Se ha demostrado a lo largo de la historia que su establecimiento acaba generando, en el medio y largo plazo, efectos perniciosos en el bien o servicio intervenido. De manera concreta, acaba produciendo: (i) escasez, dado que al precio de intervención hay más demandantes que oferentes; (ii) reducción de la calidad del bien o servicio, dado que, al no poder elevar el precio con el aumento de la demanda, los productores tenderán a bajar esta para mantener su margen o evitar que caiga significativamente; (iii) la escasez implica que al final se malgaste el tiempo en la búsqueda del bien o servicio, se formen listas de espera y se incentive el pago con dinero “bajo cuerda” si es necesario; (iv) pérdidas irrecuperables en la economía al producirse menos cantidad que la requerida por la sociedad, y (v) una incorrecta asignación de recursos, al no ser el precio un discriminante.

Los argumentos para el control de precios son siempre los mismos, resumiéndose en que sin su existencia el bien intervenido no podría ser obtenido por la gente más desfavorecida. No es cierto que la intervención facilite el acceso a este estrato de la población. En realidad, a veces pasa justo lo contrario.

Además, existen otras maneras de facilitar a una persona con pocos recursos el acceso a un bien o servicio determinado sin intervenir el mercado. Como suele ser habitual, el camino al infierno está siempre pavimentado de buenas intenciones. El gran problema con las intervenciones de precios es que los efectos no se ven de manera inmediata y que, al contrario que los economistas, el público no relaciona los efectos posteriores con estas.

Durante los últimos meses se está reavivando a nivel global la polémica sobre la posibilidad de establecer controles a los precios de los alimentos básicos para paliar el efecto desastroso de su notable encarecimiento. Otra vez, por desgracia, volvemos con el debate de los “precios máximos”, sobre todo cuando la experiencia histórica en muchos países y en distintos momentos está bastante contrastada y cuyos resultados siempre han sido nefastos.

No es cierto que la intervención facilite el acceso a este estrato de la población. En realidad, a veces pasa justo lo contrario

The Heritage Foundation publicó en el año 1987 el libro, de lectura obligada, 4000 años de controles de precios y salarios. Cómo no combatir la inflación. Un repaso histórico a las medidas de controles de precios, muy documentadas, que abarcan desde la antigüedad (Egipto, Babilonia, Sumeria…), recorriendo todos los momentos históricos, hasta nuestros días.

Las experiencias son tan extensas que abarcan toda la historia de la humanidad y todas las zonas geográficas, repitiéndose constantemente. Por desgracia, la recopilación histórica muestra una colección de fracasos reiterada, no existiendo un solo caso donde la intervención de precios haya controlado la inflación o vencido el problema de la escasez de productos.

Las causas actuales de la inflación tienen dos componentes: uno monetario, que afecta a la demanda, y otro de oferta, como consecuencia de la disrupción de la cadena global de producción, fundamentalmente por la invasión de Ucrania y el shock de oferta producido en las materias primas (petróleo y granos).

El primero está en vías de solución, con las medidas restrictivas que los bancos centrales de todo el mundo están tomando. El segundo es de más difícil solución, puesto que, o se solventa el problema que ha originado el choque de oferta y las cosas vuelven paulatinamente a su lugar, o hay que entender que la economía ha cambiado y, por tanto, se tiene que recomponer la estructura económica. Cosa que lleva tiempo y para lo que se demandan economías flexibles con pocas rigideces.

Como indicaba recientemente el gobernador del Banco de España, hay que valorar el establecimiento de un pacto de rentas

Con una enorme ventaja frente al resto, Estados Unidos es la economía mejor posicionada, dado que su inflación tiene, sobre todo, un componente monetario y el shock de oferta es menos virulento que en otros países, además de ser una economía muy flexible y gozar de una cuasi independencia energética.

La solución no es la indexación, porque al final lo que provoca son efectos de segunda ronda que acaban generando desempleo y tampoco la intervención del precio final, porque algún miembro de la cadena de producción lo acabará pagando.

Como indicaba recientemente el gobernador del Banco de España, hay que valorar el establecimiento de un pacto de rentas, es decir, que los costes generados por el aumento de la inflación se repartan entre todos los agentes implicados (trabajadores y empresas).

Aunque en el corto plazo implique una pérdida para todos, en el medio plazo todos acabaremos ganando. La historia es un aliado muy importante para los economistas. Todo se repite, y esta vez vuelve a ser lo mismo.

*** Pedro Mas Ciordia es director general de Santander Private Banking Gestión