España tiene un problema muy serio porque sus cuentas públicas no cuadran. Todos los organismos coinciden en que hace falta recortar gasto público -y gasto político-. Además, con un déficit del 6,8% y una deuda pública del 117%, aunque la recaudación esté registrando máximos históricos, hay problemas tributarios que llevan años atascados y urge resolver.
Por un lado, están tanto el problema de la economía sumergida, como el de la ineficiencia en el gasto público. Dos cosas incómodas para el Gobierno porque afectan a su discurso y a sus votantes.
Por otro, la pérdida de ingresos que ha sufrido el Estado en el Impuesto de Sociedades, que 14 años después sigue muy lejos de los niveles de 2008 y no es, precisamente, porque los tipos sean bajos.
De hecho, entre las conclusiones de los expertos para la reforma fiscal que eligió María Jesús Montero se desaconsejó subir más el Impuesto de Sociedades en España. Y ese comité no era, precisamente, sospechoso de formar parte de lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, define como elites económicas que quieren desalojarle de La Moncloa.
Aún así, los datos son llamativos. La recaudación por Sociedades alcanzó en 2008 los 45.000 millones de euros. El pasado año se quedó en poco más de 26.600 millones de euros.
Hace falta una reforma de este impuesto, pero ni la crispación política, ni los socios de Sánchez en el Gobierno y en el Congreso permiten ahora abordar esos cambios con seriedad.
A esto se añade que Bruselas está apretando ya con la 'conciencia' fiscal -paso previo a la vuelta de la 'consolidación' fiscal- y que el BCE tiene sobre la mesa poner condicionalidad a España a cambio de sostener su prima de riesgo.
Esto significa recortar gasto público o recaudar más. El presidente dejó claro la pasada semana su giro a la izquierda y su intención de seguir haciendo gala de medidas que permitan sostener el discurso del 'escudo social' en el peor momento para el poder adquisitivo de los españoles en los últimos 37 años.
Así que su agenda pasa por recaudar más y hacerlo con las empresas, en un momento en el que los datos que tiene Nadia Calviño muestran cómo la recuperación de las empresas es muy desigual. Hay sectores que se han recuperado por completo y otros que se han quedado atrás. Además, los datos del INE muestran que la actividad empresarial no ha recuperado la actividad previa a la pandemia.
Esto complica, aún más, el diseño de cualquier cambio a los impuestos que afectan a la tributación empresarial. Y explica, desde el punto de vista técnico, la estrategia de Pedro Sánchez de dar una patada al balón con subidas de impuestos -que hasta el Financial Times ha calificado de "populistas"- que señalan a sectores concretos.
El presidente hace un flaco favor al país con las formas empleadas. El desplome bursátil en cuatro horas que sufrió la banca española por el modo en el que se anunció este nuevo impuesto no es el mejor reclamo para la inversión internacional.
Sánchez está inmerso en una huida hacia adelante y en la CEOE ya conocen bien a este Gobierno. De ahí que ya hace algunas semanas, Antonio Garamendi anunciara ante los suyos que el impuesto a las energéticas era el inicio de una persecución fiscal.
Sin embargo, la banca no se dio por enterada del aviso de la patronal. Prueba de ello es que la presidenta de la AEB, Alicia Kindelán, recién nombrada en el cargo, andaba trabajando estos meses en asuntos relacionados con la inclusión financiera y el acceso a la banca de los mayores. El nuevo impuesto de Sánchez ha cogido al sector con el pie cambiado.
Será interesante ver si en septiembre alguna empresa del Ibex 35 acompaña al presidente del Gobierno en su próxima apertura de curso. No hay que perder de vista que, pese a estos desencuentros, todavía hay fondos europeos por repartir a través de los PERTE en los que tiene que participar la gran empresa.
En el mundo de la empresa se espera con cada vez más impaciencia que esta legislatura termine y se confía en que Alberto Núñez Feijóo no resbale de aquí a las próximas elecciones y consiga gobernar.
Su hombre al frente de la Economía, Juan Bravo, ha demostrado ya capacidad al frente de la Consejería de Hacienda de Andalucía para llevar las cuentas. Y a diferencia de lo que ocurre ahora con María Jesús Montero, en su discurso sí figura la "eficiencia del gasto público" como un pilar.
Para Bravo, hasta apagar la luz de un edificio público forma parte del ahorro que los gestores políticos tienen que hacer para evitar generar gasto innecesario al contribuyente. El problema es que si llegan al poder a partir de 2023, va a hacer falta algo más que un bisturí para empezar a recortar gasto con la izquierda en la oposición. Y que nadie descarte nuevas subidas de impuestos.
Dicen que la historia siempre se repite. En España, así está el juego político. Y en Italia, la prima de riesgo llegó a coquetear con los 230 puntos el pasado viernes. Un retrato de 2010 y 2011.
ATENTOS A...
La previsión de Funcas ya es que la inflación media anual alcance el 8,9% en 2022. Es un dato más pesimista que el de otros organismos, como AIReF, pero que pone de manifiesto cómo la velocidad de los acontecimientos está superando a los economistas y al Ejecutivo.
La tasa de inflación subyacente estará el resto del año rondando el 6% y con esos niveles, cuando llegue el momento de subir las pensiones con el IPC, hasta utilizar este indicador sería insuficiente para abordar una subida sostenible.