Un cartel de se alquila en una imagen de archivo.
Aquí no hay quien viva... de las rentas
La cercanía de las elecciones del 28M comienza a dar sus frutos legislativos. El objetivo es captar la mayor cantidad de votos posible ante un panorama electoral desalentador para quienes gobiernan en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos. Incluidos aquellos que son simbólicos y que podrían anticipar el declive político en las elecciones generales.
Por si fuesen pocas las dádivas que surgen en estos momentos, dentro de la estrategia de “Pan y Circo”, ahora se acelera la nueva Ley de Vivienda que se pretende aprobar antes del próximo encuentro electoral.
Una normativa que señala a los propietarios de inmuebles como los responsables de la falta de soluciones habitacionales y de los elevados precios del alquiler, cuando realmente son las administraciones públicas quienes deberían entonar el mea culpa tras años y años de falsas promesas sobre vivienda social que luego se quedan en nada.
En España hay terreno de sobra para urbanizar y construir viviendas. Eso permitiría aumentar la oferta, acomodar la demanda y frenar la subida de precios del alquiler. Sin embargo, lejos de diseñar medidas para liberar suelo, se tapan los errores políticos actuando sobre quienes se atreven a poner en el mercado una vivienda con el objetivo de obtener una rentabilidad que, normalmente, es muy cuestionable.
Cualquiera sabe que las decisiones de inversión de cualquier persona se fundamentan en los niveles de incertidumbre económica y jurídica. La primera tiene que ver con la evolución de la economía y la demanda. Es decir, las rentas que logrará a lo largo del tiempo.
La segunda está muy relacionada con la seguridad jurídica que el Estado garantiza a quienes acometen dichas inversiones. Por seguridad se puede entender que no cambien las leyes a mitad de partido; y que se defienda el derecho de propiedad privada, algo consagrado en el artículo 33 de nuestra Constitución. La incertidumbre, por su parte, se mide por el riesgo que asume el inversor, algo que se cuantifica en términos de rentabilidad mínima esperada.
Sin embargo, lejos de fomentar los anteriores aspectos esenciales en una relación económica, la futura Ley de Vivienda, limita el nivel y el crecimiento de las rentas futuras, eliminando las cláusulas firmadas entre dos agentes privados.
Por seguridad jurídica se puede entender que no cambien las leyes a mitad de partido
Si se hiciese para los contratos futuros, el propietario podría analizar su caso y tomar las decisiones que considere adecuadas, pero se aplica retroactivamente a los contratos que se encuentran en vigor, dañando los intereses de una de las partes a cambio de conseguir el beneplácito electoral de la otra.
El resultado de topar el precio del alquiler en otras ciudades de Europa, es de sobra conocido, y desde luego, no parece que nuestros políticos hayan descubierto el mecanismo para conseguir lo que no se ha podido ni en París o Berlín. Se trata pues, de todo un ejercicio de populismo que recaerá sobre los bolsillos de los propietarios.
Si el incremento de las rentas de alquiler no puede ser superior al 2%, cualquier inversor podría decidir poner su capital en deuda pública, que tiene una mayor rentabilidad y mucho menos riesgo.
Si tampoco puede aumentar con el IPC, la pérdida de riqueza del propietario, es evidente, porque se limita el ingreso, pero no se hace lo mismo con los gastos asociados a dicha vivienda, incluidos los impuestos y la subida de los intereses de hipoteca.
La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, explica la Ley de Vivienda este viernes.
En cuanto a seguridad jurídica, se dificultan aún más los desahucios, a los que se les añaden prórrogas, y no pone coto a la okupación, lo que incrementa los niveles de ansiedad, palpitaciones, hipertensión y estrés del propietario que, igual que el universitario cuando salen las notas de un examen, cada mes, está pendiente de recibir el pago Por donde se mire, es todo un ataque al derecho de propiedad privada y al de libre mercado.
Lo que también es de traca es considerar como gran tenedor a quien tiene 5 inmuebles, por ahora excluyendo garajes y trasteros, sin diferenciar entre quienes tienen 5 pequeños estudios o 5 mansiones.
Todos son iguales. Y los gastos inmobiliarios correrán a cargo del propietario, lo que también supone una seria amenaza a las agencias, que se pasan el día llamando a propietarios para poder intermediar. Si lo tienen complicado cuando es gratis el servicio, tengo claro lo que ocurrirá cuando, además, digan que los honorarios deben pagarlos.
La vivienda se convierte en un activo tutelado por el Estado, donde se eliminan las cláusulas que son acordadas por las partes y tanto propietario como inquilino deben ser guiados como corderos, con la falsa promesa
La vivienda se convierte en un activo tutelado por el Estado
Decía Ayn Rand que cuando para producir se necesite obtener la autorización de quienes no producen nada, la sociedad estará condenada. Estoy convencido de que todo este desatino tendrá consecuencias futuras, no sólo por la disminución de la oferta en alquiler o del gasto en conservación de los inmuebles, sino porque habrá demandas colectivas de propietarios que serán resueltas favorablemente en Europa y que obligarán a quienes gobiernen en el futuro a pagar indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados.
Si hay dudas, basta con ver los resultados de los laudos arbitrales internacionales de las primas de las renovables que han condenado a nuestro país y que están fomentando embargos y confiscando bienes de España en algunos países. Sin embargo, cuando eso ocurra, los responsables de este desaguisado estarán fuera de juego, ajenos a lo que ocurra.
***Juan Carlos Higueras, profesor de EAE Business School.
