medios no son demasiado eficaces para promover un uso racional de los recursos hídricos.

Además, ese tipo de planes conducen a generar grandes tensiones territoriales y, en definitiva, a crear algo parecido a una guerra del agua. Como escribió Mark Twain: “El whisky es para beber, el agua para pelear”.

La experiencia muestra que esos medios no son demasiado eficaces para promover un uso racional de los recursos hídricos

El problema del agua en España no es, que lo es, su escasez sino la existencia de un marco institucional ineficiente para gestionarla. El origen de esta situación es la ausencia de derechos de propiedad sobre ese recurso y de un sistema de precios capaz de ajustar la oferta y la demanda e incentivar de este modo su empleo racional. En este sentido, la introducción de las fuerzas del mercado en la explotación del agua puede constituir un instrumento eficiente para gestionar este singular input y bien de consumo.

Ese enfoque no está respaldado sólo por una abundante literatura económica sino también por una creciente evidencia empírica. Existen importantes experiencias tanto en los países emergentes como en los desarrollados que avalan los buenos resultados de los proyectos de privatización y/o liberalización de los recursos hídricos. En California, en Australia o en Chile, por citar algunos ejemplos, la introducción del mercado ha proporcionado unos excelentes resultados que han permitido garantizar un suministro eficiente de este recurso y hacerlo compatible con la preservación del medio ambiente.

Por desgracia, la idea de avanzar en esa dirección no parece ser abrazada por ninguna de las formaciones políticas españolas. Al contrario, algunas pretenden incluso dar marcha atrás en, por ejemplo, las ciudades donde la gestión del agua es realizada por compañías privadas para municipalizarla. Todas siguen aferradas a un modelo estatista que no es capaz de dar una solución a la administración de un recurso escaso que lo será aún más en el futuro.