El intervencionismo nunca tiene como objetivo reducir la inflación, sino encontrar maneras creativas e innovadoras para disfrazarla. Y cuando las medidas del Gobierno no tienen como objetivo mejorar la situación de los ciudadanos el resultado es siempre descontento y desconfianza.

El tope del gas disfraza la subida real de las tarifas y la reforma laboral esconde desempleados como fijos discontinuos. Nada de ello mejora la vida de los ciudadanos.

Sobre ambas cuestiones, recientemente hemos conocido tres cifras que nos deberían preocupar. En los datos del paro de octubre, los fijos discontinuos sin empleo -que no computan como parados- aumentaron en 123.000 personas. Además, 42.000 firmaron más de un contrato indefinido. Los desempleados efectivos son 3.394.401, según USO y Randstad.

Por otro lado, y según la OCU, los usuarios sufrieron un sobrecoste del 30% en su factura eléctrica de septiembre. El tope del gas ha subido el recibo de la inmensa mayoría de los clientes y ha disparado las transferencias de fondos a Francia.

El tope del gas ha subido el recibo de la inmensa mayoría de los clientes y ha disparado las transferencias de fondos a Francia

Por último, el coste de la ayuda de veinte céntimos en los carburantes se ha disparado a 3.697 millones de euros, un 28% más.

Esas tres cifras son preocupantes porque significan más paro, más coste de vida y más deuda pública, mientras el Gobierno se lanza a su habitual batería de mensajes eufóricos.

Tope del gas

El precio medio del gas en septiembre en el mercado, sin tope, habría sido 282 euros por megavatio hora (MWh). Con limite de precio, la media es de 240 euros/MWh (142 euros/MWh del precio spot más 98 de la subvención). Parece una bajada del 15%, ¿verdad? Pues no.

El cliente con contrato regulado ha visto un aumento del 27% en su factura a septiembre, según la OCU. Es peor, a los usuarios con contrato fijo les supone un incremento masivo (+98 euros/MWh), además de convertir sus contratos fijos en variables con una variación impredecible que depende del precio del gas.

El cliente con contrato regulado ha visto un aumento del 27% en su factura a septiembre, según la OCU

Ese tope del gas implica un envío masivo de fondos a Francia, que se beneficia de comprar energía de España a un precio intervenido que pagamos los consumidores. El coste acumulado de exportaciones a Francia, desde el 15 de junio al 4 de noviembre, supera los 715 millones de euros.

La financiación del coste de esta medida intervencionista también perjudica a los consumidores españoles, quienes están financiando el 93,5% del coste de la medida ibérica y Portugal sólo paga un 6,5% cuando su peso en el mercado ibérico es del 20%.

Si se enlazan doce meses de “excepción ibérica”, el 73% de la demanda española financiará la medida frente al 35% de la portuguesa. El coste de la medida, a día de hoy, supera los 13.000 millones de euros.

El Gobierno envía más de 700 millones de euros a Francia para disfrazar el índice de precios al consumidor (IPC), que se calcula con la tarifa regulada, y que “ha bajado” a costa de repercutir el aumento por el tope del gas a todos los consumidores. Incluso a aquellos que tenían contrato fijo, en un término adicional de la factura.

¡Enhorabuena! Le han bajado el IPC y lo paga usted por otro lado con una subida brutal de la tarifa

¡Enhorabuena! Le han bajado el IPC y lo paga usted por otro lado con una subida brutal de la tarifa. El problema no es que se tomen medidas, es que se engañe a los ciudadanos.

¿Recuerdan cuando nos decían que las eléctricas se forraban vendiendo nuclear e hidráulica a precio de gas? Introdujeron un límite de 67 euros/MWh para estas tecnologías, aunque Europa lo estableció a 180 euros/MWh. El Ejecutivo no ha recaudado casi nada por este concepto porque era falso, se vendía en contratos a largo plazo.

IPC

La bajada del IPC no es un error del Instituto Nacional de Estadística (INE), sino un cambio de política que hace el cómputo de la electricidad difícil de comparar. No olvidemos que hace unos meses algunos economistas gubernamentales acusaban al INE de exagerar la subida de precios e inflar el IPC más de un 30%. Pero aquí desmontamos esa mentira.

Los mismos que hicieron una campaña injusta contra el INE por el cálculo del IPC ahora dicen que el cálculo es perfecto. Los mismos. El cálculo es y era correcto, solo que el cambio de política hace complicada la comparación equivalente. Por eso se analiza más la inflación subyacente (que ha seguido subiendo a un 6,2%).

Los mismos que hicieron una campaña injusta contra el INE por el cálculo del IPC ahora dicen que el cálculo es perfecto

El INE computa en el IPC la tarifa regulada (PVPC) que ha bajado al sacar el precio del gas y pasarlo a todos los demás consumidores. Esto afecta al 20% de los clientes. Todos han visto su tarifa subir.

Antes, además, también se usaba la tarifa PVPC en el cálculo del IPC. No es error del INE, es cambio de política, pero no significa que usted o yo paguemos menos por la electricidad. De hecho, es lo contrario.

No es bajar el paro

A la cifra de paro de octubre -2.914.892 millones de personas- se deben sumar, para conocer el paro efectivo, los desocupados que no aparecen en la cifra oficial. En ella se incluyen los 218.787 parados “en formación” y no ocupados, así como los 250.702 desocupados de “disposición limitada”, sin olvidar que todavía hay 19.900 personas en ERTE.

Tener 20,3 millones de afiliados donde unos 470.000 no están trabajando ni cotizando es, como mínimo, dudoso a la hora de hablar de éxito de empleo. Sólo el 18% de los contratos son indefinidos a tiempo completo. El 82% son temporales, indefinidos a tiempo parcial o fijos discontinuos. Además, aún hay 50.000 empresas cotizando menos que antes de la crisis de la Covid-19. 

Nadie pone en duda que fomentar los contratos fijos discontinuos puede ser una medida aceptable para ir reduciendo la temporalidad, pero no lo es cuando se convierte en un contrato de obra y servicio de pocos meses, incluso días, en un indefinido por decreto solo para esconder parados. Por eso se ha desplomado la duración media de los contratos.

Nadie pone en duda que se tengan que tomar medidas para reducir la factura energética de los más desfavorecidos, pero disparar el coste -que significa más deuda- a más de 16.000 millones -combustibles y tope del gas- para disfrazar la cifra de IPC es contraproducente.

Es todavía peor, porque el efecto bumerán, cuando se eliminen esas medidas, será un aumento mayor de impuestos y costes para las familias. El INE está reflejando correctamente el IPC con los baremos de cálculo que tiene, pero eso no refleja el coste de esas medidas en el bolsillo del ciudadano.

Que se escondan como “fijos discontinuos” personas sin empleo no es un récord de trabajo. Que se venda como reducción de inflación pasar el coste del gas a otra parte de la factura es un engaño.