En este terreno, el statu quo vigente en España protege de facto y de iure a los delincuentes santificando el robo o, al menos, la apropiación indebida de bienes que son de otros con la complicidad de los poderes públicos cuya misión es a priori protegerlos.

De manera incomprensible, la propiedad privada no se considera un derecho fundamental en la Constitución Española. Si bien, cualquier aspecto relativo a ella ha de estar regulado por Ley, la realidad no es esa.

Un sin fin de normas de ámbito inferior estatales, autonómicas y locales han reducido de manera sustancial los derechos de propiedad en España hasta convertirlos en un concepto vacío de contenido cuyo alcance depende de la voluntad arbitraria del poder. La izquierda por convicción y la derecha por desidia han creado un marco institucional en el que la propiedad privada es algo precario.

De manera incomprensible, la propiedad privada no se considera un derecho fundamental en la Constitución Española

En España hay alrededor de 120.000 viviendas 'okupadas'. Sus dueños no son grandes compañías o fondos tenedores de inmuebles. El 85% de  ellos son particulares, en su mayoría mujeres,  que han decidido invertir sus ahorros en activos de esa naturaleza y todos se encuadran dentro de las clases medias de este país.

Pero no sólo ocurre eso, sino que una parte sustancial de los pisos 'okupados' son la vivienda habitual de quienes sufren esa actividad delictiva. Ambos, con suerte, o bien pagan a los 'okupas' una cantidad (impuesto revolucionario) para desalojar sus inmuebles o bien se enfrentan a un proceso judicial cuya duración aproximada es de un año y medio. Esto es inaceptable.

Si bien la legislación vigente abre un incompresible margen de interpretación a los jueces, el hecho es que la mayoría de éstos privilegian factores exógenos al fundamental cuando abordan el tema de la 'okupación': nadie tiene derecho a apropiarse de la propiedad de otro.

Basta considerar a un colectivo "vulnerable" para legitimar su apropiación de lo que no es suyo y obtener el beneplácito de los tribunales. Aunque parezca exagerado, se está ante una situación similar a la existente en las viejas economías de planificación central. Esto es, considerar legal y legítima la incautación de pisos y casas por parte del pueblo necesitado.

Basta considerar a un colectivo 'vulnerable' para legitimar su apropiación de lo que no es suyo y obtener el beneplácito de los tribunales

La aceptación del criterio en virtud del cual la "necesidad" legitima cualquier acción individual crea un gravísimo precedente. Bastará que cualquier persona alegue encontrarse en ese estado para perpetrar cualquier acción que viole los derechos de los demás.

Los colectivos "vulnerables", ante cualquier circunstancia se sentirían legitimados para aprovisionarse por la fuerza de alimentos, de combustibles o de cualquier otro bien. ¿Por qué no? Quizá alguien considere esta posición extrema pero es la consecuencia lógica del razonamiento que sostiene la 'okupación' y considera la propiedad privada algo irrelevante o, mejor, despreciable. Que yo carezca de acceso a algo no me concede autoridad alguna para arrebatárselo a los demás.

Para esta izquierda decimonónica y reaccionaria, la propiedad es un robo. Es el resultado de las relaciones de explotación intrínsecas a una economía capitalista. Esta siempre fue la filosofía de los comunistas y, por desgracia, se ha convertido en la del moderno PSOE cuyo discurso es absolutamente podemita.

El socialismo español ha retrocedido al pasado de la vulgata marxista y lo peor es que ese giro es sólo el producto de su ausencia de discurso, de su vaciamiento intelectual. Su programa es de hecho el de Unidas Podemos, basado en el antiguo lema de Mitterrand de "romper con el capitalismo". En este contexto, la propiedad privada es pecado. Esta es la realidad, desgraciada, en la que se encuentra España.

La casa de un hombre es su castillo dice un intolerable proverbio machista. Si el Gobierno no protege a quien posee una vivienda de manera legítima, incumple una de sus funciones básicas, el contrato social se erosiona y los individuos recuperan la potestad lockiana de defender lo suyo frente al agresor.

Cuando un Estado protege a quienes vulneran los derechos de los demás, deja de ser una forma civilizada de organizar el orden social para convertirse en el tolerante jefe de una banda de expoliadores. Es así aunque la liturgia y el discurso buenista en esta España de 2022 se haya convertido en una patente de corso cuyo único objetivo o resultado es la erosión, la vulneración y la destrucción de la base de la libertad individual que es la propiedad privada.

Es grotesco y cabe añadir miles de calificativos para considerar punible e inmoral la 'okupación' que, por añadidura, se ha transformado en un lucrativo negocio para los delincuentes, en una moderna mafia para extraer recursos a los ciudadanos que de buena fe todavía creen que España es un Estado de Derecho que protege los derechos de los individuos, incluido el de propiedad.

Desde esta óptica, la iniciativa del PP va en la buena dirección y merece el apoyo de todos los grupos parlamentarios para los cuales los derechos de propiedad son un fundamento básico para la libertad y la prosperidad de esta vieja piel de toro.  

Si yo tengo hambre, no tengo derecho alguno a quitar su alimento a otro; si yo no tengo casa, no lo tengo a 'okupar' contra su voluntad la de un tercero etc. Éstos son los cimientos de una sociedad pacífica, libre y ordenada y no tenerlo en cuenta constituye un error garrafal o buscar un modelo de sociedad que es algo muy diferente al de las sociedades abiertas.