La batería de subidas de impuestos, cambios regulatorios y medidas que atentan contra la inseguridad jurídica e inversora tienen un grave impacto en la economía. En 2018 la inversión extranjera en España -excluyendo operaciones en valores extranjeros- fue de 55.550 millones de euros. En 2021 no llega a 30.000 millones (29.755 millones).

España debería ser en estos años un centro mundial de atracción de inversión extranjera. Tenemos condiciones, talento, conexión con Latinoamérica y Europa y un clima envidiable. No solo eso, podríamos haber aprovechado el entorno de incertidumbre en otros países para poner el cartel de “invierta con nosotros”. Y el gobierno ha hecho lo contrario.

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Llevamos años con inversión extranjera a casi la mitad de los niveles de 2018. En vez de capitalizar nuestra posición como un centro global de atracción de inversión extranjera, dejamos que se quede en casi la mitad de la cifra de 2018 mientras el gobierno aplaude una tras otra las medidas que cercenan crecimiento potencial y atractivo inversor.

No podemos pensar que los últimos movimientos del gobierno y sus socios de coalición son irrelevantes. Atacar a la separación de poderes, poner en peligro las instituciones y dinamitar los organismos que suponen un contrapeso al poder político tiene un impacto económico.

No solo es la fiscalidad, pero también. España se ha convertido en un país en el que los impuestos que pagan las empresas están entre los más elevados de la Unión Europea, un punto por encima de la media, según el Instituto de Estudios Económicos. La presión fiscal a las empresas se dispara, los costes laborales son inasumibles y los impuestos indirectos y directos hacen que llevar a cabo una inversión productiva sea una quimera.

La elevada carga fiscal y el inasumible coste de la inseguridad jurídica y regulatoria hacen que el coste de capital de las empresas aumente y con ello se prefiera invertir en cualquier otro país donde no se asalte al sector productivo con una burocracia inservible, periodos interminables para recibir una licencia, marañas de requisitos burocráticos peregrinos y encima falta de seguridad inversora.

La presión fiscal a las empresas se dispara, los costes laborales son inasumibles y los impuestos hacen que una inversión productiva sea una quimera

En España el poder político se ha vuelto asfixiante y autoritario. El más mínimo atisbo de innovación y emprendimiento es asaltado en el momento en el que genera algo de rentabilidad.

El ataque constante del gobierno y sus socios a supermercados, energéticas, bancos y cualquier sector que les convenga para su propaganda no sale gratis. Cualquier ciudadano que quiera invertir sabe que su empresa no puede crecer y ganar cuota de mercado porque en el momento en el que entre en el radar del ejecutivo confiscador va a ser demonizado y asaltado.

No es una casualidad que en España el tejido empresarial sea tan débil. No hay incentivo al crecimiento, de hecho, hay enormes desincentivos.

Un inversor extranjero que vea el asalto a las instituciones del poder político debe inmediatamente revisar al alza el riesgo estimado para su inversión en España y con ello aumentar el coste de capital.

El gobierno se vanagloria de que entren 29.700 millones de euros de inversión extranjera, una enorme cantidad al sector inmobiliario, y, como siempre, se olvida de que entraban 55.500 millones, pero además esa cifra de 2018 seguía siendo muy baja para el potencial de la economía española.

Es peor. De toda la inversión extranjera que ha llegado a España, el 74% ha ido a Madrid, la comunidad autónoma que mantiene la mejor combinación de libertad económica y seguridad inversora. Solo hace diez años, ese porcentaje era del 60%.

De toda la inversión extranjera que ha llegado a España, el 74% ha ido a Madrid

¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno de España ante la evidencia de que atraemos mucha menos inversión extranjera que en 2018 y que la inmensa mayoría se va a Madrid? Destruir a Madrid. En vez de salir del infierno fiscal en el que se ha convertido la mayor parte del territorio nacional, el objetivo es que Madrid se convierta en otro infierno tributario.

No aprendemos porque el poder político que está asaltando las instituciones una a una no busca el progreso, sino el control.

En los próximos meses se va a empeorar esta situación.

El mal llamado “impuesto a las grandes fortunas” ha sido eliminado en toda la Unión Europea porque, además de tener un efecto recaudatorio mínimo, genera mayores problemas para atraer inversión y capital.

Es curioso que el gobierno entienda perfectamente la importancia de una fiscalidad atractiva para atraer capital en su Ley de Start-Ups y en su oferta a nómadas digitales. Un ciudadano británico “nómada digital” que venga a vivir a España pagará casi la mitad de impuestos que un ciudadano español.

Una start-up recibirá enormes beneficios fiscales. Sin embargo, en el momento en el que esa empresa pase de ser un proyecto embrionario a una entidad generadora de riqueza y empleo duradero, van a expoliarla con una fiscalidad más elevada que la media de la Unión Europea.

Es curioso, el gobierno considera que los nómadas digitales del mundo, que no son precisamente clase media baja, merecen una fiscalidad muy atractiva, pero usted, no. El gobierno entiende que una fiscalidad atractiva es clave para atraer empresas tecnológicas y talento de alta productividad, pero a las empresas y talento español los crujen a impuestos.

España tiene todos los requisitos para ser un centro mundial de inversión y crecimiento empresarial. Con Sánchez y Podemos en el gobierno solo se erosiona nuestro enorme potencial.