Con esa finalidad ha justificado la brutal expansión del gasto público, la subida de impuestos y la creciente intervención en los mercados. Desde esta perspectiva es relevante ver qué ha sucedido mediante un análisis somero de los principales indicadores sobre la cuestión elaborados por el INE y por Eurostat.

En 2018, la Tasa de Riesgo de Pobreza (TRP) española era 4 puntos inferior a la alcanzada en su punto álgido, 2014, y se situaba 2,5 puntos por debajo de la existente al inicio del mandato del PP.

La pandemia se tradujo en un incremento de la TRP en Europa, pero no todos los Estados de la UE han tenido un comportamiento similar al patrio. El diferencial entre la TRP española y la alemana se ha ampliado de 3,8 puntos en 2019 a 4,7 en 2021; respecto a Francia, de 3,7 puntos a 4,4 en ese período, y con Italia se ha mantenido 1,7 puntos. En suma, la pandemia ha aumentado la brecha entre los españoles en riesgo de pobreza y la de los ciudadanos de las otras grandes economías
europeas.

Esos datos se refieren a la TRP antes de impuestos y de que la población integrada en ese grupo reciba transferencias sociales, pensiones excluidas. ¿Qué ocurre? sucede después de que estas se materialicen? Desde 2018, el riesgo de pobreza en Irlanda ha caído entre un 16% y un 25%; en Francia entre un 10% y un 11%; en Alemania, entre un 8%-9% y en España, entre un 9,5% y un 6,4%.

Nuestro sistema de asistencia social es el que contribuye menos a reducir el porcentaje de la población "vulnerable"

Por añadidura, la TRP, en términos absolutos, se ha mantenido prácticamente estable o incluso ha caído en algunos de esos países, como Alemania o Irlanda, mientras en España se ha producido la mayor subida. En otras palabras, nuestro sistema de asistencia social es el que contribuye menos a reducir el porcentaje de la población “vulnerable”.

Si bien la TRP ofrece una descripción aproximativa a la realidad de las personas vulnerables, el Indicador de Carencia Material Severa (CMS) tiene una mayor precisión. Este incluye a los hogares que, al menos, carecen de tres conceptos de los nueve siguientes:

No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días a la semana, mantener la vivienda con una temperatura adecuada, afrontar gastos imprevistos (650 euros), se retrasa en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en los últimos 12 meses, no dispone de automóvil, de teléfono, de televisor ni de lavadora.

Al final del mandato del PP, la CMS se situaba en el 4,7% de la población. Con los últimos datos disponibles, en 2021 subió hasta 7% y se prevé su elevación al 7,3% en 2022 (Freemarket, Una política regresiva e ineficiente para proteger a los españoles y a los hogares más vulnerables, marzo 2023).

La política desplegada por el Gobierno para aliviar el impacto de la crisis y el alza de la inflación se ha traducido en un uso ineficiente de los recursos

¿Quién se ha beneficiado de los controles de precios y de las rebajas de impuestos destinadas a aliviar el coste de la crisis y de la inflación? Los hogares de mayor renta se han beneficiado un 39% más de los recortes realizados en el IVA que los hogares con menor renta y un 192% más de la reducción del precio de los carburantes.

Por su parte, el Coeficiente de Gini, que mide la evolución de la desigualdad en una sociedad determinada, se sitúa en umbrales prácticamente iguales a los de 2018, 30,4%, versus 30,3% en 2021, último dato oficial, a pesar del enorme incremento de los impuestos y del gasto público realizados por el Gobierno.

Los efectos redistributivos de la política gubernamental no se han concentrado en las familias situadas en los deciles inferiores de la distribución de la renta. Como ha señalado el FMI, “los beneficios se acumulan desproporcionadamente en los hogares de mayores ingresos”.

Los indicadores convencionales que se han comentado tienen toda su vigencia y utilidad, pero es interesante y muy ilustrativo introducir otro, el denominado Precio del Tiempo (PT). Este muestra la cantidad de horas que una persona necesita trabajar para obtener dinero suficiente para comprar un bien o un servicio.

En 2018, un individuo con su salario mensual medio necesitaba trabajar 23,3 horas para hacer frente al gasto mensual medio de la cesta de la compra; en 2022, 24,8. Para pagar su factura de electricidad al mes había de emplear 4,9 horas; 15,9 en 2022. Para comprarse un coche, 1.419 y 1.734 en 2022 y para adquirir una vivienda, 13.865, frente a 14.636 en 2022. Estos ejemplos podrían ampliarse, pero son bastante ilustrativos.

La política desplegada por el Gobierno para aliviar el impacto de la crisis y el alza de la inflación sobre las economías familiares, en especial, sobre aquellas en una posición más frágil no puede calificarse de exitosa. Se ha traducido en un uso ineficiente de los recursos cuyos efectos redistributivos reales han sido inexistentes. Y estos son los amigos de los “pobres”…