En este contexto, un pacto de rentas plural y equilibrado es muy necesario. Solo así se podrá evitar la espiral de la inflación y al tiempo compartir la escalada de costes importados –derivados en buena medida derivada del conflicto bélico en Ucrania- entre empresas y hogares, de modo que no pese desmesuradamente en los sectores más desfavorecidos. Un pacto que reparta de forma equilibrada las consecuencias económicas de la actual crisis energética.

Con las recesiones, las desigualdades aumentan, especialmente tras la crisis financiera de 2008. Aún contamos en España con más de 576.000 hogares sin ningún ingreso. Desde 2008 hasta 2019, el salario hora real se ha reducido un 6,2%, según el índice de precios del trabajo que elabora el INE.

La pandemia también ha pasado factura: entre 2020 y 2021, los salarios medios de los empleados de las empresas cotizadas se redujeron un 1,28% pasando de 53.771 euros a 53.085 euros anuales (con datos de la CNMV). Mientras las remuneraciones medias de los altos directivos de esas empresas aumentaron un 2,29% hasta los 400.933 euros anuales y las de los consejeros lo hicieron un 11,57% para situarse en los 654.689 euros anuales de media.

Al mismo tiempo, las empresas, fundamentalmente las grandes, nos informan sobre sus beneficios y reparto de dividendos en 2021, que están aumentando.

Aún contamos en España con más de 576.000 hogares sin ningún ingreso

No es el momento de devaluaciones salariales ni de recortes en nuestro Estado del bienestar. Primero porque las desigualdades además de injustas socialmente, son ineficientes desde el punto de vista económico al afectar al consumo y a la demanda interna.

Las políticas públicas facilitan transferencias de rentas que ayudan a la redistribución de la riqueza. Ya sea a través de políticas educativas, de familia y sanitarias; o mediante prestaciones sociales, como las del desempleo, las pensiones o las relativas al ingreso mínimo vital, que permiten dignificar las condiciones de vida de las personas más vulnerables, en ocasiones excluidas del mercado laboral. Con la actual crisis energética y de inflación son más precisas que nunca.

Segundo, porque las grandes empresas se encuentran en situación de poder hacer frente a un mayor esfuerzo en el necesario pacto de rentas, ajustando sus márgenes de beneficios para compartir con los trabajadores los costes importados.

Tras la crisis financiera de 2008, la deuda consolidada de las empresas españolas no financieras se ha reducido sustancialmente hasta el 79,8% del PIB en 2021. También se encuentran en buenas condiciones de capacidad de financiación, por el ahorro que han acumulado tras la pandemia.

Tampoco es el momento de disminuir los ingresos fiscales. Sí de equilibrar el esfuerzo fiscal, con contribuciones de las grandes empresas de al menos el 15% sobre sus beneficios, en consonancia con lo recomendado por el G-20 y la OCDE.

Ante una deuda pública actual del 117,7 % del PIB y un déficit público del 6,9% del PIB, para no poner en riesgo nuestra capacidad de financiación futura en los mercados es importante una agenda creíble de reducción de los desequilibrios presupuestarios a medio plazo. Recientemente hemos podido contrastar cómo valoran los mercados la retirada de estímulos monetarios, con aumentos de nuestra prima de riesgo hasta los 140 puntos. Una amenaza que no se ha disipado.

De ahí la importancia de nuevas herramientas que actúen contra la fragmentación de los mercados de deuda en la UE –algo que, junto con el pacto de rentas, sería de gran ayuda.

Abandonar la política de tipos de interés bajos de los últimos años por el BCE para frenar la inflación, tiene impacto en la estabilidad financiera

Abandonar la política de tipos de interés bajos de los últimos años por el BCE para frenar la inflación, tiene impacto en la estabilidad financiera, afectando además al déficit público y mermando el crecimiento y la creación de empleo. Por ello se debe sopesar si fuertes subidas de tipos de interés son la mejor receta contra la inflación, cuando en la UE el origen de ésta es energético, perturbación de oferta por excelencia, a diferencia de EEUU donde el exceso de demanda es patente.

La inflación se reducirá con una moderación paulatina de los precios del gas, del petróleo y del resto de las materias primas.

La política monetaria implementada por el BCE no es suficiente y la eurozona debe paliar sus carencias en materia fiscal. En una Unión Monetaria, no tiene sentido que los países altamente endeudados de la periferia tengan dificultades de acceso a los mercados que les exigen tipos de interés desmesurados. La mutualización de las deudas soberanas es crucial para la estabilidad de euro: creando una Agencia Europea de la Deuda, bajo el control del parlamento europeo, podrían introducirse eurobonos.

Las reticencias de los 'halcones' pueden neutralizarse con un control europeo de las políticas fiscales nacionales.

Se trata de un proyecto ambicioso, pero sólo una unión política, y por lo tanto también fiscal, puede legitimar la interdependencia que ya existe entre los Estados miembros del euro y la solidaridad que la Unión Monetaria requiere.

Ambicioso, pero posible. En 1789, el entonces Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Alexander Hamilton, propuso un sistema de Gobierno federal fuerte que asumiera las deudas contraídas por el Estado en la revolución y garantizara unos ingresos futuros constantes, con una mayor integración de la política fiscal pero conservando un grado considerable de soberanía local en los asuntos no federales.

Ese fue el primer paso del proceso para hacer de Estados Unidos una potencia continental y mundial. Ahora es el momento de un gobierno económico europeo supranacional que fortalezca el euro y convierta al continente en referente de desarrollo económico y social.

*** Mónica Melle Hernández es consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Profesora de Economía de la UCM.