El consenso no es una virtud en sí mismo. Todo depende de cual sea el contenido de las políticas o medidas consensuadas; esto es, de sus consecuencias sociales y económicas en el medio y en el largo plazo.
Este es el marco correcto para analizar el acuerdo entre el Gobierno, las principales fuerzas con representación parlamentaria y los interlocutores sociales sobre el nuevo sistema de cotizaciones para los autónomos, aprobado por el Congreso de los Diputados esta semana, cuyo período de implantación se realizará a lo largo de los próximos nueve años, de 2023 a 2031.
Se trata de un pacto que, a priori, ata a las partes durante dos legislaturas, lo que es poco prudente en un escenario económico como el español. ¿Por qué no es un óptimo o un subóptimo el nuevo modelo? ¿Por qué criticar algo que goza de un amplio apoyo?
De entrada, se elimina la flexibilidad de los trabajadores por cuenta propia para elegir la cuota social que quieren pagar y, por tanto, se reduce su libertad para decidir si quieren destinar sus ingresos a ahorrar, reinvertir, contratar o cubrir su futura jubilación a través de fórmulas de carácter privado como planes de pensiones, fondos de inversión y cualquier otro mecanismo de previsión.
Esto supone atraparles de facto en el sistema público de Seguridad Social cuya situación financiera es precaria y a la que se sobrecarga con obligaciones de gasto adicionales. Esta es una pésima noticia de cara a cualquier estrategia destinada a recortar el binomio déficit - deuda pública, así como la supresión de una de las escasas válvulas de libertad-responsabilidad individual que existían en el entorno laboral y de Seguridad Social españoles.
Se elimina la flexibilidad de los trabajadores por cuenta propia para elegir la cuota social que quieren pagar
El esquema de cotizaciones pactado sustituye la actual cuota mínima de 294 euros mensuales por un sistema progresivo de 13 tramos ligado a los ingresos reales netos de los autónomos.
En términos medios y agregados, esto supone casi igualar las cotizaciones de los autónomos con las del régimen general por contingencias comunes, lo que equivale a situar aquellas casi al 28,3%.
Ello implica sí o sí un aumento de los costes laborales y, por tanto, constituye no sólo un desincentivo para la inversión de los trabajadores por cuenta propia sino también, por ejemplo, para ampliar su negocio, para aumentar su demanda de mano de obra y crear empleo, sobre todo, en las micro pymes que constituyen la inmensa mayoría del tejido empresarial español.
El Gobierno sostiene que su iniciativa se traducirá en una bajada de las cotizaciones para el grueso de los autónomos. Esta tesis ha de ser matizada. Si un autónomo ingresa 750 euros netos pagará 244,8 euros/mes, lo que no constituye un incentivo para decidirse a trabajar por cuenta propia.
Si gana menos de 900 euros al mes continuara pagando 232,6 euros en 2027 y deberá esperar a 2031 para acogerse a la cuota mínima de 183,60 euros en 2031. Si se acepta la presunción gubernamental según la cual 2/3 de los autónomos se beneficiarán de esa cotización, eso quiere decir que el Gobierno espera que 2/3 de los individuos pertenecientes a ese colectivo obtenga ingresos inferiores al SMI dentro de casi 10 años, lo que resultaría dramático.
El Gobierno espera que 2/3 de los individuos pertenecientes a ese colectivo obtenga ingresos inferiores al SMI dentro de casi diez años
El nuevo mecanismo de cotizaciones tiene un impacto negativo sobre los autónomos con rentas medias. Si se tiene en cuenta que el salario medio en 2020 fue de 2.038 euros al mes, un autónomo que ingresase esa cifra tendría que abonar 474 euros mensuales en 2027 pero en 2031 debería hacerlo por 596,7 euros.
En el supuesto de que un trabajador por cuenta propia lograse ingresar más de 4.000 euros al mes, debería hacer frente a una cotización mensual de 474 euros en 2027 pero de 1.123 en 2031.
Se introduce una progresividad que lastra de manera significativa el espíritu emprendedor e impide a los autónomos tanto acumular capital para ampliar su actividad como para cubrir sus contingencias futuras.
El modelo de cotizaciones diseñado por el Gobierno y pactado con los partidos, los sindicatos y la patronal es un instrumento sofisticado para dotar de más dinero a las arcas de la Seguridad Social.
Por añadidura es también una forma de aumentar el control sobre los autónomos por parte del Gobierno. El método establecido para calcular y ajustar sus cotizaciones a la previsión, dificilísima, de ingresos reales netos al año abre los portillos a una intervención masiva del Ejecutivo (Hacienda y Seguridad Social) en ese segmento de la economía y del mercado laboral.
En paralelo, el aumento real de costes para los trabajadores por cuenta propia derivado de la iniciativa gubernamental se traducirá bien en una reducción del número de personas ubicadas en ese segmento de la fuerza laboral bien en un incremento de la economía sumergida.
Desde esta perspectiva sorprende el grado acuerdo alcanzado por la propuesta gubernamental, salvo que se pretenda y se logre modificarla de manera sustancial en su tramitación parlamentaria.
Esa sorpresa es aún mayor en el caso de la patronal que respalda un recorte de la libertad individual y de emprendimiento sin que sea posible percibir beneficios reales de esa renuncia y, sobre todo, en el del principal partido de la oposición.
Es bastante absurdo, en vísperas de unas elecciones generales, que su potencial y probable ganador, el PP, hipoteque su capacidad de actuación en un capítulo básico, el sistema de Seguridad Social, que necesita una reforma profunda y amplia en la que la contribución de los autónomos a la financiación es una parte esencial de aquella.
Los autónomos son una de los escasos sectores de la sociedad española que habían logrado mantener unos razonables grados de libertad. Las nuevas reglas de cotizaciones reducen esta de manera significativa a cambio de unas hipotéticas y dudosas y les someten de hecho a un creciente control y dependencia del Gobierno. Según parece, a nadie parece preocuparle esto…
