La pasada semana, la ministra de Hacienda afirmó que el Gobierno estudia subir los impuestos a las empresas del sector ya sea vía el Impuesto de Sociedades o creando uno nuevo específico. Finalmente, la decisión fue confirmada por el propio presidente este fin de semana tras anunciar un nuevo impuesto que gravará los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas y que no solo afectará a las eléctricas, sino también a petroleras y gasistas. María Jesús Montero cuantificó el impacto potencial de los impuestos sobre las empresas de servicios públicos en alrededor de 1.500-2.000 millones de euros.

Esta medida no será la única, pues se producirá una bajada del IVA de la electricidad del 10% al 5% y se mantiene la suspensión del Impuesto de Generación y la reducción del tributo especial hasta el mínimo permitido por la Comisión Europea: 0,5%, frente al 5,1% habitual.

Lo que es evidente es que el caos en materia energética sigue en aumento, desnudando una falta total y absoluta de planificación que pone de manifiesto que la situación está muy lejos de arreglarse a golpe legislativo.

De entrada, hay que pensar en la validez legal de estas medidas, sobre todo por la retroactividad, así como su efectividad. Sin ir más lejos, la introducción de un tope al precio del gas natural para generación eléctrica, que entró en vigor hace justo dos semanas, está dando menos resultado del esperado pues en su primera semana de aplicación la rebaja en el precio de la luz en el mercado regulado rondó el 11%, frente al 15%-20% de ajuste esperado por el Gobierno.

La medida no atiende al origen ni a la causa del problema y, de nuevo, siempre hay formas de repercutir esas medidas al cliente, es decir, al ciudadano

Lo que está claro es que la política de imposición y el estrangulamiento operativo que sufre el sector en forma de intervencionismo plantean un conflicto con el regulador con el que nadie sale ganando.

Luego están las previsiones recaudatorias del Estado, ya que desde el sector se apunta a que, en el mejor de los casos, estaríamos hablando de la mitad de esos 2.000 millones. No parece una cifra significativa cuando el déficit presupuestario roza el 7% del PIB, pero sí relevante comparado con el esfuerzo presupuestario de estas y otras medidas equivalentes a 15.000 millones de euros invertidos en medidas extraordinarias.

Elevar el Impuesto de Sociedades hace que se pague por la generación, la transmisión y la comercialización, por lo que la medida no atiende al origen ni a la causa del problema y, de nuevo, siempre hay formas de repercutir esas medidas al cliente, es decir, al ciudadano.

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Finalmente, impuestos más altos y una mayor presión regulatoria sobre las eléctricas pueden volverse contra el regulador, ya que las compañías sintiéndose menos comprometidas con sus clientes se pueden sentir legitimadas para priorizar la defensa de su ya tocada rentabilidad. No olvidemos que, en última instancia, quien invierte en el sistema, especialmente en renovables, son las propias compañías, por lo que una cierta dosis de paz “energética” es más que recomendable. El enemigo no puede estar siempre en casa.

Lo que es indudable es que estas medidas tienen un calado más electoralista que práctico que vienen después de un varapalo electoral. España ha sido un caldo de cultivo histórico que demuestra que elevar la presión recaudatoria genera pocos beneficios sociales. El mercado tiene un problema de diseño que, incluso en este contexto, desmiente la imagen que se transmite del sector por el propio Gobierno de que sus beneficios crecen a costa del ciudadano y que eso justifica que se paguen más impuestos.