Para los que echan la culpa a la energía, el IPC subyacente -que excluye el efecto de energía y alimentos- se ha disparado seis décimas al 5,5%, el más alto desde 1993.

Estos datos son particularmente malos por varios factores.

Primero, porque incorporan 15 días estimados con el subterfugio del "tope de gas" que el Gobierno vendió como panacea para bajar la inflación.

Segundo, porque ya muestran el efecto de segunda derivada. Las empresas, que han hecho todo lo posible por no subir los precios y trasladar la subida de costes, ya no pueden más. Tras un aumento de costes de casi 45%, el alza de precios al consumo es inevitable, y ya alcanza a la hostelería y otros sectores que tradicionalmente contienen el IPC.

Tercero, porque muestra que el Gobierno no tiene ningún interés en trabajar en reducir la presión inflacionista ya que todas las medidas que anuncia suponen más gasto y deuda, es decir, consumir más unidades de nueva moneda creada. Además, porque sigue intentando que el BCE ralentice la normalización de la política monetaria.

España se empobrece a pasos agigantados

España se empobrece a pasos agigantados y lo hace de cara a una ralentización económica muy relevante, lo que eleva el riesgo de estanflación. El propio INE muestra que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó al 27,8%, desde el 27,0% de 2020”. El 8,3% de la población se encuentra en "situación de carencia material y social severa".

España, además, se sitúa entre los países con un mayor índice de miseria (índice de Okun, paro e inflación), con el nivel de paro más alto de nuestras economías comparables y una inflación disparada, lo que sitúa el índice de Okun a niveles solo superados por países como Lituania, Sudáfrica, Turquía, Brasil o Argentina.

Estos datos de IPC muestran que la batería de medidas anunciadas por el Gobierno en abril no funciona y además que su medida estrella, el ridículo concepto del "tope" de gas, no baja la inflación. Es peor todavía, ese tope de gas va a hacer que todos paguemos más por la factura de la luz total al incluir la compensación a las gasistas y el descuento a Francia en el término fijo, que no aparece en el IPC. Es decir, la inflación que sufrimos cada uno de nosotros contando la factura de la luz completa es mayor a la oficial.

Si tenemos en cuenta un salario medio de 21.000 euros, la pérdida de poder adquisitivo por la inflación supone más de 2.100 euros anuales.

Todo este despropósito vuelve a demostrar que la mejor medida social es no implementar políticas inflacionistas. Hay que diversificar fuentes de suministro en energía, no limitarlas, y dejar de disparar el gasto público financiado con deuda y nueva moneda creada. Uno o dos precios pueden subir por cuestiones exógenas o una crisis, pero no todos si no aumenta la cantidad de moneda. La inflación subyacente se dispara porque hay mucha más cantidad de moneda emitida que su demanda.

Imprimir dinero no es una política social, es antisocial. Nos está empobreciendo a todos.