En él se sugería un leve repunte de la formación bruta de capital en los primeros meses del año tras su débil comportamiento en los últimos trimestres de 2022. Esta hipótesis, compartida por el consenso, era en exceso optimista y hacía abstracción o, mejor minusvaloraba, los factores que lastraban una reactivación de esa variable en este año. No existían fundamentos sólidos para efectuar esa afirmación.

Si bien la incertidumbre sobre la evolución de la economía y sobre el alcance de las recientes perturbaciones financieras internacionales inciden de manera negativa sobre las expectativas de los agentes privados y, por tanto, sobre sus decisiones de inversión, lo cierto es que existían elementos previos que aventuraban su ralentización en este ejercicio.

Antes de la erupción de los problemas del SVB norteamericano y de los del Credit Suisse, los bancos habían comenzado a endurecer en toda la zona euro y en España los estándares crediticios de los préstamos y de las líneas de crédito para las empresas desde el cuarto trimestre de 2022. Esto se ha traducido en un descenso de la oferta y de la demanda crediticia como refleja el BCE en su última encuesta sobre la materia (BLS) publicada hace unos días.

Esta tendencia tenderá a acentuarse ante un aumento de la percepción de riesgo y de su tolerancia a él por la banca en el escenario del corto-medio plazo, que se ve fortalecida por la necesidad de protegerse ante el fantasma de una potencial crisis financiera.

El consumo privado, cuya debilidad resulta patente a comienzos de 2023, perderá aún más vigor en los próximos trimestres.

Desde esta perspectiva, los flujos crediticios a las compañías disminuirán, serán más caros y, dada la dependencia de las empresas españolas de la financiación bancaria, ello recortará su capacidad inversora.

A ello es preciso sumar el desincentivo para la inversión empresarial creado por la política fiscal y regulatoria del Gobierno, por el clima de inseguridad jurídica reinante en España, por la retórica anti empresas desplegada por la coalición social comunista y por la entrada del país en una dinámica electoral que impregnará la escena nacional desde ahora hasta los comicios generales y que, sin duda, se verá acompañada de un discurso cada vez más radical del Ejecutivo social podemita.

En este contexto no existen las condiciones objetivas ni subjetivas precisas para que la inversión crezca, sino para que caiga. Pero ahí no termina la historia...

El otro componente de la demanda interna, el consumo privado, cuya debilidad resulta patente a comienzos de 2023, perderá aún más vigor en los próximos trimestres. Las razones son claras. Por un lado, la persistencia de una inflación elevada afecta de modo negativo a la renta disponible de los hogares y, por tanto, a su capacidad de gasto; por otro, el endurecimiento de las condiciones monetarias cuyo impacto sobre la actividad económica aún no se ha materializado en su totalidad golpeará de modo adicional la capacidad de consumo de los hogares.

El deterioro del mercado laboral contribuirá a potenciar esos efectos depresivos sobre el gasto de las familias.

Y, finalmente, a pesar de las falacias estadísticas del Gabinete social comunista, el deterioro del mercado laboral contribuirá a potenciar esos efectos depresivos sobre el gasto de las familias. Desde esta perspectiva, la aportación de esa variable al crecimiento del PIB en 2023 será inferior a la descontada hasta ahora.

La tesis mantenida por buena parte de los analistas, la existencia de una voluminosa bolsa de ahorro acumulada en la pandemia, que sostendría el gasto de los consumidores, no es consistente.

De entrada, es aventurado pensar que la actual coyuntura y su presumible evolución animen a los individuos y a los hogares a gastar más. Pero, además, y eso es lo relevante, casi la totalidad del ahorro generado entre enero de 2020 y marzo de 2021, dos tercios, se concentra en los segmentos de la población con rentas altas cuya propensión a consumir es inferior a las de aquellas personas con ingresos medios y bajos. Estos han agotado su colchón de ahorro.

La corrección bajista al incremento de la inversión proyectada por el Banco de España resta al incremento anticipado por esa institución para 2023 (1,6%), entre 0,3 y 0,4 puntos. Esto implica que la economía española crecería este año entre un 1,3 y un 1,2%.

Salvo que se produzcan 'shocks' positivos inesperados y externos, España crecerá en 2023 por debajo de las previsiones realizadas hasta la fecha por el Gobierno.

Si, como se apunta en este análisis, es prácticamente seguro que el consumo privado no recupere su dinamismo, sino que éste disminuya, el aumento del PIB para 2023 es muy probable que se sitúe alrededor del 1% como se sugirió desde estas páginas hace unos meses.

En suma, no cabe esperar una reactivación de la actividad en la segunda mitad del año, tesis sostenida por el grueso de los analistas. Incluso, ésta puede frenarse con mayor intensidad si la apertura de China y el rellenado de los almacenamientos del gas en la UE presionan al alza sobre los precios energéticos y las presentes tensiones financieras se mantienen o se elevan.

En conclusión, salvo que se produzcan shocks positivos inesperados y externos, porque no cabe esperar ningún fenómeno de esa naturaleza de procedencia doméstica, España crecerá en 2023 por debajo de las previsiones realizadas hasta la fecha por el Gobierno, por la mayor parte de los organismos públicos y privados.

La única esperanza es que los Fondos Next Generation lleguen a las empresas privadas, lo que a la vista de como se han no gestionado hasta ahora, no permite hacerse demasiadas ilusiones.