A diferencia de lo sostenido por los portavoces del Ejecutivo, el BCE no se limita a realizar precisiones de carácter formal, sino que cuestiona la conveniencia del 'impuestazo' a las entidades crediticias en la actual coyuntura económica. De la lectura de su comunicado queda en evidencia el carácter ideológico del  tributo y sus potenciales consecuencias dañinas para la economía y para la estabilidad del sistema bancario.  

De entrada, el BCE destruye la finalidad redistributiva del 'impuestazo' proclamada por la coalición social-podemita. En un escenario de crisis económica y de incertidumbre, el tributo debilita la capacidad de ajuste de los bancos a los shocks, limita su capacidad de proporcionar crédito a las familias y a las empresas, le encarece y, por tanto, impacta de forma negativa sobre la economía real.

"El BCE destruye la finalidad redistributiva del 'impuestazo' proclamada por la coalición social-podemita"

El BCE dice con claridad meridiana que el 'impuestazo' no toma en consideración el ciclo económico en su totalidad, al no incluir, entre otras cosas, el costo operativo del riesgo de crédito. Como resultado, el monto del gravamen temporal podría no ser proporcional a la rentabilidad de una entidad de crédito.

 Esto es de una extraordinaria importancia en un contexto económico-financiero en el que los bancos se verán forzados a aumentar sus provisiones ante la contracción de la economía en el horizonte del corto plazo y, ante, la incertidumbre reinante en el medio plazo.

A ello hay que sumar las enormes provisiones ya realizadas por las entidades crediticias para reducir el riesgo de su exposición a los activos no financieros de las empresas que operan en los sectores muy intensivos en energía (Hernandez de Cos, The Spanish Banking Industry and the Economic Challenges Ahead, Menéndez Pelayo University, 2022).

Tampoco soporta el BCE la idea gubernamental de prohibir a las entidades crediticias repercutir a los clientes el 'impuestazo' porque ello entraña incertidumbre, así como riesgos operativos y reputacionales.

"La cooperación del Banco de España en el objetivo gubernamental de evitar el traslado del impuesto a los clientes de los bancos ha de ser marginal"

Por tanto, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, el BCE considera que el precio de los préstamos ha de reflejar todos los costes relevantes, entre los que se encuentran, como es obvio, los fiscales. Y, para cerrar el círculo, considera que la cooperación del Banco de España en el objetivo gubernamental de evitar el traslado del impuesto a los clientes de los bancos ha de ser marginal, en tanto esa tarea, de realizarse, corresponde a la CNMC.

El antiguo instituto emisor español no es ni puede ser un apéndice de la política fiscal del Gobierno. Por otra parte, de forma palpable, se manifiesta la distorsión en la competencia dentro del sistema bancario español causada por un impuesto que se aplica solo a las nueve mayores instituciones.

Este criterio discriminatorio carece de justificación y se traduce en una arbitraria, discrecional e injusta atribución de costes a unos y de beneficios a otros que rompe cualquier principio razonable sobre el que ha de asentarse un mercado eficiente y competitivo.

Es un prejuicio hacia los grandes cuya única explicación es de naturaleza sectaria e ideológica.  Si bien esas advertencias del BCE bastarían para desacreditar la propuesta gubernamental del 'impuestazo' a la banca, el punto 3.4 de su nota resulta demoledor ya que pone en entredicho la consistencia y el rigor técnico del procedimiento empleado para introducir esa fórmula tributaria.

La máxima autoridad monetaria sostiene que el proceso de aprobación legislativa de esa iniciativa ha de verse acompañado por un análisis de sus potenciales efectos negativos sobre el sector bancario. A buen entendedor, esto significa que el Gobierno ha llevado al Congreso de los Diputados un proyecto que no cumple ese requisito básico y fundamental, lo que resulta de una extraordinaria frivolidad e irresponsabilidad.  

A la vista de lo narrado, la tesis gubernamental según la cual el BCE se ha limitado a realizar comentarios técnico-formales sin entrar en el fondo del 'impuestazo' es una falacia. Una más de la incontable retahíla de medias verdades, muchas mentiras y todas envueltas en el populismo y la falta de rigor mostrada por el Gobierno en el campo de la economía. Por desgracia, el rapapolvo del BCE no tiene fuerza imperativa y, en consecuencia, puede ser ignorado por la coalición social-comunista y, no lo duden, eso es lo que ocurrirá.