Ante estos datos, se echa en falta un análisis de mayor profundidad que analice las razones técnicas que motivan esta actualización y así poder entender y valorar las implicaciones económicas que puede tener en nuestras facturas. Es el objetivo de esta tribuna arrojar un poco de luz sobre estos aspectos.

El proyecto, promovido por Red Eléctrica de España y su homóloga francesa Réseau de Transport d'Électricité, fue hecho público en 2017 como una alternativa a las interconexiones eléctricas transpirenaicas. Ya para entonces el proyecto había sido designado de interés común por parte de la Comisión Europea y su naturaleza estratégica había sido reconocida mediante una subvención directa de 578 millones de euros, la subvención más elevada nunca asignada a un proyecto de estas características.

Francia se beneficiará mayormente de una electricidad más barata, por lo que parece difícil de entender que el reparto de la inversión del nuevo acuerdo sea el mismo

Bajo esta situación, se llegó al acuerdo, por parte de las agencias reguladoras y las operadoras del sistema eléctrico español y francés, de que la parte española se hiciese cargo de un 55% de la inversión, todo esto a pesar de que un 70% de la obra discurre en suelo francés.

Aquella primera decisión sobre el reparto de costes se basaba en que, según el análisis de coste-beneficio presentado, los consumidores españoles disfrutarían de una mayor cuota sobre los beneficios socioeconómicos, en concreto, un 65% del total. La razón técnica es que, dado el papel histórico de Francia como exportador neto de electricidad a España, principalmente de origen nuclear, la interconexión contribuiría mayormente a reducir el coste de la electricidad en España, quien sería, desde una perspectiva económica, la principal interesada en la construcción del enlace.

Sin embargo, en estos 6 años han ocurrido una serie de acontecimientos técnicos y económicos que nos obligan a plantearnos si se puede seguir planteando el proyecto.

El proyecto ya sufrió un primer contratiempo en 2019, cuando la promotora finalmente admitió lo que muchas voces expertas ya señalaron desde el principio: la dificultad de perforar el cañón del Capbreton, hasta llegar a modificar el trazado. Desaparecía así una de las tres razones por las que, según el expediente, estaba justificada la cuantiosa ayuda de 578 millones de euros; sin embargo, la subvención nunca fue reevaluada.

Tenemos el cóctel perfecto para que se vuelva realidad la pesadilla de convertirnos en la pila renovable del continente

Lejos de cuestionar el proyecto, se anunció un nuevo trazado que proponía salvar la perforación del cañón saliendo a tierra, rodeando los municipios franceses de Capbreton, Soorts-Hoosegor y Seignosse, antes de incorporarse nuevamente al mar. El nuevo trazado, a pesar de haber recibido una evaluación negativa por parte de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza francesa, ha obtenido sorprendentemente el visto bueno de la administración competente, un hecho sin precedentes en el país vecino, extremo que ha levantado un gran revuelo en la población local.

Escuchamos muchas veces que la península ibérica está lejos de cumplir con el objetivo de elevar la capacidad de interconexión con el continente hasta al menos el 15% de la potencia instalada. Este requisito, piedra angular del reglamento sobre las redes transeuropeas de energía, desoye completamente los condicionantes orográficos que han dificultado la integración con Francia y ha dado lugar a una sobrecapacidad de producción para asegurar el suministro.

Esto, que es una consecuencia de la realidad física que suponen los Pirineos, es obviado y se pasa a utilizar como justificación para reforzar las interconexiones. Si a ello le sumamos el actual desarrollo renovable a gran escala en la denominada 'España vacía', tenemos el cóctel perfecto para que se vuelva realidad la pesadilla de convertirnos en la pila renovable del continente.

Dejando a un lado los tremendos agravios que supone este plan de especialización territorial, poco espacio se dedica a hablar de lo enormemente ineficiente que resulta este planteamiento desde el punto de vista técnico.

La última actualización del plan decenal de desarrollo de redes eléctricas europeas, el TYNDP 2022, no deja lugar a dudas. En dicho documento, propuesto por las operadoras europeas de redes eléctricas, se reconoce que, si bien el proyecto permite aumentar la penetración de energía renovable en el continente, el 85% de esta energía se perdería a lo largo de su transporte, algo difícilmente justificable desde el punto de vista de la eficiencia.

Por si esto fuera poco, el contexto macroeconómico tampoco sopla a favor del proyecto. Ya en el nuevo acuerdo de reparto de inversión se reconoce un presupuesto potencial de 3.100 millones de euros (2.850 más un desvío asumible de 250 millones de euros), lo que de momento apuntala ya un sobrecoste de más del 60%.

El caso es que 2023 no es 2017, y la relación del mix energético de España y Francia tiene poco o nada que ver con la de entonces. Los problemas con la nuclear en Francia y el actual boom renovable en España han supuesto un cambio en el sentido de los flujos de electricidad, consolidando un nuevo papel de España como exportadora neta hacia Europa.

Bajo este nuevo escenario, donde Francia se beneficiaría mayormente de una electricidad más barata, parece difícil de entender que el reparto de la inversión del nuevo acuerdo sea sustancialmente el mismo: España pasa de encargarse de un 55 a un 54% de la inversión. Por si fuera poco, es preciso señalar que al nuevo acuerdo coordinado no acompaña ningún análisis de coste-beneficio, lo que imposibilita justificar la inversión. Parece responder al hecho de que se trate de un reparto basado más en consideraciones políticas que técnicas. ¿Tendrá algo que ver el privilegio ibérico del tope al gas?

Antes de acabar, se debe señalar que los 1.200 millones de euros que deberá sufragar España bajo el nuevo acuerdo serán pagados íntegramente por los consumidores vía factura. Esto supondrá un incremento sustancial en un momento en que muchas familias tienen serias dificultades para llegar a fin de mes.

Todo ello sin considerar los más que probables incrementos de coste por la carestía de los suministros y la falta de oferta de barcos cableros. Ante esta situación, se hace urgente abrir el debate sobre el plan europeo de interconexiones antes de que sea demasiado tarde y se acabe endeudando a las familias con un planteamiento tan injusto territorialmente, ruinoso económicamente e ineficiente en términos de energía.

*** Álvaro Campos-Celador es investigador y profesor agregado e investigador del departamento de ingeniería energética de la universidad del País Vasco UPV-EHU