Ambas declaraciones reflejan el mundo de fantasía en el que vive la izquierda patria a la par, aunque ya es ocioso insistir en ello, que un desconocimiento absoluto de como funciona una economía.

La inflación hace más pobres a todos los españoles y esa realidad no puede ni eludirse ni camuflarse. Si la político y el sindicalista quieren combatirla, lo primero que deberían hacer es irse en peregrinación a Frankfurt y exigir a Madame Inflación, es decir, a la Sra. Lagarde que endurezca más y cuanto antes la política monetaria del BCE.

Esta es la única forma de contener y revertir el crecimiento del nivel general de precios. Sin embargo, los dos se han lamentado de la modesta subida de tipos de interés realizada por el instituto emisor europeo y Doña Yolanda llegó a sostener que esa medida ponía en riesgo todos los avances realizados hasta la fecha. Nadie ha podido saber en qué consisten dichos avances.

El incremento del SMI tendrá, como los anteriores, un impacto negativo sobre el empleo con menor experiencia y cualificación

El incremento del SMI tendrá, como los anteriores, un impacto negativo sobre el empleo con menor experiencia y cualificación. El Gobierno ha ignorado de manera constante ese hecho a pesar de la evidencia de los dañinos efectos provocados por aquel. El Banco de España, la Comisión Europea, la Airef, el BBVA…ya señalaron la destrucción de puestos de trabajo generada por la primera elevación del SMI en 2019.

No existe estudio disponible alguno sobre el mercado laboral español que haya rebatido esa desagradable conclusión. Pero a la coalición Frankenstein le da igual. Es inmune a cualquier criterio de racionalidad económica. Ya se sabe, las matemáticas son reaccionarias.

A esta disparatada política se suma ahora la propuesta sindical de ajustar los salarios a la evolución del IPC que es un disparate adicional. De entrada es letal hacer eso siempre pero sus nocivas consecuencias se acentúan en una economía enfrentada a un shock de oferta cuya traducción es un aumento brutal de los costes empresariales.

Un alza salarial ligado en su totalidad o en parte a la inflación se traducirá en un incremento adicional de los costes laborales de las compañías

Además, esa iniciativa es suicida cuando la productividad del factor trabajo crece un 1,3 por 100 en términos interanuales tras haberse contraído en 2020 y 2021 mientras los salarios crecen al 2,8 por 100, lo que resulta inaceptable para los sindicatos. Por último, es insensata con la tasa de paro existente en España y con un ritmo de creación de empleo que comienza a mostrar claros signos de desacaceleración a la vista de la última EPA.

Ante este panorama, un alza salarial ligado en su totalidad o en parte a la inflación se traducirá en un incremento adicional de los costes laborales de las compañías -remuneración del trabajo y cotizaciones sociales-, lo que sí o sí se traducirá en una reducción de la contratación y en una elevación del desempleo.

Con la subida de los costes energéticos derivada de la guerra ruso-ucraniana, con unas empresas, en especial las pymes, cuya rentabilidad es aún un 25,6 por 100 inferior a la previa al COVID y con unas expectativas empresariales sobre la marcha de la economía este año y el próximo bajo mínimos, un alza de los salarios ajustado al IPC tendría unos efectos demoledores sobre el empleo. Esto es indiscutible.

Las empresas habrán de ajustar plantillas, salvo que se declare ilegal el despido, cosa que ya no sorprendería a nadie o, de lo contrario, muchas de ellas no podrán sobrevivir. Cualquiera de esos dos escenarios conduce de manera inexorable a más paro y a una caída de la demanda de mano de obra.

Esta dinámica se agrava en un contexto de primacía de los convenios sectoriales y territoriales sobre los de empresa y con las enormes trabas puestas a las empresas por la contrarreforma laboral para descolgarse de las condiciones pactadas en los convenios de ámbito superior.

Siempre se podrá alterar la realidad sustituyendo los despidos por ERTE, instrumento convertido en una verdadera máquina de camuflaje.

A nadie con un mínimo sentido común se le ocurre restar flexibilidad al mercado de trabajo en una situación de crisis y, menos, si se trata de un shock de oferta. Eso sí, siempre se podrá alterar la realidad sustituyendo los despidos por ERTE, instrumento convertido en una verdadera máquina de camuflaje.

Lo lamentable, si bien ya nada sorprende de este Gobierno y de estos sindicatos, es su constante prédica de que sus propuestas sólo tienen por objetivo proteger a esa cosa que denominan “clase media trabajadora” cuando todas producen el efecto contrario: empobrecer a los ciudadanos.

Como es difícil creer que estas ocurrencias, a estas alturas son producto de la ignorancia, el recurso a ellas ni siquiera cabe ser atribuido a las anteojeras ideológicas. Sólo puede derivarse de considerar idiotas, permítase la licencia, a todos o a la mayor parte de los habitantes de este país. Este Gabinete y sus aliados tienen una imaginación destructiva infinita y un denodado empeño en llevarla a la práctica. En su fuga hacia adelante, todo es posible.