Como su idea inicial y de la sus correligionarios podemitas, prohibir los despidos, no tiene cabida en el orden constitucional y en una economía de mercado, el encarecerlos sería la fórmula ideal para evitar esos males.

La tesis sostenida por la señora Díaz no es cierta y no guarda relación alguna con la realidad. Si se atiende al coste del llamado despido procedente para los trabajadores fijos en la OCDE, el vigente en España es el quinto más alto de los 37 países integrados en esa organización cuando el empleado lleva 4 años en una compañía y el tercero más elevado si la relación laboral se resuelve a partir de los 20 años.

El coste del despido procedente para los trabajadores fijos en España es el quinto más alto de los 37 países de la OCDE

El improcedente, es el tercero más caro de la OCDE y el primero si se toma como referencia la UE. Y, por cierto, España y Hungría son los únicos estados europeos que han endurecido la regulación del despido a raíz de la crisis inducida por la pandemia (Employment Outlook 2020, Worker Security and Covid-19 Crisis, OECD, 2021).

La teoría económica predice que cuanto mayor sea la carestía del despido, menores serán los incentivos de los empresarios para demandar mano de obra, en especial fija e indefinida, en tanto anticipan los costes que implicaría rescindir ese tipo de contratos en caso el de que eso fuese preciso.

Ello conduce a una menor creación de puestos de trabajo, en especial, de los individuos con bajos niveles de productividad, incrementa la rotación laboral y elimina los incentivos de las compañías a invertir en la formación de su capital humano. En otras palabras, un despido caro constituye un impuesto sobre el empleo. Pero ahí no termina la historia.

Unos costes del despido elevados aumentan la rigidez del mercado de trabajo y reducen su capacidad de adaptarse al cambio, desincentivando la traslación de la fuerza laboral de las empresas y de los sectores con menor crecimiento-productividad hacia aquellos en los que ese binomio tiene una tendencia al alza.

Cuanto mayor sea la carestía del despido, menores serán los incentivos de los empresarios para demandar mano de obra

Por añadidura, la innovación y la inversión son inferiores a las que, ceteris paribus, podrían producirse porque los costes de emprender esas iniciativas se incrementan en presencia de una regulación onerosa para rescindir la relación laboral. La combinación de ambos elementos se traduce en una erosión del potencial de crecimiento de la economía en el medio-largo plazo.

Por otra parte, la disparidad entre los costes del despido de los trabajadores fijos y los temporales ha sido la causa básica de la crónica dualidad existente en el mercado laboral español como han señalado de manera permanente el consenso de los economistas y los organismos internacionales.

Los estímulos para contratar a un individuo por tiempo indefinido o convertir en esta modalidad contractual uno temporal cuando éste llega a término disminuyen de manera dramática si hacerlo implica asumir unos costes tan elevados como los vigentes en España ante la posibilidad de que en un momento dado sea preciso ajustar las plantillas.

El Gobierno ha intentado camuflar esa dinámica restringiendo los supuestos en los que sea posible recurrir a la temporalidad y potenciando los llamados contratos fijos-discontinuos que se han transformado de facto en sustitutos de los antiguos temporales con la ventaja de que sus titulares no computan como parados aunque no estén realizando trabajo alguno.

Los llamados contratos fijos-discontinuos que se han transformado de facto en sustitutos de los antiguos temporales

Para decirlo de manera clara, la señora Díaz y sus acólitos han recortado de manera artificial y estadística la dualidad que sigue persistiendo en el mercado de trabajo español y que se acentuará si su deseo de encarecer el despido se materializa.

El encarecer el despido es un sólo un nuevo paso en el deseo gubernamental de configurar un marco de instituciones laborales de una extraordinaria rigidez y, por tanto, ineficiente e ineficaz para generar empleo estable y recortar la abultada tasa de paro existente en España.

La política desplegada por la señora Díaz vulnera todos los principios elementales sentados por la ciencia lúgubre; carece de fundamento teórico y empírico y, eso sí, constituye un ejemplo de lo que no hay que hacer, lo que simplifica de manera significativa lo que sí ha de hacerse: flexibilizar de forma radical el mercado de trabajo español.