Con una contribución de casi 100 mil millones de euros al PIB, el sector agrícola y toda su cadena de valor, hacen que España sea uno de los países de la UE de mayor relevancia en materia agrícola.

Pese a ser un sector que podría considerarse sistémico para nuestro país, no deja de llamar la atención que un 32% de los agricultores actuales se plantee el relevo generacional, un 26% optará por la venta de la explotación, mientras que el 22% optará por el cierre de su negocio y un 20% por el momento no tiene claro cuál será su decisión, según datos del informe de PWC 'El futuro del sector agrícola español' de 2019.

Con estos datos en la mano y atendiendo a que, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 51% de las explotaciones agrícolas tiene menos de 5 hectáreas, se refleja que el sector se encuentra en pleno proceso de fragmentación, proceso que puede verse acelerado por la elevada edad media de los agricultores, pues el 56% de ellos tiene una edad superior a los 55 años.

La aplicación de las medidas más vanguardistas en materia agronómica va a implicar una mejora considerable

Bajo este contexto, la búsqueda de economías de escala puede resultar más compleja y los modelos agronómicos tenderán a seguir vertientes más tradicionales y quizás no puedan aprovecharse de la constante evolución que está viviendo el sector, especialmente en materia de irrigación y mecanización de tareas tales como la cosecha o la poda.

Este tipo de evoluciones, por norma general requiere de superficies de terreno más amplias y empiezan a contar con cierto sentido económico a partir de las 100 hectáreas.

Asimismo, la aplicación de las medidas más vanguardistas en materia agronómica va a implicar una mejora considerable no sólo en la productividad y rentabilidad de los cultivos, sino a su vez en la calidad del producto final.

Pese al ruido mediático que pueda haber en torno al apetito creciente de operaciones de compraventa de fincas, en 2022 las grandes operaciones en el sector se han podido contar con los dedos de una mano, siendo probablemente la de mayor relevancia la compra por parte del grupo De Prado de 9.000 hectáreas de olivar a Atitlán, con el apoyo del fondo canadiense PSP.

Apelando al atractivo internacional que tienen España y Portugal como centros de producción agrícola, la situación actual de fragmentación supone un claro reto

Al ser la parte compradora inversores institucionales o industriales de gran dimensión, la tónica general de este tipo de operaciones suele estar caracterizada por dos aspectos: tamaño y madurez. Este tipo de compradores suele buscar explotaciones de dimensiones superiores a las 500 hectáreas y que éstas cuenten con un histórico de resultados que ofrezcan visibilidad sobre el potencial retorno de su inversión.

Apelando al atractivo internacional que tienen España y Portugal como centros de producción agrícola, la situación actual de fragmentación supone un claro reto y una oportunidad muy franca para aquellos actores que tengan la voluntad y la capacidad de realizar una tarea de consolidación y agrupación de fincas, otorgando a esa tarea una visión empresarial.

Esto permitirá no sólo ser más eficientes, más sostenibles y rentables sino también abrir la puerta a una potencial operación de desinversión a entidades agrícolas o financieras que quieran implantarse en la Península Ibérica.

*** Borja de Roda y Jaime Vázquez, gestores del Beka & Bolschare Iberian Agribusiness Fund