Desde antipatriótica hasta inaceptable, la catarata de improperios lanzada por el Gabinete contra la empresa presida por el Sr. Del Pino tiene también el estilo amenazante, propio de esos matones impotentes, incapaces de materializar sus bravatas.

El Ejecutivo no tiene capacidad alguna para impedir la deslocalización de Ferrovial hacia ningún lugar y, menos, hacia un Estado miembro de la Unión Europea. La cuestión relevante no es, pese a su importancia, la salida de Ferrovial de España, sino por qué una gran compañía española ha optado por hacerlo.

"La cuestión relevante no es, pese a su importancia, la salida de Ferrovial de España, sino por qué una gran compañía española ha optado por hacerlo"

Y, cuando se plantea esa pregunta, es imposible obviar la enorme responsabilidad de la entente social-comunista, de su política y de su retórica contra las empresas sean grandes, pequeñas y medianas. La reacción pánico-histérica gubernamental obedece además a dos potenciales riesgos: primero, la posibilidad de que otras corporaciones sigan los pasos de la liderada por Rafael del Pino; segundo, la pésima señal que el "voto con los pies" de Ferrovial lanza a los inversores extranjeros y a los mercados, destruyendo la falsa imagen de Arcadia Feliz vendida por la propaganda gubernamental en la esfera europea e internacional.

El hecho, inédito en la historia contemporánea de España, de que una gran empresa opte por situar su cuartel general en un país extranjero es de facto una moción de censura a la política y a la gestión gubernamentales. No constituye, como ha señalado la Sra. Calviño, un daño a la imagen y a los intereses de España, sino a los del Gabinete responsable de haber creado un entorno cada vez más hostil para el desarrollo de la actividad empresarial. Quien siembra vientos, recoge tempestades y los hechos y las palabras no son inocuos. Tienen consecuencias.

De entrada, es básico recordar algo elemental: una empresa tiene el derecho a instalarse donde quiera si sus propietarios lo consideran oportuno y no está al servicio del Gobierno, sino de sus dueños y de sus clientes.

Por añadidura, una compañía cuya propiedad está mayoritariamente en manos de inversores foráneos no toma sus decisiones por el capricho de, por ejemplo, el Sr. Del Pino sino porque esa es la voluntad de sus accionistas formada tras una evaluación racional de los costes y beneficios derivados de la decisión que adoptan. La subida de Ferrovial en la bolsa certifica cómo ha valorado el mercado su cambio de sede y las razones para justificar la deslocalización son múltiples.

Para empezar, el Ejecutivo social-comunista ha incrementado la fiscalidad empresarial en España de una manera brutal. La proporción de recaudación procedente de las compañías patrias es muy superior a la media europea. Aquellas aportan a los ingresos públicos el 32,5% del total, mientras en el promedio de la eurozona lo hacen en un 23,9%. Por añadidura, el Impuesto de Sociedades presenta una presión fiscal normativa un 23,7% más elevada que la media de la UE y un 22% superior a la de la zona euro.

La Vieja Piel de Toro se ha convertido en un infierno tributario a lo largo del mandato de este Gobierno. Pero ahí no termina la historia.
Los Países Bajos no son un paraíso fiscal como no lo es Irlanda, sino un Estado europeo que con inteligencia ha creado un entorno tributario, jurídico y regulatorio atractivo para los inversores y para las empresas.

"El Impuesto de Sociedades presenta una presión fiscal normativa un 23,7% más elevada que la media de la UE y un 22% superior a la de la zona euro"

Nadie ni nada obliga a España a tener un sistema fiscal tan depredador como el existente. Esta es la decisión de un Gobierno que concibe a las compañías como vacas lecheras cuya única función es la de ser ordeñadas de forma manera inmisericorde para financiar un aumento del gasto público disparatado en vez de valorarlas como lo que son: la fuente de creación de riqueza y de puestos de trabajo en una economía de mercado. Y hay más…

La inseguridad jurídica y regulatoria asentada en la arbitrariedad gubernamental introducen un elevado nivel de incertidumbre y esto es letal para desplegar proyectos empresariales. Las alteraciones discrecionales e inesperadas de las reglas del juego han sido y son una constante en la acción del Gobierno y ese es un riesgo inasumible. En la España actual, cualquier compañía sólo puede tener clara una cosa: quienes gobiernan el país están dispuestos a romper el marco institucional cuando sus intereses partidistas lo aconsejen.

Desde el comienzo de su andadura, pero con especial intensidad en el último año, el Gobierno y sus acólitos se han embarcado en una campaña de insultos y descalificaciones contra las empresas y contra los empresarios. Les han transformado en un "enemigo interno" al que combatir. La izquierda patria recurre de modo constante y creciente a la demagogia y al populismo los instintos más bajos de los individuos: la envidia, el resentimiento y la atribución a terceros del origen de todos los males.

En medio de una crisis con efectos muy negativos sobre el nivel de vida de extensas capas de la población, las compañías, sobre todo las grandes, son perfectos chivos expiatorios. El capitalista con chistera y puro, explotando con su insaciable avaricia a los pobres trabajadores. Qué lamentable…