Uno de los principales desafíos de la banca ha sido precisamente el cumplimiento de esa normativa en un entorno de tipos de interés negativos que ha condicionado bajas rentabilidades. Ahora, la elevación de tipos por parte del BCE para contener inflación está permitiendo mejorar sus márgenes de intermediación y sus rentabilidades. En 2022 la gran banca española -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- obtuvo un beneficio conjunto récord de 20.850 millones de euros, esto es un 28% más que en 2021.

La subida de los tipos puede provocar también un aumento de la morosidad. Frente al crecimiento del 5,5% de 2022, en 2023 el PIB aumentará ligeramente por encima del 1% -según las previsiones más optimistas podría llegar al 2%-. La creación de empleo y la actividad económica se frenarán, lo que, unido a la elevada inflación, sobre todo subyacente, puede significar, por una parte, más morosidad y, por otra, menos demanda de crédito. El propio BCE, en su último Informe de Estabilidad Financiera, ha alertado de un aumento de los riesgos de estabilidad financiera en la zona euro.

En este sentido, resulta muy acertado el Código de buenas prácticas aprobado el pasado 24 de noviembre, al que se han ido adhiriendo de forma voluntaria el conjunto de las entidades bancarias, para aplicar medidas que faciliten a los clientes con menores ingresos hacer frente a sus hipotecas.

Primero, porque alivia la carga hipotecaria a las familias vulnerables que mayormente están sufriendo las consecuencias de la pérdida de poder adquisitivo; segundo, porque se minimiza el riesgo de aumento de la morosidad; y en tercer término, porque permite a las entidades bancarias mejorar su reputación.

El Código establece medidas para reestructurar la cuota hipotecaria a las familias vulnerables o facilitar el cambio a tipo fijo. Hasta ahora la acogida a estas medidas ha sido reducida, quizá porque los posibles beneficiados no tienen suficiente información o porque las condiciones para acceder a las mismas son demasiado exigentes -el límite de ingresos familiares (25.200 euros para las familias vulnerables; 29.400, para las que están en riesgo), la cuota de la hipoteca superior a ciertos límites de los ingresos familiares (de entre el 30% y el 50%) o el límite de 300.000 euros para el precio de adquisición de la vivienda habitual, entre otros-.

Para aumentar la transparencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia debería poner a disposición de todos los ciudadanos la información de todas las hipotecas que tienen cada entidad y sus condiciones, y velar así por la competencia, en un sector que está muy concentrado.

"Los bancos pueden arrimar el hombro, especialmente en esta coyuntura en la que crecen sus márgenes de intermediación y sus beneficios"

Adicionalmente, en función de cómo evolucione la implementación del Código, se podrían contemplar posibles modificaciones que mejoren su eficacia. Los bancos pueden arrimar el hombro, especialmente en esta coyuntura en la que crecen sus márgenes de intermediación y sus beneficios. Las medidas no deben ser nunca generalizadas, pero sí pueden ampliarse, por ejemplo, elevando el límite de ingresos a al menos 4 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, hasta 33.600 euros.

No son medidas que se puedan imponer por parte del Gobierno de forma estructural, primero, para no perjudicar el futuro crédito; segundo, porque supondría un agravio hacia el 25% de las familias hipotecadas a tipo fijo que optaron por pagar un interés más alto para no asumir el riesgo del variable; y tercero, porque sin la aquiescencia de las entidades bancarias sería difícil defenderlo ante la Autoridad Bancaria Europea al ser contratos firmados libremente por ambas partes.

Otra cosa es el tratamiento fiscal de los beneficios. En este año se esperan más subidas de tipos por el BCE. Después de elevarlos este mes medio punto más hasta el 3%, previsiblemente en marzo los subirá al 3,5%. Con un final incierto, ya que nivel general de precios sigue notablemente alejado del objetivo del 2% al que aspira la institución en el medio plazo, y el crecimiento está dando cierto margen para continuar esa tendencia alcista. Todo ello, junto con la cuasi nula remuneración de los depósitos, podría generar un nuevo incremento de beneficios para el sector.

Parece lógico, por tanto, que su contribución al erario público, por ejemplo, mediante un sobre-impuesto, se incremente. Y que una vigilancia estrecha de las condiciones de competencia genere una mayor remuneración de los depósitos bancarios, como ocurre en otros países de nuestro entorno.

También preocupa la exclusión financiera por la brecha digital que afecta principalmente a las personas mayores y a los colectivos más desfavorecidos. Para ellos, la banca debe mantener canales presenciales, después de la generalizada restructuración y cierre de las redes de oficinas bancarias, especialmente en las zonas más despobladas.

Después de la crisis financiera y el posterior rescate público que se elevó, según el Tribunal de Cuentas, a más de 60.000 millones de euros, son los bancos los más beneficiados en mejorar su reputación, logrando que el Código de buenas prácticas sea eficaz, y colaborando para que las empresas aprovechen las oportunidades de inversión que brindan los fondos Next Generation.

Desde ese punto de vista, el sector debería también ser el principal interesado en ayudar a compartir los costes de la inflación, mediante una aportación justa a los recursos públicos.

*** Mónica Melle Hernández es consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Profesora de Economía de la UCM.